Tres personas fueron asesinadas en Samacoch, el 14 de agosto de 2014. Esta no fue una explosión de violencia fortuita, sino apenas el último capítulo de un historial de conflictos en torno al proyecto hidroeléctrico Santa Rita, el recurrente problema de propiedad de la tierra y la ausencia del Estado. Este es el recorrido por el reguero de pólvora que explotó hace dos meses por un desalojo. Los vecinos señalan a la Policía como la causante de las muertes, pero hasta ahora el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación guardan silencio.

Foto: James Rodríguez.

Bill Barreto | Plaza Pública

@PlazaPublicaGT

 14 de agosto de 2014, un día antes de la Fiesta de la Asunción de la Virgen, un día feriado en la capital de Guatemala, 608 policías de 12 departamentos fueron reunidos para ejecutar dos órdenes de desalojo en Alta Verapaz. Dos órdenes promovidas por dos propietarios, una por la Hidroeléctrica Santa Rita, S.A. y otra por David Leonel Ponce Ramírez;  ambas dirigidas contra un grupo de pobladores a unos 12 kilómetros de la carretera asfaltada, agrupados en un asentamiento llamado Nueve de Febrero. Más que una comunidad, un grupo de chozas dispersas en laderas sembradas con maíz y cercadas por bosque.

Un evento esperado desde hace meses, un hecho que algunos miembros de la comunidad  y observadores locales venían prediciendo de hace años. Como una olla de presión dejada a fuego lento. Olvidada.

El objetivo de la Policía era desalojar a una docena de familias que habían ocupado tierras de la empresa hidroeléctrica y de la familia Ponce desde febrero de 2013. Con una orden de juez, 608 agentes, transportados en 67 patrullas,  con equipo antimotines: escudos, bastones y  lanzadores de bombas lacrimógenas. Los policías no portaban armas de fuego, en su mayoría, según reportes de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos que acompañaban a los agentes.

Los números apabullan, pero la realidad del terreno es otra. Según los pobladores la comunidad la conforman no más de 120 familias y alrededor de 250 personas serían las que participaron de manera directa en el enfrentamiento.

La ruta que conduce a Nueve de Febrero es una angosta brecha por la que, en la mayor parte de su trayecto, apenas puede circular un vehículo en una dirección. Pendientes tupidas de árboles, con parches de milpa. Veinte días después de los hechos, aún hay troncos en la orilla del camino que fueron utilizados para cerrar el paso aquel 14 de agosto. Un difícil acceso y el escenario ideal para una emboscada.

Jueves, 14 de agosto. Monte Olivo

Además de los agentes, por la estrecha ruta debían pasar dos auxiliares fiscales del Ministerio Público, tres representantes de la PDH y Sandino Ponce, hijo del propietario de una porción de las tierras ocupadas de Leonel Ponce. En total la empresa Hidroeléctrica adquirió 254 hectáreas en la zona. Una  brecha en la que la ventaja numérica pronto representó poca cosa.

Mientras la caravana avanzaba, cada tanto aparecían y desaparecían algunos rostros entre el bosque. A eso de las 8:30 horas cerca de la comunidad de Monte Olivo, a unos 10 kilómetros de la carretera asfaltada y a menos de cinco kilómetros de Nueve de Febrero, los pobladores cerraron el paso,  allí hubo un intento diálogo.

Los informes de la PDH registran la presencia de entre 150 y 250 campesinos, unos 25 usaban capuchas. La primera exigencia de los pobladores, la cual aún se mantiene, es el esclarecimiento de los hechos de violencia que se remontan a 2013. Ataques armados, confrontaciones, cuatro muertes en tres sucesos distintos, donde las partes en conflicto: finqueros propietarios de las tierras, campesinos también propietarios de tierras en Monte Olivo, ocupantes de las fincas y la empresa Hidroeléctrica Santa Rita se señalan mutuamente.

