Foto: Marlene Martínez

Josué Cantorán

@josuedcv

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) solicitó al Juez Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Elmo Mayoral Bello, que la activista Enedina Rosas Vélez continúe su proceso de prisión preventiva en la modalidad domiciliaria, debido a que se ha acreditado que su estado de salud ha empeorado desde que está recluida en el Cereso de Atlixco.

En conferencia de prensa, el abogado Simón Hernández León, del Centro Prodh, explicó que cuentan con todos los elementos legales necesarios para solicitar al juzgado dicha medida, pues el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla establece en su artículo 111 Bis que “Cuando la orden de aprehensión o el auto de formal prisión se dicten en contra de una persona mayor de setenta años de edad o de precario estado de salud permanente, el Juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado o procesado bajo las medidas de seguridad que procedan”.

El abogado advirtió además que esto no se trataría de una concesión especial en favor de Enedina Rosas, sino de una obligación del Juez de Atlixco, quien es la autoridad responsable de garantizar la salud y el bienestar de la ex comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan durante el proceso penal que obra en su contra, según lo determinan diversos convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Señaló que el Juzgado de Atlixco ya notificó este lunes la admisión del recurso y de su notificación al Ministerio Público, instancia que deberá manifestar su postura en un máximo de dos días, por lo que el abogado confía que al final de esta semana se conozca la decisión que habrá tomado el juzgado.

Después de haber sido detenida el 6 de abril de este año, Enedina Rosas cumple su proceso de prisión preventiva en el Cereso de Atlixco, pero el 11 de septiembre fue trasladada al Hospital Municipal “San Juan de Dios” luego de que un cuadro de problemas respiratorios se agravara hasta resultar en un diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

En ese lugar se encuentra desde entonces, resguardada en todo momento por dos policías, según comentó su hija, Lucina Quintero.

[quote_box_right]Sin embargo, el proceso continúa detenido ya que los denunciantes incurrieron en otra falsedad en su declaración: sus domicilios. Por ello no se les ha podido localizar y notificar que se presenten en el juzgado para realizar los correspondientes desahogos de pruebas.[/quote_box_right]

De acuerdo con el abogado del Centro Prodh, el deterioro en su salud se debió a las características climáticas y de hacinamiento al interior del penal, lo cual, dijo, se encuentra debidamente registrado en el expediente médico que se entregó al juzgado.

Por su parte, Lucina Quintero denunció que ella se ha hecho cargo de la compra de los medicamentos y análisis que requiere su madre, pues la dirección del Cereso se ha deslindado de esa atención.

–Es cierto que le corresponde como tal al Cereso, al gobierno, cubrir esos gastos –dijo–. No puede ser que él es el que la tenga presa y yo la tenga que atender, pero como tal no me podía esperar, es mi madre, no puedo esperar a que alguien más se digne a atenderla.

Ante todo ello, responsabilizaron al gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, por lo que le pudiera ocurrir a la líder campesina en caso de que no se admita la petición de ser trasladada a su domicilio.

Denuncian que parte acusadora entorpece proceso

Enedina Rosas Vélez fue detenida el 6 de abril por su presunta responsabilidad en los delitos de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública. Básicamente se le acusa de haber robado los teléfonos celulares de empleados de la empresa italiana Bonatti SPA, encargada de la construcción del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos.

Desde el momento de su detención, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcala, organización a la que pertenece Enedina, denunció que detención se debía más a razones políticas que judiciales, pues ella se opuso, al igual que la población de San Felipe Xonacayucan, a la construcción del gasoducto, pues los lugareños siempre consideraron que éste afectaría su calidad de vida.

Por si fuera poco, la acusación contra Enedina se sustenta únicamente en el señalamiento directo de uno de los empleados de Bonatti, quien declaró que vio al activista Juan Carlos Flores Solís ordenarle a Enedina que robara los teléfonos celulares referidos, acción que ella llevó a cabo, según dicha declaración.

El pasado 9 de septiembre el abogado de Flores Solís, Antonio Lara Duque, mostró a la prensa un documento oficial de la Secretaría General de Gobierno con el que se demuestra que el día en que se cometió el supuesto robo Juan Carlos estaba reunido con funcionarios de dicha dependencia en sus propias instalaciones.

Ese documento, que demuestra la falsedad de las declaraciones del denunciante, ya está integrado también al expediente de Enedina, según confirmó su abogada, Marely Vélez Aguilar.

Sin embargo, el proceso continúa detenido ya que los denunciantes incurrieron en otra falsedad en su declaración: sus domicilios. Por ello no se les ha podido localizar y notificar que se presenten en el juzgado para realizar los correspondientes desahogos de pruebas.

–No hemos podido localizar a los que están señalando a Enedina como responsable –dijo la abogada defensora– porque ellos falsearon su declaración en cuanto al domicilio, sí existen (las direcciones) pero no viven ahí.