Los hospitales del Salvador en Santiago y de Ixtapaluca en México, están unidos por un cordón invisible. Ambos están concesionados a las mismas empresas: Assignia y GIA+A. Mientras en Chile los funcionarios intentan revertir la cesión a estos privados, en México la falta de sueros e insumos para curaciones y los despidos arbitrarios son el sello de su gestión. La socia chilena en la adjudicación del Salvador es Cosal, propiedad de Samuel Levy, la que se benefició con la licitación “a dedo” para construir edificios del Poder Judicial en 2011, hecho que aún investiga la fiscalía.

Foto tomada de: ciperchile.cl

Víctor Carvajal | Ciper 

@ciper

En apenas diez días y a sólo dos meses de que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, se firmó en enero pasado la resolución que decidió el destino del nuevo Hospital del Salvador y de los US$679 millones que, según los últimos cálculos, pagará el Estado por los estudios previos, la edificación y equipamiento bajo la modalidad de concesión a privados. La millonaria inversión para levantar los 165.948 metros cuadrados que involucra el proyecto, resulta US$ 185 millones más caro que si el Estado lo hiciera con fondos fiscales. La concesión fue adjudicada al Consorcio de Salud Santiago Oriente, conformado por una empresa chilena (Cosal), una española (Assignia Infraestructuras) y otra sociedad mexicana (GIA+A).

Al rechazo que provocó esta licitación entre los funcionarios del hospital que paralizaron 28 días, se suma un nuevo frente de problemas. Ni los sindicatos ni los ministerios repararon en que las dos empresas extranjeras –Assignia y GIA+A– enfrentan graves problemas en México por la pésima gestión que llevan a cabo en el Hospital de Ixtapaluca, uno de los más importantes construidos en los últimos años bajo la misma modalidad de concesión en ese país. De allí que resulte extraño que siendo públicas las acusaciones por la mala atención a los pacientes, la falta de medicamentos y el despido arbitrario de personal que actualmente remecen a ese establecimiento, situado a 30 kilómetros de la capital mexicana, se haya entregado en Chile a las mismas empresas una obra de esa envergadura.

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La conexión con México 

CIPER indagó las denuncias sobre la gestión en el Hospital Regional de Alta Resolución de Ixtapaluca, inaugurado en 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, quien en su discurso se enorgulleció de la obra destinada a atender a los habitantes más modestos de ese municipio.

El modelo de concesión hospitalaria es reciente en México. Partió con los gobiernos del PAN (Vicente Fox y Felipe Calderón) y ha sido bien recibido por el actual Presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, cuya secretaria de Salud (ministra )Mercedes Juan López recibe críticas de la oposición de izquierda por profundizar la privatización hospitalaria, acusaciones que se mezclan con denuncias de corrupción con fondos de salud en varios estados mexicanos, donde los hospitales funcionan de caja pagadora política afectando la atención a los pacientes. La misma Mercedes Juan reconoció este año que en Tabasco y Morelos había déficit de insumos médicos debido a desfalcos.

[quote_right]El pasado 1 de agosto ocurrió algo inesperado. En el Diario Oficial de México se publicó el aviso que modifica los estatutos del hospital y le añade la atención de “segundo nivel” (enfermedades de menor complejidad), lo que implicará un aumento del personal y una mayor demanda de pacientes.[/quote_right]

Ixtapaluca, en la lengua indígena, significa “lugar donde se moja la sal” y al parecer el gran proyecto de Calderón se está haciendo “sal en el agua”. Así lo asegura desde la capital mexicana el director de la revista Imagen Médica, Valentín Cardona Sosa, quien publicó dos artículos apuntando a las inoperancias y conflictos desatados en el hospital, cuyo contrato de concesión por 25 años incluyó construir seis edificios de cuatro pisos, con un total de 246 camas.

El pasado 1 de agosto ocurrió algo inesperado. En el Diario Oficial de México se publicó el aviso que modifica los estatutos del hospital y le añade la atención de “segundo nivel” (enfermedades de menor complejidad), lo que implicará un aumento del personal y una mayor demanda de pacientes.

