Foto tomada de rendiciondecuentas.org

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

La historia que se inició hace un año y seis meses, el 30 de abril de 2013 para mayor precisión, está cerca de concluir, pues el pasado viernes el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa falló en contra de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) y ratificó el amparo que ese organismo ya había perdido en mayo pasado.

La decisión judicial obliga al organismo a desechar una resolución que avala la opacidad gubernamental, ordenando que abra el expediente y analice a profundidad una serie de peticiones que se presentaron a la Secretaría de Finanzas y a Puebla Comunicaciones para que hiciera público el manejo de recursos públicos destinado a comunicación social y otros rubros de gasto.

Con la resolución del tribunal colegiado se le terminan los recursos legales a la CAIP, quien fue cuestionada por la organización Artículo 19 por su opacidad en este caso, al resistirse a aceptar la sentencia de amparo que promovió este reportero llevando el caso a la siguiente instancia legal.

En julio de este año la organización que vela por el derecho a la libertad de expresión pidió a la CAIP que explicara por qué en su actuación, lejos de “ceñirse a la garantía última de los derechos fundamentales y los principios  de la transparencia y el acceso a la información, como el de máxima publicidad” está intentando “a través de recursos jurídicos, la no aplicación de las obligaciones constitucionales”.

En un comunicado la organización también planteó que “Puebla se ha destacado por implementar  prácticas intimidatorias y dilatorias para dar acceso a la información a sus ciudadanos, convirtiéndose en el campeón de la opacidad en lo que refiere al Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial de las Entidades Federativas”.

Magaña cierra la puerta

La llegada de Federico González Magaña, quién venía de ocupar la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profeca) y antes de eso fue asesor legal de Compromiso por Puebla –la coalición de partidos que llevó a Rafael Moreno Valle al triunfo— a la CAIP fue también el inicio de la puesta en marcha de una estrategia para dilatar, cuando inhibir el Derecho de Acceso a la Información.

[quote_box_left]La decisión judicial obliga al organismo a desechar su resolución de avalar la opacidad gubernamental, ordenando que abra el expediente y analice a profundidad una serie de peticiones que se presentaron a la Secretaría de Finanzas y a Puebla Comunicaciones para que hiciera público el manejo de recursos públicos destinado a comunicación social y otros rubros de gasto.[/quote_box_left]

Por un lado los sujetos obligados del gobierno del estado comenzaron a cambiar la modalidad de entrega, y en vez de entregar digitalmente la información comenzaron a poner en consulta directa, esto es para revisión personal y física en las instalaciones de la dependencia en cuestión.

Sobra decir que se trata de un proceso largo y tortuoso, cuando se logra completar, para poder tener el acceso a la información.

Y del lado de la CAIP, cuando comenzaron a llegar las quejas por ese cambio de modalidad, pues la ley permite solicitar la información de la manera en la que el solicitante la requiera, González Magaña comenzó a rechazar las peticiones de revisar el actuar de los sujetos obligados con un tecnicismo.

Según el personaje en cuestión, para poder presentar un recurso de revisión por el cambio de modalidad había que esperar 15 días luego de que el Sujeto Obligado notificara al solicitante que sería entregada en consulta directa.

Y con ese argumento desechó varios recursos de revisión de temas incómodos al gobierno del estado.

El argumentó le funcionó hasta que comenzaron a caer los amparos. Primero Jorge Castillo, reportero del diario Intolerancia promovió dos recursos legales. Un par de meses después este reportero hizo lo propio. Tras perder los tres amparos la CAIP  recurrió a los tribunales colegiados en dos casos, en el tercero no se pudo hacer pues se les pasaron los plazos.

Desechan argumentos

Foto tomada de e-consulta.com

González Magaña, insistió en tres ocasiones que el recurso de revisión se había iniciado antes del plazo de ley, y por ello era inexistente. El argumento usando por el comisionado fue replicado también en tres ocasiones por los sujetos obligados. El mismo, sin variaciones. Primero cuando se resolvió el recurso en la CAIP, después en el juzgado Sexto de Distrito, y al final en el Tribunal Colegiado. Solo en el primer caso, cuando González Magaña y Javier Fregoso Sánchez –la entonces comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena votó en contra— fueron los juzgadores el argumento les funcionó. Después ya no.

Magistrados y jueces desecharon el argumento con la que González Magaña retrasó durante los últimos dos años el cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información, al señalar claramente que para quejas sobre el cambio de modalidad no hay que esperar ni un solo día para presentar el recurso.