El diálogo, en medio de la ruta, empezó con mal pie, el MP no contaba con un agente que hablará q´eqchi’. Se tuvo que usar a un policía como interprete. Mientras los señalamientos iban y venían, como la petición de liberación de detenidos —acusados de retenciones ilegales—   o la orden de los auxiliares del MP a los pobladores para que quitaran los troncos y despejaran el paso. Entonces, el enfrentamiento inició alrededor de las 10 de la mañana y duró 45 minutos.

Niños, mujeres y ancianos como primera línea de obstáculo en la ruta. Cantos evangélicos y el pronto disparo de bombas lacrimógenas por parte de la Policía hacia las colinas, y bombas pirotécnicas  de los campesinos a los agentes. Enfrentamientos directos entre pobladores y policías con bastones, palos, machetes. Disparos de los agentes — según campesinos que participaron en el conflicto —, disparos de los opositores con armas hechizas — según pobladores que apoyaban el desalojo y el proyecto hidroeléctrico —. La Policía Nacional Civil (PNC) no da declaraciones y argumenta que no se pronunciarán mientras la investigación siga en marcha.

Lo cierto es que en ese primer encuentro no se registraron heridos con armas de fuego, ni entre los pobladores ni entre los policías.

Los agentes fueron rodeados y estaban a punto de ser expulsados; para las 10:45 los más de 600 policías huían de Monte Olivo, las patrullas retrocedían con dificultad, la mayoría de los agentes corrían. Pronto se esparció el rumor de que el paso estaba cerrado. Árboles caídos, piedras en la carretera. Desde las laderas, los pobladores pedían la presencia de líderes de las comunidades vecinas que habían apoyado el proyecto hidroeléctrico, exigían a los policías que los entregaran. Denunciaban que había vecinos que apoyaban el proyecto con uniforme de la policía infiltrados para señalar a los líderes. El resultado del enfrentamiento fue cinco campesinos detenidos, entre ellos tres mujeres; y dos policías heridos con machetes y con golpes.

Entonces, el auxiliar de la oficina distrital del MP encargado del desalojo decidió que la situación era insostenible, había que retirarse. Los policías se replegaron, capturaron a quien quedaba a la mano y pese a su superioridad numérica fueron ellos los desalojados.

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Semanas después, en Monte Olivo y en Nueve de Febrero, la constante de los vecinos será recordar que ese día la policía no pudo entrar; que retrocedió. La mayoría evita dar su nombre, los que sí se identifican es porque contra ellos ya hay órdenes de captura. “Se han dicho muchas mentiras”, “hay mucha desinformación”, repiten.

Foto: James Rodríguez.

Eso expresarán también los dirigentes de las comunidades de Monte Olivo y San Isidro que no han vuelto a sus comunidades desde la firma del convenio de cooperación con la empresa hidroeléctrica, el 30 de julio, o desde los desalojos del 14 y 15 de agosto. “Hay muchas mentiras”, dirán todos. También lo dirá Sandino Ponce, el propietario de la tierra, en la cabecera, en un hotel de Cobán, dos semanas después de los hechos, un joven delgado de tez blanca, que asistió al desalojo en representación de su familia. “No sé cómo salimos, era increíble cómo corrían los policías y caían las bombas”, repetirá varias veces pasándose los dedos por el cabello.

“Aquí el paso no está cerrado, pasan los picops, pasa la gente”, afirmarán varios dirigentes en Monte Olivo por medio de un traductor q´eqchi’ al preguntarles sobre el acceso al lugar semanas después de estos hechos. Rótulos a la entrada de Monte Olivo, sin embargo advierten: “Toque de queda a las 6 de la tarde, Q500 de multa, paso permitido por emergencias médicas”. “No sabemos quiénes son ustedes, pueden pasar, pueden hablar con la gente. Sólo les pedimos que digan la verdad”, pedirá el dirigente del grupo, un hombre robusto, de bigote delgado y mirada de autoridad. Se sentará al centro de la galera de palma a la orilla del camino que da acceso a Monte Olivo, mientras explica las razones de la desconfianza, que no se esfuerza en disimular: algunos dirigentes han aceptado los proyectos hidroeléctricos, ellos se oponen. Dicen que ahora toda la comunidad se opone a la hidroeléctrica, pero al recorrer la ruta el guía local señalará entre los vecinos a quienes han trabajado para la empresa y los que no. Quienes están a favor y quienes están en contra. Así se dividen ahora algunas poblaciones en cuya vecindad hay un proyecto foráneo.

