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Con cerca de 10 mil casos de personas desaparecidas en los primeros dos años del actual sexenio, uno de los grandes pendientes del actual gobierno es el impulso de medidas como la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, que ya funciona en estados como Coahuila y Querétaro.

Así lo señaló la maestra Sandra Salcedo, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, en el marco del II Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Esta ley, dijo, permitiría dotar de personalidad jurídica a la persona desaparecida, lo que facilitaría a sus familiares gestionar su patrimonio, proteger su empleo y no verse obligados a reconocer la presunción de muerte, pues esto detendría cualquier esfuerzo de búsqueda por parte de las autoridades.

Por su parte, el doctor José Antonio Ibáñez, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, subrayó que el pasado 22 de agosto los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron cifras “depuradas” de las personas desaparecidas en México, señalando la existencia de 52 mil 940 casos “heredados” de pasadas administraciones. De esta cifra se han localizado a 29 mil 95 personas, de las cuales, según comentó el doctor Ibáñez, no se ha dado detalle sobre el lugar y condiciones en que fueron encontradas.

De las personas localizadas, mil 520 fueron reportadas como fallecidas, lo que arroja una cifra de 22 mil 325 “personas no localizadas”, preocupante nuevo término utilizado en la presentación de la Segob y la PGR. Cabe decir que 12 mil 532 «personas no localizadas» fueron señaladas como “herencia” de otros sexenios, lo que arroja la cantidad de nueve mil 790 personas desaparecidas durante el actual gobierno.

El doctor Ibáñez subrayó que según datos de la propia PGR, 40 por ciento de los casos denunciados de desaparición no cuentan con una sola acción de investigación.

Ambos investigadores coincidieron en la urgencia de que se deje de criminalizar o difamar a las personas desaparecidas, pues con ello el gobierno intenta justificar, legitimar y invisibilizar las desapariciones o etiquetarlas como “daños colaterales”, justificando prácticas que ninguna autoridad debería permitir aun cuando los desaparecidos sean criminales.

Sandra Salcedo retomó la recomendación de que se creen unidades especializadas de búsqueda, se generen bancos de datos de los cuerpos no reconocidos, se impulsen los protocolos de levantamiento e identificación de cadáveres, y que la información recabada se comparta con Centroamérica.

La desaparición forzada “saca a los individuos de toda esfera jurídica de protección, viola el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad y seguridad de la persona, a no ser sometido a la tortura, a la vida, a tener una identidad, a tener un juicio imparcial, a un recurso efectivo con reparación, entre muchos otros más”, sentenció por su parte el doctor Ibáñez.