Foto: Marlene Martínez

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

–Yo sólo quiero que me digan dónde está mi hijo. Yo sólo le pido justicia al gobernador.

Elia Tamayo Montes está frente a una decena de grabadoras y cámaras. Solloza. Tiene diez días en una espiral de dolor, presión gubernamental, incertidumbre por su hijo, primero por él y después por su cuerpo, pues tras el fallecimiento que se produjo la tarde del sábado producto de un paro cardiorrespiratorio, lo único que sabe es que lo enviaron al Servicio Médico Forense (Semefo).

Lo que Elia pide es justicia, que el gobierno del estado acepte su responsabilidad por la muerte de José Luis Alberto Tehuatli, el pequeño de 13 años que el pasado miércoles 9 cayó herido en la autopista Puebla Atlixco cuando un objeto disparado por algún miembro de la policía estatal le perforó el cráneo.

Elia Tamayo es una mujer pequeñita, que apenas roza el metro y 50 centímetros, enjuta y delgada como las varas que crecen en los alrededores de San Bernardino Chalchihuapan, la comunidad que junto con al menos 50 poblaciones más se manifestó en contra la decisión del Congreso del estado de retirarles el Registro Civil, y en las dos muertes de su hijo, la cerebral y la física, ha tenido que enterarse por lo medios de comunicación, pues las autoridades estatales primero notificaron a la prensa y horas después a la familia.

Por eso, desde la noche del viernes presentaron un amparo en el Juzgado Octavo de Distrito para que impedir que fuera desconectado, tras la muerte cerebral, y para que les entregaran el expediente médico del caso.

Un expediente en donde, a decir de Luis Felipe Loria Rosa, neurólogo que fue contactado por senadores de la izquierda para que valorara el caso como segunda opinión, se reconoce que la herida no fue causada por un cohetón, como ha asegurado el gobierno del estado para tratar de deslindar su responsabilidad en el caso.

El especialista, entrevistado tras revisar el paciente, sostuvo que la herida fue causada por un objeto que provocó una lesión expuesta de tres centímetros.

–Se sabe que fue algo contuso, que fue fuerte, pero no podría decir qué, pero cohetón no, no tiene huellas de quemada en el rededor de la herida.

Finalmente, y a decir de las autoridades del estado, el cuerpo del menor fue entregado a su familia pasadas las 15 horas del domingo.

“Se informa que a partir de las tres de la tarde está el cuerpo de Luis Alberto Tehuatlie Tamayo a disposición de la familia, una vez practicada la necropsia de ley con la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.

Aunque a decir de la diputada Roxana Luna, quien acompañó a la familia, la PGJ tardó más de 24 horas en entregar el cuerpo a la familia.

Absurdo más de 24 hrs para entregar el cuerpo, primero realizan necropsia y después el reconocimiento de cadáver, inhumana justicia

— Diputada Roxana Luna (@RoxanaLunaP) julio 20, 2014

La intervención de la CNDH fue confirmada por el organismo, también mediante un boletín, en donde se da a conocer que atrajo la investigación del caso.

“Los visitadores adjuntos, permanentemente en la entidad, se encuentran levantando testimonios, revisando expedientes médicos, estuvieron presentes en la necropsia del menor, han solicitado los informes a las autoridades señaladas presuntamente como responsables y se encuentran realizando las actuaciones necesarias para integrar el expediente de mérito”.

El funeral del menor se llevará a cabo este lunes, mientras que la manifestación que se tenía prevista para este día fue cancelada tras conocerse el deceso de José Luis Alberto.

QUERÍAN QUE LOS ACUSARA

Elia Tamayo habla poco, pide justicia y su voz se rompe en esquilas agudas. La hermana de Elia también habla, pide se comprenda que están en un trance doloroso, que no hay fuerzas más que exigir una y otra vez la justicia que aún no les llega, pues el gobierno ha evadido la responsabilidad del operativo violento en Chalchihuapan que dejó al menos a cinco heridos hospitalizados entre los pobladores, y algunos  policías magullados.

Incluso desde el gobierno se ha buscado inculpar a los participantes a la manifestación, por ello sobre las cuatro personas detenidas tras el enfrentamiento del martes, Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tacalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras, pesa entre otras acusaciones la de homicidio en grado de tentativa.

También se les acusa de “ataques a la vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propiedad ajena doloso, motín, privación ilegal de la libertad, y robo”.

A Elia la presionaron para que los culpara. Tras la herida del menor, que cruzaba el kilometro 14 en compañía de su madre fue transportado primero en una camioneta hasta que encontraron una ambulancia sobre la carretera federal Puebla-Atlixco que aceptó trasladarlo, la primera parada fue en el hospital General de Cholula en donde según los familiares no quisieron recibirlo, tuvo que ser trasladado al Hospital General del Sur, varios kilómetros más adelante.