Viernes 15 de agosto, Monte Olivo

El viernes 15, ya era día de fiesta, el día de la Virgen de la Asunción; patrona de la capital, asueto para algunos, día de mercado para otros. Se convirtió en día convulso para el departamento de Alta Verapaz. Al menos ocho conflictos se registraron ese día: el bloqueo de la carretera en Cubilguitz, rumbo a Cobán; el segundo día del desalojo de Nueve de Febrero, en la finca Xalaha Canguinic, en las inmediaciones de Monte Olivo; el bloqueo de pobladores en una pista de aterrizaje del Ejército en Rubelsanto, Chisec; la retención de ocho policías en Raxruhá. Los bloqueos de las carreteras en Papalhá, La Tinta; en La tubería, Panzós; y en Sepur Limite, entre Panzós y El Estor; y, también, el enfrentamiento entre pobladores y policías en Samococh, Chisec. Se había corrido la voz del despliegue policiaco, las otras comunidades, muchas de ellas conectadas de manera ilegal al servicio eléctrico, se atrincheraron ante la incertidumbre, dicen algunos.

[quote_left]En Semococh el segundo día fueron, según reportes de la policía, 1,033 agentes los que participaron en el desalojo. Más de un millar de policías que recibieron instrucciones a las 4 de la madrugada en el campo de la feria de Cobán.[/quote_left]

En Semococh el segundo día fueron, según reportes de la policía, 1,033 agentes los que participaron en el desalojo. Más de un millar de policías que recibieron instrucciones a las 4 de la madrugada en el campo de la feria de Cobán. Estaban reunidos: personal del distrito central, nororiente, noroccidente, sur, Inspectoría General y la División de Fuerzas Especiales.

A las 10 de la mañana ingresaron hasta el sitio del enfrentamiento anterior. La misma brecha estrecha, bordeada por árboles y montes. La misma ruta por la que sólo hay vía para un vehículo. Pero este día nadie cerraba el paso.

Nadie esperaba en Monte Olivo; en ese momento era un poblado fantasma. Los agentes cruzaron la comunidad y llegaron hasta la desolada Nueve de Febrero, donde encontraron algunos ranchos dispersos que empezaron a desmontar. A menos de un kilómetro de este punto se encuentran los márgenes del río Dolores, el cual río arriba es conocido como Icbolay, el centro de la controversia del proyecto hidroeléctrico Santa Rita.

A alrededor de las 12 horas,  mientras tanto, llegan los primeros reportes a la delegación local de la PDH de capturas de presuntos dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) en Raxruhá. Rafael Chub y María del Carmen del Cid son transportados a la pista del destacamento militar de Rubelsanto y trasladados vía aérea a Cobán—. A las 13 horas se hace entrega oficial de los terrenos a los representantes de la empresa Santa Rita y de la familia Ponce.

En este momento los delegados de la PDH aún no lo saben, pero la situación está por desbordarlos.

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—Desconocíamos los hechos de Raxruhá, el mismo comisario de Cobán (Nery Efraín Hernández) no sabía de las capturas en Raxruhá. Éstas las dirigía la Fiscalía Metropolitana en total descoordinación con la policía local —refiere Carlos Alberto Guillermo Artola, auxiliar departamental de la PDH desde su oficina en Cobán.

—En ese momento todavía no sabíamos nada de lo que sucedía en Samococh —dice el funcionario de la PDH sin esperar a que se le pregunte—. Lo de Monte Olivo y Samococh son hechos distintos, pero que vienen de un mismo clima de conflictividad… no sólo es de este año. Son varios años.

