Foto: Ibero Puebla

Josué Cantorán

@josuedcv

Sí era policía auxiliar.

En junio de este año el diario de mayor venta en Puebla tituló una de sus notas así: “Sí era policía auxiliar”. El texto consignaba el desenlace de una historia que por tres días tuvo modesta atención mediática en las secciones policiacas de varios periódicos impresos y portales noticiosos.

En un primer acto, elementos de la Policía municipal detuvieron a un hombre de 41 años de edad que se trasladaba en una motocicleta portando una chamarra de la Policía auxiliar. Cuando éste se identificó como tal pero sus datos no fueron encontrados en la base de Plataforma México, dicha dependencia lo remitió al Ministerio Público como presunto responsable del delito de usurpación de funciones, no sin antes emitir un boletín con fotografía que varios medios reprodujeron.

Al día siguiente el rostro del “presunto responsable” apareció en los puestos de periódicos de toda la ciudad que exhiben la primera plana de las secciones policiacas para aumentar sus ventas.

Eso desencadenó una protesta en las instalaciones de la Policía auxiliar, pues sus elementos denunciaron que dicha corporación no había renovado sus credenciales y temían que una confusión los llevara al mismo destino que su compañero: una remisión por un delito no cometido y, peor aún, el escarnio social de verse en los periódicos como delincuentes.

Al final, dos días después de su detención, el Ministerio Público resolvió la confusión, determinó que no había pruebas para consignar al policía y lo liberó.

Usted disculpe, le habrán dicho entonces, “sí era policía auxiliar”.

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Para el periodista Marcos Lara Klahr, la cobertura que los medios de comunicación suelen hacer de los casos donde las personas están pasando por un proceso judicial deja de lado sus derechos a la personalidad y a la justicia, bajo el alegato de que el derecho a la información y la libertad de prensa no tienen límite alguno.

Sin embargo, este tipo de coberturas tienen algunos efectos sociales nocivos, como ejercer como tribunales paralelos y externos a los procesos judiciales legales, polarización social, normalización de la violencia, precarización de las culturas de la legalidad y de los derechos humanos y legitimación de los órdenes autoritarios.

Así lo expuso durante su participación en el panel “Medios de comunicación y acceso a la justicia: ¿libertad de expresión o represión” en el marco del XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita.

Al exponer portadas de revistas y periódicos donde ridiculizan los duelos que pasan las víctimas de la delincuencia o se exhibe a adolescentes que son miembros de los grupos de crimen organizado, Lara Klahr consideró que la cobertura que usualmente siguen los medios mexicanos pretende fungir como un proceso jurídico alterno en el que se filtran datos y se muestran los rostros y los nombres de las personas que no han sido siquiera sentenciadas, ignorando su derecho al honor y motivando juicios parciales en las audiencias.

Esto, dijo, se debe entre otros factores a que el ejercicio de los medios de comunicación no ha sido regulado por leyes y normativas que los obliguen a realizar coberturas con perspectiva de derechos humanos, pues ni al Estado le interesa modificar esta situación.

–Ahí hay una contradicción –dijo– que el Estado mexicano está siendo incapaz de resolver y que está violando, y que los periodistas y los medios estamos siendo funcionales a ese orden de cosas.

Añadió que la industria dedicada a la generación de noticias y contenidos informativos ha transitado de la cobertura de la nota roja en el siglo XIX a una “espectacularización de las tragedias humanas, personales y la criminalización de los conflictos de todo orden”.

A su parecer, los medios de comunicación masiva suelen contribuir de manera protagónica al fenómeno de la violencia simbólica, un concepto acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu que hace referencia a “la violencia indirecta que permite al dominador someter ideológicamente al dominado”.

Cuando se realizan coberturas que no respetan los derechos de las personas procesadas, cuando se producen linchamientos mediáticos de presuntos delincuentes o cuando se filtran datos que entorpecen el debido proceso al que tienen derecho las personas que enfrentan procesos penales, los medios violan las garantías de esos ciudadanos al pretender “dirimir la justicia en el espacio mediático y no en el espacio procesal”.

–El espacio mediático no es espacio para dirimir la justicia penal –dijo–. Absolutamente no, es una aberración.

El autor del Manual para periodistas sobre el sistema penal acusatorio citó datos de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que señalan que 92.7% de los delitos cometidos en México no se denuncian, y que sólo un pequeño porcentaje de lo que sí se denuncia termina en una sentencia condenatoria.

Por lo tanto, cuestionó: ¿quiénes son las personas procesadas que exhiben los medios? ¿La agenda de quién, sino del Estado, es la que siguen los medios al mostrar rostros y casos de algunas personas que están siendo procesadas judicialmente?

Y lo peor de todo, señaló, es que en esta cuestión no hay distinción de medios. Sin importar si son pequeños o de alcance masivo, o si sus agendas son críticas o complacientes hacia los gobiernos, la mayoría de los medios suelen actuar, en lo que respecta a estos temas, de la misma manera.

–Todos los medios son uniformes, todos carecen de ingenierías industriales profesionales para hacer una operación editorial de derechos humanos, legalidad y respeto a la ética profesional.

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En julio de 2012 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo un llamado a la Asamblea Legislativa de dicha demarcación a realizar un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia para que dejasen de exhibir a los presuntos delincuentes cuyos procesos no habían terminado.

En marzo de 2013 esa misma comisión publicó un video donde se exponen testimonios de personas que fueron exhibidas en medios de comunicación por procesos que aún estaban en curso y que finalmente fueron absueltos pero que vieron afectada su reputación al haber sido exhibidas públicamente como delincuentes.

–El daño colateral que tiene la exhibición es irreversible –dice una de ellas en el video «Tribunales mediáticos en México/Exhibición mediática de personas»– porque a ti te presentan ante una sociedad que te está juzgando antes de que algún juez o cualquier magistrado te dé una sentencia.

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Para Marcos Lara Klahr esta problemática no puede resolverse si se ve en blanco y negro, si se entiende que los medios son malos y la sociedad buena. Lo hay que hacer, dice, es problematizar la situación e intentar entender sus aristas. Pero para que algo cambie, asegura, es necesario que la sociedad actúe y que exija diferentes contenidos informativos.

–Ese orden no va a cambiar sin la acción ciudadana. No va a cambiar por la acción de los políticos, los medios no tenemos los incentivos para cambiar, la única opción es el contrapeso democrático, que es el ciudadano, el beneficiario del derecho a la información.

Y uno de los casos donde se puede ver que algunos sectores de la sociedad sí están exigiendo nuevas narrativas que se apeguen al respeto por los derechos humanos, fue el debate público que se suscitó recientemente en torno a un reportaje publicado por la revista emeequis que muchos lectores consideraron misógino y como una apología al feminicidio.

–Aquí lo que vimos fue una reacción muy intelectualizada, muy racionalizada, no de linchamiento ni de ofensas sino sencillamente de decir por qué justificas la violencia machista, por qué no la nombras, por qué victimizas a la persona que es imputada de ese crimen y por qué criminalizas a la joven.

“Aquí no hay buenos ni malos”, insiste, pero los ciudadanos deben asumir su papel de contrapeso para que los medios los escuchen. Finalmente, son los ciudadanos quienes pueden pasar de lectores de un periódico a víctimas de los viciados procesos judiciales, y un día alguien les puede decir: “usted disculpe, no era un presunto delincuente”.