La descripción que hace Valentín Cardona Sosa en la revista Imagen Médica sobre el hospital de Ixtapaluca es devastadora: dos años después de abrir ”no se ocupa ni al 10% de su capacidad, carece de insumos, de medicamentos y de personal y mucho menos sirve para atender a la gente más pobre del país. Es un negocio para unos cuantos”, asegura. Y comenta que el reciente agregado de atención de “segundo nivel” es para atraer más pacientes. “Esto es el fracaso de la concepción del hospital y están buscando darle utilidad a ese elefante blanco que cuesta una fortuna mensual a los mexicanos”, comentó a CIPER.

En México hay un creciente debate de expertos sobre las concesiones hospitalarias. El académico de la Universidad  Autónoma Metropolitana (UAM) y doctor en Economía, Diego Leal Fernández, comentó a CIPER que este tipo de asociación público-privada mexicana “confirma que las nuevas joyas resultan más caras que si el Estado las hubiera levantado. ¿Y quién termina pagando? El ciudadano elector vía sus impuestos”. (Vea una columna de Gustavo Leal).

En el Hospital de Ixtapaluca la relación laboral también se ha resentido y falta personal capacitado: “El acoso laboral y el hostigamiento son una constante, muchos han tenido que renunciar. Y en materia de medicamentos e insumos todas las áreas atraviesan por momentos muy críticos, por ejemplo, no hay soluciones parenterales (preparaciones que mezclan suero con otro medicamento) ni soluciones salinas (el suero típico) ni catéteres periféricos ni material de curación. Los trabajadores calculan estar en un abastecimiento del 30%, cuando mucho”, agrega Cardona.

Las acusaciones apuntan a que hay vacíos en el contrato, pues el concesionario, el ministerio y la dirección médica del hospital literalmente se “pasan la pelota” a la hora de establecer a quién le corresponde comprar determinados insumos (jeringas y gasas, entre otros) y demoran los tratamientos a los pacientes, según cuentan funcionarios del hospital.

En todo caso las críticas no han llegado al mundo de los negocios, donde la evaluación económica sobre el Hospital de Ixtapaluca es positiva.  (Vea el informe de la clasificadora de riesgos Fitch Ratings).

Gia, Assignia y sus relaciones con políticos

La constructora GIA+A es controlada porHipólito Gerard Rivero, quien se convirtió en cuñado del ex presidente mexicanoCarlos Salinas de Gortari (PRI), cuando éste se casó con su hermana Ana Paula Gerard. Se ubica entre las 12 constructoras más importantes del país, según un artículo del sitio mexicano de noticias económicas milenio.com. Recientemente levantó el edificio corporativo de Walmart en México y en 2013 finalizó un centro penitenciario en Oaxaca.

Entre sus especialidades está el ámbito de arquitectura de interiores, donde registra una lista de selectos clientes, como Metlife, Barclays, HSBC, Microsoft y Apple.

La relación familiar entre los Gerard y Carlos Salinas de Gortari -quien vive entre Irlanda y México- ha hecho recordar en los medios aztecas el halo de corrupción que rodea al ex mandatario del PRI y a sus cercanos. Incluso, el ex presidente Miguel de la Madrid dijo en 2009 que Carlos Salinas había robado fondos reservados del país y amparado a su familia en negocios ilícitos, incluyendo  a su hermano Raúl en el narcotráfico, aunque ningún Salinas de Gortari ha sido condenado. (Vea la entrevista a De la Madrid).

Assignia Infraestructuras es una filial del grupo español Essentium, cuya cabeza es Susana Monje (42) quien además es tesorera del Club de Fútbol Barcelona. La compañía que fundó su padre ha tenido un fuerte crecimiento internacional, con presencia en 40 países, y en América ha clavado sus negocios más importantes de construcción y energía en Brasil y México. Pero la mala noticia es que Monje es investigada por presunto lavado de activos vinculados con el desaforado diputado catalánOriol Pujol, por tráfico de influencias, hijo de Jordi Pujol, el legendario líder de CiU que hace pocos días reconoció haber mantenido más de 33 millones de euros ocultos en un paraíso fiscal (Andorra), desatando un escándalo en Cataluña.

La empresa de Monje también ha sido apuntada por artículos de la prensa de Colombia que la acusan de “abandono de obras”. (Vea un reportaje de eltiempo.com y otro de elinformador.com)

[quote_box_center]Extracto del texto originalmente publicado en Ciper. Click aquí para seguir leyendo. [/quote_box_center]