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Cualquier ciudadano tiene derecho a fotografiar y grabar a funcionarios públicos mientras cometen un abuso de autoridad, y este derecho está respaldado por la Constitución, aseguró el doctor Gilberto Santa Rita, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

Santa Rita explicó que no existe diferencia entre los ciudadanos y los profesionistas de los medios de comunicación al momento de documentar situaciones de abuso de autoridad; y explicó cuales son los mecanismos que puede utilizar un ciudadano para hacer valer su derecho a la información, salvaguardado por la Constitución.

El especialista en derecho penal y procesal hizo referencia a la recomendación 11/2014, emitida la semana pasada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relacionada con violaciones a derechos humanos de personas y profesionales de los medios de comunicación que ejercen su derecho a la información mediante acciones de documentación ciudadana.

De acuerdo con Santa Rita, dicha resolución no establece una diferencia entre los periodistas y los ciudadanos, pues, recordó, “el derecho humano es para todos, tanto si se ejerce o no como periodista. Las personas están amparadas por los artículos 6 y 7 constitucionales para grabar con absoluta libertad a los funcionarios que lleven a cabo una acción que se presuma delictiva o violatoria de los derechos de otras personas”.

De igual modo, aclaró: “Si la grabación no acredita necesariamente un hecho antijurídico imputable al funcionario, no hay ninguna consecuencia para el ciudadano”.

Sobre este punto, precisó: “En caso de que el ciudadano se tope con una situación en la que considera que se están violando los derechos humanos de alguien más, y en realidad se trata de una detención bien hecha por un juez competente, las autoridades no se pueden ir contra el ciudadano que documentó la acción, pues no hay agravio contra el policía”.

Con respecto a las medidas que puede tomar un ciudadano que ha sido detenido de manera arbitraria por la policía, de modo que se le restituyan de manera adecuada sus derechos, recordó que las personas pueden solicitar un juicio de amparo, al cual consideró la forma de defensa de derechos humanos más efectiva para nuestro sistema.

O bien, tienen la posibilidad de acudir a la comisión local de derechos humanos, o ejercer una denuncia penal contra los funcionarios que han cometido el abuso.

Sin embargo, advirtió al respecto: “El ciudadano contaría con un arsenal de derechos con los que se puede defender. El problema es que la máxima expresión de la violación a los derechos humanos del detenido es la desaparición forzada. En este caso, obviamente, es poco probable que la persona pueda emplear estos métodos de defensa”.

Por otro lado, el jurista recordó que los policías que han sido grabados o fotografiados mientras cometen abusos o agresiones suelen imputar el delito de “ultraje” a los ciudadanos con cámaras.

Sobre este punto, declaró: “Hay que señalar que el ultraje a la autoridad es un delito local que consiste, en términos generales, en faltarle el respeto a la autoridad. Hacen una interpretación extensiva del delito, lo cual es ilegal, porque viola el principio de legalidad constitucional, y llevan detenidas a las personas”.

Clarificó que el ultraje sólo procede, por ejemplo, cuando la persona insulta a las autoridades, pero no puede aducirse en caso de documentar una acción ejercida por las autoridades.