Lado B
Ayotzinapa. Intervención en un texto de Letras Libres (a.k.a L.L.S.A.de.C.V.)
Sobre la propiedad de la palabra, la apropiación del discurso, el Estado y sus aparatos de producción discursiva
Por Lado B @ladobemx
23 de octubre, 2014
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Luisa Emilia Rossi Aranda

Fribourg, Suiza

 

¿De quién es la propiedad de la palabra?

Reformulo: “¿De quién es la propiedad de la palabra?”.

En esta reformulación se encuentra la tesis de este texto, mi única participación en el debate, por demás ausente, sobre el crimen de Estado en Ayotzinapa: lo que enmarca la fórmula con la que abro este texto —un aparato que coordina la pregunta, por demás inocente ¿De quién es la propiedad de la palabra?, que ahora aparece tirada hacia la derecha, como cayéndose— es una imagen del aparato de Estado y sus distintas máquinas. ¿Qué hacen estas máquinas del aparato de Estado? Precisamente lo que acabo de mostrar con la reformulación de la pregunta con la que abre este texto: apropiarse del discurso, reglamentarlo, disponerlo de modo tal en que el Estado prevalezca por encima de lo que los discursos que pretenden ejercerle resistencia puedan decir. El Estado mexicano y sus aparatos, pero esto no es nuevo, controlan la producción discursiva para eternizar el cuerpo del Estado, representado en el cuerpo de EPN, y sus miembros, entre ellos, Televisa, Televisión Azteca y, como lo he mencionado antes, Letras Libres. Si para mí es sencillo apropiarme, para reformularla, de la pregunta con la que este texto se abre —el aparato discursivo que está modificando la pregunta consta de a) una acción, contenida en la palabra “Reformulo”; b) una introducción a esta acción, ejercida por medio de los dos puntos; c) una distancia de la pregunta “original” por medio de las comillas entre las que aparece; y d) un punto, que es el cierre de la reformulación—, ¿cómo lo hacen ellas, las máquinas del aparato de Estado? Para demostrarlo, quiero intervenir un texto, es decir, entrar en el tejido de lo que llamaré, más adelante, una representación del poder de Letras Libres.

He aquí el texto intervenido:

 