Conflictos derivados de falta de acceso a la tierra y poblaciones crecientes que se han visto desplazadas por la expansión de monocultivos como la caña y la palma africana; proyectos hidroeléctricos en marcha o en estudio. Las poblaciones se organizan y se activan viejos conflictos sin resolver a los que se suman nuevos. La disputa es por el territorio, el resultado es un enfrentamiento entre distintas formas de concebir el desarrollo.

Una escalada de violencia

Los hechos del 14 y 15 de agosto no pueden entenderse en el vacío. Elementos tan dispares como un río de aguas regulares, un patrón de lluvias constantes, la cercanía de 15 kilómetros a la línea eléctrica de interconexión, la oportunidad de instalar una hidroeléctrica, algunas comunidades sin energía eléctrica y otras decididas a dejar de pagar cobros excesivos, eran pólvora acumulada.

Pocos podrían imaginar que hace cinco años, a principios de 2009, una comunidad podría dividirse tanto alrededor de un proyecto que, en teoría, brindaría los beneficios que el Estado no otorga a alrededor de las 7mil personas que viven en el área. En ese entonces la organización no gubernamental Centro para el Desarrollo Rural (Ceder) fue contratada por la naciente empresa Hidroeléctrica Santa Rita, para hacer los primeros acercamientos con las comunidades vecinas a la finca Xalahá Canguinic, de la cual esta empresa había comprado una parte.

Foto: James Rodríguez.

Con un presupuesto de US$200 mil (Q560 mil) al año para proyectos que iban desde la entrega de tinacos, contenedores de agua para las viviendas, hasta la remodelación de escuelas o regalar útiles escolares, Ceder inició su trato con los vecinos del área. Según su directora, Claudia Villagrán, desde el principio la oenegé informó de su intención de promocionar la hidroeléctrica.  Cinco años después, las dudas sobre la aceptación o rechazo del proyecto hidroeléctrico persisten, algunos dirigentes comunitarios confirman su adhesión desde un principio al proyecto, otros los llaman vendidos y les advierten que no podrán regresar a sus casas tras apoyar a la empresa.

El punto de inflexión en el rechazo a la hidroeléctrica se dio entre 2010 y 2011. A partir de 2010 empezó a crecer el descontento en algunos sectores de la población que reclamaban una consulta comunitaria. No hay registro de que ésta se realizara, el Sistema Nacional de Diálogo, la oficina del Gobierno responsable de mediar en situaciones de conflicto, tampoco tenía conocimiento de  una crisis en marcha.

En 2011 con la campaña electoral creció el rumor de que la hidroeléctrica era un proyecto del alcalde de Cobán, Leonel Chacón Barrios. Se habla de que se desviará el río, que se perderá el agua. La resistencia crece en 2012 cuando inician los primeros trabajos en el río Icbolay, la instalación de un campamento y la maquinaria genera rechazo en la población. En febrero de ese año el campamento recién instalado es desalojado por algunos pobladores y al menos cuatro máquinas, entre palas mecánicas y excavadoras aún aguardan oxidándose en el lugar.

Es entonces cuando se presentan las primeras denuncias penales contra comunitarios, el 22 de febrero fue instalado un destacamento militar a petición del gobernador Ronald Sierra. El destacamento es retirado dos semanas después luego de ser ocupado por pobladores.

A partir de ese punto las relaciones entre la misma comunidad se deterioran. Los que siguen colaborando con la empresa son vistos como adversarios. Para la oficina de la PDH local en este enfrentamiento hay tres grupos: los opositores a la hidroeléctrica, quienes no dudan en tomar acciones de hecho para hacer valer su posición; los que apoyan el proyecto y han suscrito acuerdos de cooperación, y un tercer grupo que trata de mantenerse al margen, pero que se ve arrastrado por el conflicto.

