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Josué Cantorán

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibió este miércoles 8 de octubre a las 16:45 horas la documentación que acredita la legal procedencia de las 316 aves que había incautado de manera precautoria el pasado 2 de octubre tras realizar una inspección en las instalaciones del Aviario de Puebla.

María Esther Martínez, abogada de Martín Camacho, director del aviario, entregó a la Oficialía de Partes de la delegación de la Profepa en Puebla un extenso expediente que incluye 74 fojas con las que se acredita la procedencia legal de las aves que fueron objeto a inspección, así como otro material con que se formaliza que la administración del aviario se ha hecho apegada a derecho.

El 2 de octubre, la Profepa emitió un boletín en el que informó que había incautado 316 ejemplares luego de realizar una inspección en la que verificó el estado físico y la legal procedencia de las aves, así como una revisión de los documentos que acreditan si el establecimiento está autorizado para manejarlos.

La instancia federal aseguró que actuó tras haber recibido “diversas denuncias ciudadanas”, lo cual después fue aclarado por activistas del Comité de Defensa del Parque Ecológico y del Aviario de Puebla “Esfera Poblana”, quienes indicaron que contra Camacho sólo pesa una sola denuncia tras 23 años de haber dirigido el aviario sin financiamiento público alguno.

El actuar de la Profepa, que no notificó a Camacho de la existencia de dicha denuncia sino hasta que finalizó la inspección, es decir, una semana después, violó “su derecho a la seguridad jurídica y a audiencia”, según consideró la abogada Martínez Gil.

Desde hace casi dos décadas la Profepa ha dejado en el aviario un buen número de aves que confisca por los delitos de maltrato o tráfico, y si bien sus funcionarios conocen las instalaciones del aviario pues lo visitan cada vez que dejan en custodia nuevos ejemplares, no habían realizado una inspección desde 1999.

Cabe señalar que esta inspección se dio en un periodo controvertido, pues es justamente cuando el gobierno del estado intenta arrebatar la dirección del aviario de Camacho a través de ejercicios de presión y una campaña de criminalización en su contra, según denunció el propio ortinólogo este lunes.

[quote_box_right]El actuar de la Profepa, que no notificó a Camacho de la existencia de dicha denuncia sino hasta que finalizó la inspección, es decir, una semana después, violó “su derecho a la seguridad jurídica y a audiencia”, según consideró la abogada Martínez Gil.[/quote_box_right]

Ahora, con la documentación entregada en tiempo, misma que acredita la legal procedencia de todas las aves, la abogada confía en que se resuelva la situación jurídica de las aves y de su protector, Martín Camacho.

–La Profepa tiene un plazo para responder, verificar (la documentación) –explicó la abogada en entrevista posterior a la entrega del expediente–, y si ya para ellos es suficiente la documentación emitirán un dictamen, si no emiten una resolución y ven que hay una insuficiencia todavía entonces nos harán un requerimiento de 15 días.

Hay que mencionar que las aves “incautadas” nunca fueron arrebatadas del aviario ni del cuidado de Martín Camacho, pues este paso se daría sólo si el ornitólogo no entregaba la documentación en el plazo requerido.