Han pasado tres semanas desde el cobarde asesinato [Una de las principales formas de apropiación del discurso es la adjetivación. El sintagma anterior, “cobarde asesinato”, ilustra a la perfección lo que Burke llama fuerza activa del lenguaje. “Lo que hay que afirmar”, dice Burke”, es que la historia social del lenguaje, lo mismo que otras formas de historia social, no puede divorciarse de las cuestiones de poder”. ¿Cuál es el poder que vehicula esta adjetivación? Sencillamente el de la moral cristiana. La valentía y la cobardía, en el marco del pensamiento binario, se constituyen con base en consideraciones morales. El enunciante, desde estas primeras palabras, apenas ocho, se impone como juez de un acontecimiento que le es preciso adjetivar para acentuar la fuerza no de éste sino de su discurso. Me atrevería a ir incluso más lejos y afirmar que al “cobarde asesinato”, en tanto que hecho, es todo menos cobarde, etimológicamente hablando (Littré: “De vaillant fait couard, de fidèle fait traître”, cita de Malherbe): no hay una valentía que oponer a ese “cobarde”, o la hay sólo en el marco de una idealización de los valores supremos del control disciplinar, es decir, del ejército. ¿Invocación del poder del ejército? Sí. Pero también, como el slogan de Televisa, “tienes el valor, ¿o te vale?”, un valor del poder monetario. Hay en este inicio, pues, una indicación al carácter rural de la escuela en Ayotzinapa desde el momento en el que el valor, la valentía que podría oponérsele a este “cobarde asesinato” es considerada como un valor de cambio apre(he)ndido por la burguesía “comprometida”.] de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero [Los estudiantes aparecen como cifras porque eso es lo que son. Y esto no es privativo de Letras Libres. Simplemente, en este caso, como en todos los demás artículos periodísticos, lo que se busca con la cifra y no el nombre es referir a una instancia óntica. Cuando, en cambio, se usa el número, cifrado, para aludir a los estudiantes de Ayotzinapa en pancartas, se trata de una economía de lo visible: la cifra, en ese contexto, cumple una función contraria; es, para decirlo con Clüver, intermedial.] Es difícil pensar en un episodio reciente que haya mostrado tan claramente la tremenda parálisis de nuestro sistema de gobierno [El uso del pronombre posesivo, “nuestro”, alude, sin más, al aparato de Estado. Sin embargo, en esta construcción oximorónica, “parálisis de nuestro sistema de gobierno”, que, a primera vista, al menos, podría parecer una crítica a la gubernamentalidad, hay una función apelativa. Nosotros, quien quiera que esté incluido en ese pronombre, en nombre de “nuestro sistema de gobierno”, estamos paralizados. Lo que significa que el discurso que estamos leyendo, nosotros, los otros, no tiene efecto alguno.] La lentitud e ineficiencia en la actuación de todas y cada una de las agencias gubernamentales involucradas frente a una tragedia de grotescas dimensiones [Una vez más, la función del adjetivo que señalaba en cuando al “cobarde asesinato, esta vez actuando en función de “tragedia de grotescas dimensiones”] no hace sino fortalecer la certeza de muchos ciudadanos de que las autoridades locales, estatales y federales están mucho más preocupadas en el control de daños que en esclarecer el destino de los 43 jóvenes desaparecidos. [Palabras como “lentitud” e “ineficiencia” hablan sencillamente del “buen” uso del tiempo. Para el autor de este artículo, que, como veremos, no es otro que el propio cuerpo llamado Letras Libres —él, sí, con derecho al nombre— la disposición de las fuerzas de la gubernamentalidad no es la correcta en el sentido en el que su producción no es eficiente. Recordemos el apartado “Disciplina” de Vigilar y castigar: los cuerpos dóciles están dispuestos de manera tal que el dispositivo de la cárcel pueda disponer de ellos para obtener los mayores beneficios. Ahora bien, en la enumeración de las “autoridades” involucradas, evidentemente en contrapunto con los “43 [una vez más, la cifra] jóvenes desaparecidos”, es decir, las “locales, estatales y federales”, hay una disposición cartográfica del Estado de Guerrero. Lo que hace el autor del artículo —al que me referiré a partir de este momento como L.L.S.A.de.C.V., en la tradición derridiana de Limited Inc— es un zoom-out desde la página hasta una responsabilidad que se vuelve transnacional. Dicho de otro modo, ninguna de estas “autoridades” es capaz de responderle a los “ciudadanos”, por lo que es necesario apelar a instancias ajenas al Estado. En un primer momento, claro. En un segundo momento, el momento de la enunciación de este texto que estoy interviniendo, el Estado es el que se ampara en una especie de autorreflexión falsificada. Siendo L.L.S.A.de.C.V. parte fundamental de este aparato, esta “crítica” no es sino un doblez positivo que le muestra a los “ciudadanos” la capacidad autorreflexiva del Estado, capacidad falsificada.]

