En la gráfica familiares de los vecinos de San Bernardino Chalchihuapan que fueron detenidos la madrugada del 18 de octubre e integrantes de la organización Los de Abajo. Foto: @earoche

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche 

A 107 días del asesinato de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo aún no hay culpables de su muerte, pues aún cuando el gobierno de Rafael Moreno Valle anunció el pasado sábado 18 de octubre la detención de seis policías como responsables de delitos cometidos en el desalojo en San Bernardino Chalchihuapan, sobre ningún pesa el homicidio del menor.

Esto fue dado a conocer por el dirigente de la organización Los de Abajo, Vladimir Luna Porquillo, quién explicó que tras iniciar el proceso de defensa de los cinco detenidos en San Bernardino Chalchihuapan la madrugada del pasado sábado, pudieron conocer que a los policías sólo se les acusa de falsear declaraciones, pero que sobre ninguno de ellos pesa señalamiento alguno por la muerte del menor.

“El ministerio público no ha ejercitado acción penal en contra de ningún policía respecto al asesinato de José Luis, ni siquiera para dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH”.

Salen dos bajo fianza

Vladimir Luna también informó que este lunes saldrán dos de los cinco detenidos pues se les otorgó la libertad bajo fianza al pagar Raúl Contreras 43 mil pesos y Álvaro García 49 mil pesos pero que tendrán que continuar el proceso penal por los delitos de ataques a las vías de comunicación y motín.

En tanto que sus compañeros, Florentino Tamayo, Vicente Juárez y Fausto Montes seguirán recluidos en el Cereso.

[pull_quote_right]“El ministerio público no ha ejercitado acción penal en contra de ningún policía respecto al asesinato de José Luis, ni siquiera para dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH”.[/pull_quote_right]

El dirigente también reveló que les fue rechazado el dictamen de antropometría que presentaron ante el juez tercero de lo penal, un estudio que se utiliza para identificar plenamente a las personas, especialmente en los casos en los que las acusaciones se basan en fotografías tomadas de videos, pues se determinan que los rasgos fisionómicos y la masa corporal de los detenidos coincidan.

Para realizar el estudio, que corrió a cargo del perito Abimelec González Quirós, se tomaron fotos de los detenidos al interior del penal para confrontarlas con las fotos que utilizó la Procuraduría General de Justicia del Estado, tras la revisión, según explicó Porquillo Luna, se determinó lo siguiente:

1. Que el material que proporcionó la autoridad para analizarse fuera del juzgado fue material fotocopiado en blanco y negro.
2. No se permitió escanear ninguna imagen a color.
3. Dentro de todo el proceso (penal) no se observó ningún examen pericial de identificación humana por parte de la procuraduría: antropometría, datiloscopía y genética forense, entre otras, que soporte la identificación manifestada en el informe técnico policial 01/2014, de fecha 1 de octubre de 2014 que presentan la PGJE y la dirección general de la policía ministerial.
4. Las imágenes agregadas a la presente investigación no proporcionan una cantidad suficiente de datos que de manera científica, certera e indudable confirme la identidad de los actores.
5. No se encuentran agregados algunos dictámenes que de determinen y comprueben que los videos de donde fueron extraídas las imágenes no han sido editados, alterados o manipulados de forma maliciosa.
6. Tomando en cuenta el punto anterior, no puedo calificar evidencias confiables y sujetas a estudios científico. Las imágenes que fueron utilizadas para identificar a los ciudadanos, Vicente Juárez Varela, Florentino Tamayo Ponce, Bernardo Ocotl Ocotl o Bernardino Montes o Fausto Montes García, Álvaro García Xelhua, Raúl Contreras Montes o Raúl Contreras López.

Con ello, insistió Vladimir Luna, se comprueba que la policía detuvo a pobladores sin tener la certeza de quiénes eran.

Y señaló además, que fue una vez que se presentó y rechazó el dictamen fue el juez penal a cargo del caso solicitó un peritaje similar.

Vladimir Luna también anunció que existen más ordenes de aprehensión en contra de habitantes de Chalchihuapan por lo que temen nuevas incursiones policiales a su comunidad.

A pregunta expresa sostuvo que no tienen el número exacto de éstas, pero que en la Averiguación Previa se ha señalado que cerca de 2 mil habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan participaron en la manifestación y posterior desalojo del pasado 9 de julio.