Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

En marzo de 2011 Rafael Moreno Valle apareció como invitado en el programa televisivo “Al sabor del Chef” y con el pretexto de cocinar un mole poblano al estilo de la abuela hizo de la transmisión un espacio de promoción de su imagen y su recién iniciada administración. El pasado lunes 18 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto apareció en el programa “Hoy” para hablar y promocionar ante la audiencia del espacio matutino de Televisa las reformas energética, educativa y financiera.

Ninguno de los dos casos serán sancionados pues como reconoce la presidenta la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) capitulo Puebla, Lilia Vélez Iglesias, la falta de regulación en materia de publicidad oficial tiene la puerta abierta para que los gobiernos de cualquiera de los tres ordenes –federal, estatal y municipal– utilicen los medios de comunicación para desde ahí construir entre la ciudadanía percepción favorable a su persona o a su política con recursos de los propios ciudadanos.

A la falta de regulación habrá que sumarle la opacidad gubernamental en lo que se refiere a su gasto publicitario, lo que permite la compra de espacios promocionales al interior de telenovelas y programas a través de la práctica del “Brand placement” (que literalmente significa: colocación de marca) y considerada publicidad oculta o engañosa, reportando un gasto cero, como hizo hace unos días la Secretaría de Turismo (Sectur).

“Desde Amedi y otras organizaciones se ha estado presionando para legislar el tema -dice Lilia Vélez, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla-, porque se están gastando millones de pesos en publicidad y se están usando a pesar de todo para hacer campañas a favor de ciertos funcionarios públicos, que es justo lo que la reforma de 2007 pretendía regular. Entonces es un tema que está pendiente, que los legisladores no han querido reglamentar, y que es uno de los asuntos que, digamos, más controversia ha generado”.

La controvertida reforma a la Ley de Telecomunicaciones, llamada Ley Telecom, además de abrir la puerta a prácticas muy cuestionadas como la intervención de comunicaciones privadas sin una orden judicial, deja desprotegidos a los usuarios ante este tipo de publicidad.

Se trata de comerciales disfrazados de noticias o incluidos en la programación normal, para publicitar productos, personas o lugares, como la aparición del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en el programa de Televisa “Al sabor del chef”, en 2011, quien con el pretexto de dar la receta familiar del mole poblano aprovechó para promocionar su gobierno.

¿Qué ocultan?

La reforma electoral de 2007 prohibió el uso de la imagen de funcionarios públicos en publicidad institucional, pero eso no detuvo a los políticos y gobernantes, que encontraron aliados en los medios de comunicación para continuar haciendo propaganda oculta: entrevistas pagadas y a modo. Eso es una forma de propaganda y publicidad política, “porque finalmente cuando tu compras un espacio pues la entrevista, mas que ser una entrevista periodística donde el periodista te va a cuestionar sobre lo que le interesa saber, en realidad es una entrevista pactada, y dado que la estás pagando pues finalmente lo que te dicen no va a ser algo que te incomode sino mas bien los lineamientos que el propio comprador establece”, explica Vélez.

Con la prohibición de la aparición de imagen, nombre o símbolos de funcionarios en publicidad institucional –quienes sólo pueden promocionarse siete días antes y cinco después de sus informes oficiales–, las prácticas de propaganda oculta se incrementaron. Hasta la fecha, no existe una legislación secundaria que la regule, pese a que se han presentado por lo menos ocho iniciativas a nivel federal y una a nivel local, promovida en la pasada legislatura por el entonces diputado del PAN, Juan Carlos Espina.

En el fondo lo que se oculta es el gasto oficial en convenios de publicidad, una resistencia del gobierno poblano pese a que se trata de información pública solicitada por ciudadanos y periodistas, “un hecho que claramente violenta la constitución y la ley de transparencia porque, dado que son convenios que se pagan con recursos públicos tendrían que ser información pública”, insiste Vélez.

“Incluso hay algunos amparos promovidos por periodistas que ya se ganaron en primera instancia –continúa la presidenta de Amedi-, en donde el juez federal dice, es información pública, se tienen que entregar y tanto la CAIP, que parece el órgano garante del gobierno de Moreno Valle en lugar de ser el órgano garante de la transparencia, como el propio gobierno están litigando contra estos periodistas y los ciudadanos para evitar entregar estos convenios.”

Y, ¿qué significa tanta opacidad? “Es evidente –considera Vélez Iglesias- que hay algo ahí que es incorrecto, ilícito, poco ético o incluso ilegal, y por eso la insistencia en que los ciudadanos no conozcamos los convenios de publicidad”.

Sin regulación

El primer borrador de la llamada Ley Telecom, del 23 de febrero, planteaba prohibir cualquier publicidad disfrazada de información: “Se prohibirá la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información, y se establecerán las condiciones que deben regir la contratación de los servicios para la transmisión de contenidos al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por terceros”.

[quote_right]Hasta la fecha, no existe una legislación secundaria que regule la publicidad oficial, pese a que se han presentado por lo menos ocho iniciativas a nivel federal y una a nivel local, promovida en la pasada legislatura por el entonces diputado del PAN, Juan Carlos Espina.[/quote_right] Sin embargo la redacción fue modificada después de que Televisa se quejó. De modo que la fracción IV de la sección C del artículo 6 Constitucional quedó así: “Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y difusión”.

Entonces, ¿quién regulará este tipo de propaganda? Aunque en teoría el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el encargado, la Secretaría de Gobernación (Segob) es la que tiene las facultades de sancionar y supervisar. La publicidad engañosa que afecta a la infancia o la salud será sancionada por la Secretaría de Salud (SSA), y en cuanto a las compañías telefónicas será la Profeco la que tendrá las facultades. Entonces, el IFT no tiene realmente poder para hacer algo en contra de la propaganda oculta, y las facultades para detener o sancionar estas prácticas terminaron en manos del gobierno federal.

Desde abril, varias organizaciones como Amedi alertaron sobre que la reforma deja nuevamente en manos de la Segob la regulación y sanción de estas prácticas, y pidieron que fuera el IFT el encargado. Además, la Ley Telecom permite que los códigos de ética de las empresas sean los que promuevan los derechos de la audiencia, lo que significa que no hay lineamientos claros para definir y distinguir cuándo sí se considera propaganda o publicidad disfrazada de información.

Finalmente los derechos de los usuarios son violados y la modificación a la legislación los deja desprotegidos, aunque al contratar un servicio toda persona tiene “derecho a no recibir publicidad engañosa y/o abusiva”, establecido en los “Derechos de los usuarios-consumidores de los servicios de telecomunicaciones” de la Secretaría de comunicaciones y transportes (SCT).