Junta auxiliar San Bernardino Chalchihuapan, municipio Santa Clara Ocoyucan
Foto: Marlene Martínez
Josué Cantorán | Mely Arellano
El reconocimiento de la figura de las juntas auxiliares fue resultado de un proceso de resistencia de varias décadas ante el centralismo de los gobiernos pasados, por lo que eliminar sus facultades significa un retroceso hacia un gobierno autoritario.
Así lo consideró el académico Gaudencio Ruiz García, especialista en Derecho, durante el foro «Juntas auxiliares, procesos de resistencia», convocado por la organización Los de Abajo, la Coordinación Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) y la revista CosmoPolitik, el pasado jueves.
El especialista en temas de derecho penal, política criminológica y derechos humanos explicó que las juntas auxiliares fungen como una especie de cuarto nivel de gobierno, en el que las comunidades eligen una figura de autoridad de acuerdo con sus usos y costumbres.
Las reformas aprobadas en diciembre de 2013 a la Ley Orgánica Municipal, que eliminan la facultad de ejercer como registros civiles a las juntas auxiliares, no sólo coartan su autonomía jurídica sino que también las ahorcan económicamente, al impedirles recibir sus propios ingresos.
Ruiz García recordó que, antes de la década de los 80, era común que en comunidades alejadas de las cabeceras municipales se dieran casos de personas que jamás eran registradas ante el registro civil, lo que les impedía el acceso a casi todos los bienes sociales, incluso después de morir.
–Sus muertos –dijo, al recordar el caso de la junta auxiliar de Calmeca, en el municipio de Tepexco– no tenían ni la posibilidad de un vehículo para que les hicieran la autopsia en el Semefo de Izúcar de Matamoros, los arrastraban con camas de palos para llevarlos hasta allá, pasaban días enteros para que les levantaran su acta de defunción.
[quote_box_right]Las juntas auxiliares son unos de los principales centros de operación política ilegal que ocupan para elecciones posteriores (como la que viene en 2015 para elegir diputados federales). Se convierten en madrigueras de mapaches, como se dice en el argot político. Territorialmente son zonas clave para el éxito de sus campañas electorales y la obtención de cargos de elección popular, pues se convierten en nichos y bastiones políticos alternativos a la capital poblana.[/quote_box_right]
Hay que recordar que las reformas a la Ley Orgánica Municipal referidas anteriormente desencadenaron una serie de manifestaciones en varios puntos del estado, así como un conflicto social que alcanzó su punto más álgido cuando el niño José Luis Alberto Tehuatlie, de 13 años de edad, murió el 20 de julio tras haber resultado herido de gravedad durante el desalojo de una de esas protestas, el 9 de julio.
Uno de los argumentos del gobierno estatal y los legisladores de todos los partidos para aprobar dichas reformas, es que la descentralización de los registros civiles hacía posible la comisión de actos de corrupción y ello había provocado una alerta en Estados Unidos por la proliferación de actas de nacimiento apócrifas emitidas en este estado.
Lado B documentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en respuesta a una solicitud de información, negó la existencia de dicha alerta.
Asimismo, ninguna autoridad dijo en qué juntas auxiliares se habían cometido actos de corrupción ni persiguió judicialmente a ningún presunto responsable.
Por todo lo anterior, argumenta el académico, se da la necesidad de fortalecer un cuarto orden de gobierno que permita a las comunidades ejercer una autonomía política y tomar sus propias decisiones, esto ante la insuficiencia de los gobiernos municipales, estatales y federal.
–Hasta ahora nos quedamos en el tercer nivel con ayuntamientos surgidos de los partidos políticos, pero lamentablemente, si ustedes van a un ayuntamiento perredista, priista o panista, casi todos gobiernan bajo la misma dinámica.
Esta opinión, no obstante, contrasta con la del politólogo Manuel Alberto Merlo, quien reconoce, en un artículo de opinión publicado en este portal en abril, que las juntas auxiliares también han sido cooptadas por otro tipo de fuerzas políticas y se han convertido en centros de operación partidista y mapachismo.
–Las juntas auxiliares son unos de los principales centros de operación política ilegal que ocupan para elecciones posteriores (como la que viene en 2015 para elegir diputados federales). Se convierten en madrigueras de mapaches, como se dice en el argot político. Territorialmente son zonas clave para el éxito de sus campañas electorales y la obtención de cargos de elección popular, pues se convierten en nichos y bastiones políticos alternativos a la capital poblana. Tomemos en cuenta que el padrón electoral de la capital poblana es de aproximadamente (de acuerdo a datos del INE) 1 millón 117 mil 331 personas, del cual el 70.83 por ciento (792 mil 556 personas aproximadamente) se ubica dentro de las 17 juntas auxiliares de la capital, de acuerdo con datos del INE, IEE y el micrositio del Ayuntamiento poblano en la materia.
Algunos datos
En el estado de Puebla existen oficialmente 658 juntas auxiliares en 217 municipios, aunque la Secretaría General de Gobierno sólo ha registrado y acreditado a 628; de las cuales 20 están presididas por mujeres y 608 por hombres.
Su distribución es totalmente arbitraria y disímil: algunos municipios como Xochiltepec, Tepeyahualco y Nicolás Bravo sólo tienen una junta auxiliar. Otros tienen dos, cinco, diez, doce.
Los tres municipios que tienen más juntas son Huauchinango, con 26; Puebla con 17 y San Pedro Cholula con 13.
El número de juntas auxiliares que tienen un municipio no responde a una lógica poblacional; es decir, municipios pequeños como Tochimilco con 17,028 habitantes o Huaquechula con 25,373 habitantes tienen 10 juntas auxiliares, mientras que otros como San Salvador El Seco con 27,622 habitantes sólo tiene una junta. O hay municipios más grandes, como Izúcar de Matamoros con 72,799 habitantes y también 10 juntas auxiliares.
Por ejemplo Huauchinango (97,753) tiene más o menos un tercera parte de la población que tiene Tehuacán (271,906), pero más del doble de juntas auxiliares: 26 vs 12; y Puebla supera por mucho (1,539,819) el número de habitantes de Huauchinango, pero tiene menos juntas auxiliares (17).
De acuerdo con el maestro Honorio Ojeda, director de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el 60 por ciento de las juntas son comunidades rurales y el 61.3 por ciento de la población estatal vive gobernado bajo este esquema.
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