Foto: Leonardo Herrera

Foto: Leonardo Herrera

En cualquier democracia medianamente funcional, un evento de este nivel de barbarie, sumado a la violencia suscitada en los actos de protesta y los hallazgos macabros de fosas llenas y vacías que no hacen sino acrecentar la imagen del terror, habría ya ocasionado la renuncia o despido del gobernador por su obvia incapacidad de garantizar un mínimo de seguridad para los habitantes de su estado [¿Qué es una “democracia medianamente funcional”? Supongo, pero esto es solamente una idealización, que sería aquella en la que los medios de comunicación masiva no tengan una injerencia en las elecciones; aquélla en la que el Secretario de Gobernación entregue a los estudiantes en huelga una hoja, cuando menos, membretada, como respuesta a sus peticiones. Quisiera, en verdad quisiera que L.L.S.A.de.C.V. nos diera un ejemplo de “democracia medianamente funcional”. Pero, al mismo tiempo, esta nomenclatura me sirve para evidenciar otro punto del discurso de L.L.S.A.de.C.V.: una de las características de estos líderes de opinión como L.L.S.A.de.C.V. es la de ser intempestivos, herencia de la retórica priista y, sobre todo, de Octavio Paz: gritemos lo que no podemos decir en voz baja, gritemos porque somos hombres y nuestra voz masculina es profunda y no necesitamos comprobar nuestros enunciados con argumentos. Así piensa L.L.S.A.de.C.V. y todo quien escribe para él. Ahora bien, si hay niveles distintos de barbarie, en referencia al sintagma, “un evento de este nivel de barbarie”, significa que hay tolerancia. Toleramos, nosotras, las máquinas andróginas del aparato logofalocéntrico de Estado, que se nos imponga un presidente, que vendan el patrimonio de la nación al mejor postor por medio de la falacia de las Reformas Estructurales; toleramos ese nivel de barbarie. El otro, “sumado a la violencia suscitada en los actos de violencia”, no es tolerable. Sencillamente porque no tenemos, nosotras, máquinas logofalocéntricas del aparato de Estado, las armas para entenderlo. Lo peor, sin embargo, es la conclusión, burocrática hasta el hastío: para L.L.S.A.de.C.V. lo importante es que despidan al “responsable”, no que se esclarezca el “nivel” de responsabilidad.]; una decidida respuesta federal a través de un fiscalía especial para atender el caso; y una actuación más convincente de los cuerpos de seguridad. [En cuanto que invocan a “actuar” a los cuerpos de seguridad, L.L.S.A.de.C.V. y las demás máquinas andróginas logofalocéntricas del aparato de Estado están  apelando a una performatividad, a una acción que es, siempre, reaccionaria.] En México, sin embargo, la clase política entera está atrapada en una maraña de omisiones y complicidades que no permiten dar un paso para abordar con seriedad el caso sin que se tengan que negociar pasos laterales, retiradas discretas, socialización de las pérdidas, etcétera. [Stanley Fish, hablando de interdisciplinaridad, afirma que es imposible salir de una disciplina para preguntarse por la validez de ésta. Aquí hay un ejemplo similar: L.L.S.A.de.C.V. se queja de la clase política como si no perteneciera a ésta.]

Con los eventos de Iguala y la masacre irresuelta de Tlatlaya, Estado de México, el gobierno federal está pasando por uno de los mayores bochornos a nivel internacional del que se tenga noticia. [Me llama especialmente la atención este pasaje y el uso de la palabra “bochorno”. Parece que, desde el discurso de L.L.S.A.de.C.V., el Estado —que aquí se encuentra en la perífrasis “gobierno federal”— pasa por un momento de certera feminidad, imposible de concebir para la fuerza masculina de un Estado. Estos bochornos, vocablo que generalmente se usa para referirse a las mujeres en la menopausia, son inaceptables para un Estado que quiere ser tomado en serio.] Hasta los medios que habían mostrado más simpatías hacia la imagen y el proyecto reformista del presidente Peña Nieto, como el Washington Post [2], han tenido que reconocer que el país se encuentra en una profunda crisis, no solo de seguridad pública, sino de liderazgo institucional y pérdida del control del relato por parte del gobierno. [Confirma la lectura feminista el hecho de que la legitimación que proviene de Estados Unidos se disminuya con estos “bochornos”.]

