Foto: Mayra Guarneros

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Reclamos al “silencio cómplice” de grupos de la sociedad civil que acompañaron la alternancia política, la ausencia de protocolos en el trabajo policial, la criminalización de la protesta como una política que se replica en los estados y la crítica al trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fueron los temas que se plantearon en la mesa de reflexión “La ley Bala: Un recuento de los daños”, que se realizó en la Universidad Iberoamericana campus Puebla, la mañana de este jueves.

Una serie de reflexiones en las que participaron Roberto Alonso, secretario de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) capítulo Puebla; Leopoldo Maldonado, oficial del programa legal de Artículo 19; Simón Hernández abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Lucila Quintero, hija de Enedina Rosas, una de las personas detenidas por su oposición al gasoducto Morelos; y Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de San Bernandino Chalchihuapan.

“Silencio cómplice”, el de Actívate por Puebla

En su participación,  Roberto Alonso señaló las inconsistencias, huecos legales y contradicciones que tiene la llamada “Ley Bala”. Y criticó duramente el “silencio cómplice” de Actívate por Puebla, la organización que agrupa a rectores de universidades públicas y privadas, y cúpulas empresariales que, como dijo Alonso, fueron parte importante en el proceso de alternancia política en el estado.

“Al día de hoy, a casi tres meses de la aprobación de la ley bala al vapor, procedimiento que se activa cuando el remitente de las iniciativas de leyes o reformas es Casa Puebla, la red Actívate por Puebla, que jugó un papel importante en la coyuntura electoral, no ha emitido un posicionamiento sobre la ley o sobre el violento operativo en Chalchihuapan”.

También cuestionó que el orden social no se alcanzará con más policías y abundó en que la protesta es un punto importante en toda sociedad, pues es un catalizador que exalta la dignidad humana y la libertad de expresión.

[pull_quote_right]“Si en este país existiera un estado democrático y de derecho, y un sistema de responsabilidad institucional lo mínimo que podría hacer hoy Raúl Plascencia es presentar su renuncia”[/pull_quote_right]

¿Y los protocolos?

Por su parte Leopoldo Maldonado, también integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, señaló la ola de criminalización de manifestaciones y manifestantes que recorre el país y que ya ha recalado en Quintana Roo, DF, Chiapas, Sinaloa y Puebla.

Y condenó que a casi tres meses de que aprobada la “Ley Bala” no se conozcan los protocolos de actuación para los policías, una herramienta que la propia legislación contempla como necesarios para su aplicación.

“Llama mucho la atención que en Chalchihuapan dicen que se aplicaron los protocolos, pero seguimos esperando que nos digan dónde están publicados, pero además la regulación del uso de la fuerza, como no lo hace la ley bala, evitar la discrecionalidad de las autoridades, por eso hicieron lo que quisieron ese día, usaron las armas que quisieron y procedieron sin agotar el diálogo”.

Plascencia debería renunciar

En tanto que Simón Hernández criticó lo que dijo es la capitalización política de los sucesos en Chalchihuapan, esto en referencia a la visita del ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, a la comunidad en donde se produjo el violento desalojo.

Y apuntó: “Si en este país existiera un estado democrático y de derecho, y un sistema de responsabilidad institucional lo mínimo que podría hacer hoy Raúl Plascencia es presentar su renuncia, o al menos explicarle a la gente de Chalchihuapan qué hace en ese lugar cuando él mismo y la institución que preside avaló expresamente la Ley Bala, y señaló en una comparecencia en el Senado que la CNDH estaba muy atenta a la valoración e interposición de acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Quintana Roo, Chiapas y Puebla, y no lo hizo”.

Se fabrican delitos

En tanto, Lucila Quintero expuso que en la detención de la que fue víctima su madre, opositora al Gasoducto Morelos, Enedina Rosas, hay muchas irregularidades y delitos fabricados. Y aseguró que, en el fondo, la detención se debió a su oposición al proyecto que impulsa la Comisión Federal de Electricidad.