Se producen retenciones de trabajadores de Ceder en febrero de ese año y se suman las denuncias ante el MP por el desalojo del campamento de la empresa, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, emite ordenes de captura contra los líderes Esteban Caal, José María Guitz, Angel Tot, Mario Ja y Alfredo Tiul, acusados de plagio, secuestro, detención ilegal y robo agravado, las cuales no se han concretado. Pobladores denuncian intentos de detenciones ilegales contra otro de sus dirigentes, David Chen, pero estas tampoco se producen. Durante 2012 las tensiones crecen, pero la empresa tiene una nueva estrategia. En 2013 inician los trabajos de ampliación de la ruta de acceso, se contrata personal local para colaborar en la tarea. Las divisiones se acrecientan. En febrero de ese año se asienta la población de Nueve de Febrero, nombrada así en recuerdo del primer de desalojo de la empresa el año anterior.

El 27 de marzo de 2013, el miércoles de Semana Santa, un grupo de alrededor de 40 familias dejan Monte Olivo y se trasladan a Cobán, presentan denuncias ante la oficina de la PDH por supuestas intimidaciones de los opositores a la hidroeléctrica. Testimonios de dos familias dan cuenta de su paso por el Centro San Benito, un centro comunitario de la Parroquia de San Marcos. Dicen haber sido amenazados por su apoyo a la empresa hidroeléctrica.

En julio de ese año un grupo de personas sin identificar incendia maquinaria en el nuevo campamento de la hidroeléctrica. La mecha se vuelve a prender.

Las acusaciones se suceden: organizaciones comunitarias locales señalan a un grupo de trabajadores descontentos que habrían sido despedidos; representantes que han apoyado a la empresa acusan a sus vecinos de recibir asesoría de grupos foráneos y realizar un sabotaje. El líder más visible de los opositores, David Chen, denuncia intentos de secuestro entre el 14 y 23 de agosto.

Es entonces cuando las tensiones alcanzan otro nivel, por un hecho del que se tiene dos versiones opuestas en esta trama, pero la misma conclusión: mueren dos niños y un adulto.

En la primera versión, la de los opositores a la hidroeléctrica, Guillermo Pacay Bol, un jornalero que había trabajado para la empresa, busca a Chen en su casa para asesinarlo y al no encontrarlo, en un forcejeo con el padre y el hermano de Chen, hace dos disparos que hieren de muerte a los niños David Estuardo Pacay Maas, de 12 años, y Ageo Isaac Maas Guitz, de 13 años.

En la segunda versión, Pacay regresaba de Cobán en estado de ebriedad luego de cobrar su salario. En su paso a pie por Monte Olivo es acosado por algunos niños, hijos de opositores al proyecto, le lanzan piedras con ondas. Saca su arma y cuando otros vecinos tratan de detenerlo, de manera accidental, dispara.

Lo cierto es que Pacay es retenido y por la noche muere linchado. La Policía y el Ejército, que tras los desalojos había suscrito un acuerdo con la comunidad en que se comprometían a no ingresar en la finca, se quedan al margen. Al día siguiente los restos de Pacay son trasladados hasta la carretera para ser recogidos por el MP.

Desde agosto de 2013, según la directora de Ceder, Claudia Villagrán, la oenegé deja el proyecto y un nuevo equipo se encarga de la mediación por parte de la compañía.

La violencia no se detiene allí, en otro incidente sin esclarecer, el 8 de noviembre de 2013, la casa de Carlos Isaías Guitz Pop es atacada con disparos y él es herido en la espina dorsal. Guitz queda en silla de ruedas. La oposición acusa a la familia Ponce, dueña de la finca, de estar detrás del ataque. Los Ponce niegan haber enfrentado a cualquiera de los ocupantes y aducen que han sido sus propiedades las saboteadas, que han disparado contra la casa patronal de la finca, su ganado y caballos.

Los conflictos no se detienen. Lesionados, heridos, enfrentamientos que se acumulan hasta el más grave, previo a la más reciente crisis: el 8 de abril de este año se reportan cinco heridos, todos de Nueve de Febrero. Dos por arma de fuego, entre ellos una mujer embarazada de tres meses. Luego de este hecho fallecería uno de los heridos, Víctor Juc Maas, de 25 años, originario de Monte Olivo.

[quote_box_left]Extracto del texto originalmente publicado en Plaza Pública. Click aquí para seguir leyendo.[/quote_box_left]