Pero si desde la sociedad política [Otro adjetivo, otro oxímoron, este de “sociedad política”] las reacciones ante los sucesos de Iguala ha sido una sucesión de mezquindades y torpezas, incluido el nuevo partido que se presentan como el “cambio verdadero” y no puede, quiere o sabe deslindarse del padrino político del alcalde prófugo, desde las organizaciones sociales y la llana sociedad civil la reacción no ha sido lo crítica ni contundente que se podría esperar. [En este punto, más allá de la política partidista, lo que llama la atención es la escisión de los antes “ciudadanos”, ahora “sociedad civil”, y el Estado. Veamos cómo:] Este es uno de los casos que muestran cómo la indignación, así “puramente” motivada por la bárbara naturaleza de los hechos (jóvenes balaceados, desaparecidos, uno de ellos desollado [3]) siembre es movilizada dentro de un marco discursivo, y cuando este marco discursivo es impreciso, estrecho o excluyente, la indignación así expresada fracasa en producir cambios significativos. [El telos es el de “producir cambios significativos”. ¿De qué modo podemos, nosotros, ajenos a L.L.S.A.de.C.V. y a las máquinas adróginas logofalocéntricas del aparato de Estado, ver en qué se diferencian éstos del “cambio verdadero” que se le atribuye a Morena y al PRD, los que tampoco merecen ser nombrados, por cierto? Sólo en la medida en la que los “cambios significativos” pretenden enarbolar la bandera de la “verdadera democracia”. L.L.S.A.de.C.V. cae en una contradicción en el sentido en el que él mismo está excluyendo de su discurso varios muchos nombres y, sin embargo, apela por un espacio, “margen discursivo”, abierto.]

Foto: Mayra Guarneros

Foto: Mayra Guarneros

Desde que se empezaron a conocer los hechos de Iguala, hubo una rápida y poco reflexiva reacción buscando encuadrarlos en un relato centrado en la responsabilidad de los poderes públicos. [Relato en el que se incluye este mismo texto en el que estoy interviniendo.] Hay evidentemente un enorme responsabilidad compartida, pero los grados de participación, ya sea por acción y omisión, y de culpabilidad son materia de una investigación seria. En juego no está solamente determinar quiénes fueron los culpables [otra consideración moral] del asesinato comprobado de 6 personas, la desaparición de 43 jóvenes, y la proliferación de fosas clandestinas en esa región de Guerrero, sino también la formación y modus operandi de las redes de complicidad entre las autoridades de todos los niveles de gobierno y las organizaciones criminales presentes en el estado. De ese conocimiento depende no solo la estrategia gubernamental para atender el problema, sino también, y más importante aún para efectos de la movilización social, la posibilidad de evitar hasta donde sea posible exponer a más activistas a la violencia salvaje [Una vez más, el adjetivo.] que parece haberse cebado en los normalistas de Ayotzinapa. Hace una semana, una conocida voz crítica en los medios de izquierda publicó un artículo en inglés en el sitio de noticias y análisis Huffington Post [4]. [Una “conocida voz crítica en los medios de izquierda”; con la elipsis del hipertexto, la ausencia del nombre John Ackerman cobra una fuerza que el propio L.L.S.A.de.C.V. no sabe cómo contener. Veamos por qué:] La explicación que dio sobre el origen de la violencia contra los normalistas es digna de analizarse con cuidado (la traducción es mía): “La razón subyacente a este ataque contra el pueblo mexicano es el creciente descontento popular con la administración de Peña Nieto. Las tasas de aprobación del presidente en funciones son las más bajas para cualquier presidente en las últimas dos décadas. Por ello el régimen está desesperado por encontrar formas de pacificar la oposición”.

Dejemos de lado por un momento esta lógica invertida [Perdón, ¿la de Ackerman o la de L.L.S.A.de.C.V.?], porque evidentemente si algo generó el ataque no fue una pacificación de la oposición, sino las movilizaciones más grandes de los últimos años, para centrarnos en el elemento principal.[Entonces, lo que le molesta a L.L.S.A.de.C.V. son, precisamente, las movilizaciones. ¿Será que L.L.S.A.de.C.V. es algo más que una soccer mom que se enoja porque no puede llegar a tiempo a su clase de Pilates?] ¿Se acusa abiertamente al gobierno federal de haber planeado el ataque para “pacificar a la oposición”? No. Hábilmente el autor deja las frases separadas por el muy oportuno punto y seguido, además de recurrir al término todo-terreno “régimen”. [No es, L.L.S.A.de.C.V., un término todo terreno: el de #EPN, su nombre no merece ser mencionado acá, es un régimen totalitario que apoyas tú, L.L.S.A.de.C.V.] Pero la asociación es innegable. El régimen anda dando coletazos en su desesperación. Lo que sigue es aún más problemático. Si el régimen está desesperado por “pacificar a la oposición” al estilo Iguala, ¿no deberíamos entonces preocuparnos por evitar otra masacre similar? [Una vez más llama la atención este “nosotros”; se refiere a las máquinas andróginas logofalocéntricas del aparato de Estado, sin duda: son L.L.S.A.de.C.V., Televisa, Televisión Azteca et al los que deberían preocuparse “por evitar otra masacre similar”. Para este momento, el “cobarde asesinato”, como queriendo y no, se ha convertido ya en una “masacre”.]¿Cómo llamar irreflexivamente a la gente a la calle si el régimen anda suelto de la mano de narcos desolladores? ¿No sería mejor entonces plantear seriamente cómo proteger a las activistas frente a la violencia «desesperada» del régimen? [En estas preguntas de tono irónico, te pregunto, L.L.S.A.de.C.V., ¿pretendes atacar a Ackerman? ¿No es esa una acción “desesperada” por salvar al Estado para el que trabajas?]

