Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Miguel Concha Malo es sacerdote y dirige el centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Un cura catalogado como rebelde, acompañante de luchas sociales, activista y defensor, cuya presencia implica que en donde está hay graves violaciones a las garantías individuales y un conflicto. Hoy, jueves 30 de octubre, el presbítero estuvo dentro del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Cholula, visitando a uno de los más de 40 presos políticos del estado de Puebla: Juan Carlos Flores Solís, opositor a la construcción del gasoducto Morelos, en zona de riesgo volcánica.

Aunque la cita era media hora después de mediodía, la salida del sacerdote del Cereso se retrasó más de una hora, bloqueada por los trámites burocráticos de las visitas al penal. Concha fue uno de los tres curas, junto con Alejandro Solalinde Guerra del albergue para migrantes Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, y el obispo Raúl Vera López, de Saltillo, Coahuila, que participaron en las movilizaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de Javier Sicilia, en 2012.

Al salir del penal, antes de poder dar la planeada rueda de prensa, fue abordado por más de una decena de medios de comunicación que esperaron noticias de los presos políticos. El sacerdote, quien visitó a Juan Carlos acompañado del abogado Antonio Lara, director del centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, y con Juan Carlos Ventura, coordinador del área de educación, promoción y difusión del Fray Francisco. El Padre dijo que su visita fue para fortalecer anímicamente a Juan Carlos, “para renovar sus esperanzas”.

Concha recordó a los presentes que el activista y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) del gasoducto que pasará por Puebla y Morelos, ha sido incriminado por varios delitos como motín y robo agravado con violencia, que finalmente han sido desvanecidos por el Poder Judicial gracias a su defensa legal. El caso, dijo, es uno de esos que desgraciadamente se conocen bien en México donde “defensoras y defensores de Derechos Humanos que tienen causas justas y legítimas pues para obstaculizar su trabajo, para impedirle la realización de su trabajo se les criminalizan, se les inventan delitos, y con ese motivo se les detiene, se les pone en prisión, se les atemoriza”.

En el país existe el derecho de defender los derechos, dijo el sacerdote, de manera tanto individual como organizada, y el propio Estado Mexicano así lo ha reconocido por lo que tiene obligaciones tanto legales y jurídicas “de proteger ese derecho tan fundamental en la convivencia social de un estado democrático de derecho que es el que queremos garantizar la labor de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos”.

A nivel local, la situación para defensores es crítica. Concha reiteró que “no hay ninguna razón para que (Juan Carlos Flores) siga privado de su libertad”. Sin embargo, el director del Centro de derechos humanos se mostró optimista pues dijo que creen que “que las autoridades del estado de Puebla pronto van a asumir la situación de que él no debe continuar preso”. Frente a medios de comunicación y familiares de otros presos que esperaban entrar en el día de visita, el Padre dijo que es necesario que se elabore una ley de protección a los derechos humanos de los defensores y periodistas, a nivel local, y habló de la legislación federal aprobada en 2012 para proteger los Derechos de defensores y periodistas.

El panorama no es favorecedor. Desde el centro de derechos humanos que dirige y el Zeferino Ladrillero, dijo, han tenido conocimiento de que en Puebla “hay una concepción que la convivencia social y política lamentablemente autoritaria”, donde se está negando el derecho a los ciudadanos de defender sus derechos, tanto los propios como de los de sus conciudadanos. Y esta labor de defensoría, que Concha describió como fundamental, se está viendo obstaculizada por el propio Estado, utilizando el aparato judicial e inventándoles cargos a los activistas y opositores al gobierno, “no consiguiéndoles ni siquiera las garantías que están establecidas en los códigos penales para que puedan algunos de ellos al menos gozar de su libertad provisional”.

En el país no hay una procuración de justicia autónoma, denunció finalmente el sacerdote. Ésta, desgraciadamente, está muchas veces atada a intereses particulares y políticos. Después de su partida, la situación de los más de 40 presos políticos en el estado, sigue en la incertidumbre.

La ofrenda por los muertos

Foto: Marlene Martínez

A la par, desde las diez de la mañana en los campos que dan la espalda a la Pirámide de Cholula y a la Iglesia de los Remedios, se montó una ofrenda colectiva por todos los muertos cholultecas, desde los 6 mil que fueron asesinados en la masacre en tiempos de la conquista hasta los difuntos personales de cada familia.

La ofrenda fue por los que ya no están, no sólo por los que posaban en fotografías, sino, por todos aquellos cholultecas que murieron desde la llegada de los españoles y todos los que han fallecido desde  entonces.

«No importa si no son de aquí, también nos acompañan  extranjeros, lo importante es estar juntos por nuestros muertos». Las decenas de personas que pasaron mediodía ocupando los terrenos que los gobiernos municipales de San Pedro y San Andrés Cholula y el estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle, quieren expropiar. Los cholultecas se unieron para montar una ofrenda, manteniendo vivas las tradiciones, y demostrando una vez más el valor simbólico e histórico del lugar, más allá de un pedazo de tierra: el territorio ancestral, parte de la vida diaria de los habitantes originarios y adoptados que viven día a día las tradiciones del gran Cholollan.