El relato plano del “crimen de Estado”, del “régimen”, del “sistema” o de cualquier otra entelequia es la mejor forma de evitar que se haga justicia.[“Evitar que se haga justicia” apela a que el Estado funciona, a que la gubernamantalidad es correcta, es, en pocas palabras, el bien. Gente tan “irresponsable” a ojos de L.L.S.A.de.C.V. como Ackerman y otros críticos conocidos de la izquierda evitan la justicia porque no se apegan al discurso institucional de la verdad del Estado.] La orden de matar y desaparecer a los jóvenes provino de algún lado y fue ejecutada por individuos concretos. [Parte de la lógica de la pequeña-burguesía es la tautología, según lo dice Barthes (CFR). Esto se confirma en este pasaje de una vaciudad crítica abismal:]Antes, durante y después del crimen, varias autoridades estatales y federales pudieron haber tenido en sus manos información, denuncias previas o pistas sobre este acto y no actuaron. También tienen nombres y apellidos. A ellos se les tiene que aplicar la ley. [Parece que, desde Kafka, el término “aplicar la ley” no puede leerse igual. Y parece, sobre todo, que L.L.S.A.de.C.V. no ha leído a Kafka. En esta petición “a ellos se les tiene que aplicar la ley”, L.L.S.A.de.C.V. se convierte en juez y parte, pues ya está aplicándola en su discurso.]

Pero el relato del “crimen del régimen” es también un arma arrojadiza en las luchas sectarias que consumen a la izquierda mexicana. [Luchas sectarias por el poder, justamente como las que sirvieron para que Paz fundara Letras Libres, en sus enfrentamientos con Elena Garro, por ejemplo, y en su apoyo incondicional al PRI.] Nada más útil que el epíteto de “traidor” o “cómplice” con el “régimen” para negarles a los adversarios políticos el derecho de expresar públicamente su indignación junto a los demás indignados [El título de “adversario” se lo atribuye el propio L.L.S.A.de.C.V.], como le pasó no solo a Cuauhtémoc Cárdenas, sino a varios activistas de escuelas en paro, que fueron excluidos de las asambleas donde se discutían y decidían las acciones a tomar. [La labor de L.L.S.A.de.C.V. es la de denunciar.]

La indignación por este crimen no es patrimonio de las corrientes de izquierda, ni siquiera de las que han venido alertando sobre la colaboración entre narcos y autoridades corruptas para reprimir movimientos sociales, mucho menos de las voces oportunistas que llevan un rato llamando a incendiar la pradera. [De acuerdo] Es un crimen contra la sociedad mexicana y la posibilidad misma de procesar el disenso. Es obligación moral [¿Moral? No quieres decir, L.L.S.A.de.C.V., política?] de todos no quedarnos callados y exigir el desmantelamiento de la impunidad si algún día hemos de establecer en México un Estado de Derecho. [La pregunta final: ¿y Ayotzinapa?]

 

Reformulo, nuevamente: “¿De quién es la propiedad de la palabra?”. ¿Quién tiene derecho de hablar de Ayotzinapa y desde dónde?

Ayotzinapa significa revolución. Eso es todo lo que diré al respecto.

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