Una vez ingresado, Elia regresó a San Bernardino por los papeles que le pidieron, a su regreso al hospital y a pesar de las recomendaciones del médico para que se mantuviera al lado de su hijo, uno de los cuatro que componen la familia Tehuatlie Tamayo, personal del Ministerio Público la llevó a tomar una primera declaración. Ahí, a decir de la mujer, un funcionario de apellido Cornejo –el subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno, Luis Arturo Cornejo Alatorre— presionó para que la mujer dijera que la herida fue producida por un cohetón, y esa es la hipótesis que desde entonces ha sostenido el gobierno del estado.

La versión fue rechazada por la madre, esa misma noche cuando habló con visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al día siguiente cuando fue entrevistada por reporteros de los diarios Intolerancia y Central.

“Los granadores eran de montón y estaban aventando cosas que explotaban. Y cuando oí eso mi hijo se cayó. Estaban aventando y agrediendo a las personas”, sostiene la madre.

SUMAN AGRAVIOS

Es sábado por la tarde. Hace varias horas que a José Luis Alberto le fue diagnosticada la muerte cerebral, pero su cuerpo aún respira gracias a las máquinas a las que está conectado. En San Bernardino Chalchihuapan, una pequeña población de poco menos de 5 mil habitantes, que forma parte del municipio de Santa Clara Ocoyucan, están los presidentes y autoridades auxiliares de varios comunidades de los municipios que rodean la capital poblana, en la asamblea que se lleva a cabo exponen sus inconformidades por los “agravios” de que han sido objeto por el gobierno del estado.

Y los temas se suceden, lo mismo la muerte del menor que la privatización del agua, o el retiro del Registro Civil, lo mismo los presos que han detenido en la manifestación de Tehuacán –que también fue en protesta por lo del Registro Civil—que los que encarcelaron por oponerse a proyectos energéticos como el Gasoducto Morelos o carreteros, o la imposición de proyectos de transporte.

–Nos acaban de avisar -dice el presidente auxiliar de San Martín Tlamapa, José Salomón Pacio Grande- que a los compañeros de Ajalpan y Tehuacán los están presionando para que no acudan a la movilización del lunes, los están citando en Gobernación ese mismo día, según para negociar, y presionaron para que no vivieran a la reunión.

La amenaza de que hay unas 350 órdenes de aprehensión los tiene en vilo, sostiene la diputada federal perredista Roxana Luna Porquillo, la única legisladora que ha acompañado las protestas de los ediles auxiliares.

De hecho, en días previos se publicó que el presidente de San Bernardino, Javier Montes Bautista, había salido del pueblo para evitar la orden de aprehensión que hay en su contra, pero esta mañana el alcalde ahí está, al frente de la reunión.

Otros de los presentes también denuncian cierres y clausura de negocios familiares como otra de las herramientas de presión de las autoridades para que “dejen de alborotar”.

Pero, “si intimidan a uno, intimidan a todos. El gobernador cree que somos tontos, somos de pueblo, sí, pero no somos tontos”, dice otra de las mujeres presentes. Al final el acuerdo es mantener la lucha, la propia y la de todos, y marchar el lunes siguiente a la ciudad de México, aunque al final la marcha se cancelará, luego del deceso físico de José Luis Alberto.

–Yo tengo ya una orden de aprehensión en mi contra –sostiene Javier Montes— ya me notificaron, y aún así seguimos de pie porque no le podemos dar la espalda a los heridos. Imagínese en las acusaciones ponen que uno de los detenidos, una persona de 72 años levantó a un policía y lo aventó cuatro metros, pues es ridículo.

Lo que hay, dice, es mucha indignación en la comunidad, por los heridos “y porque el gobierno no ha tenido la valentía de reconocer su error, por el contrario hay amenazas contra los heridos, de que si no nos acusan en cuanto salgan serán detenidos. Incluso se les negó la atención a los heridos graves, tuvieron que llevarlos a hospitales privados”.

Por lo pronto, el gobierno del estado ha insistido una y otra vez que en su arsenal no hay balas de goma, en un breve encuentro con medios, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, mostró un documento enviado por la Secretaría de la Defensa Nacional en donde se informa que en el actual sexenio la dependencia federal no ha vendido balas de goma al gobierno poblano.

Horas más tarde, a las 18:30, según el boletín que envió la Secretaría de Salud del estado, el cuerpo de José Luis Alberto, la primera víctima mortal de la Ley Bala, dejó de respirar.

Aunque se tenía programada una marcha pacífica de la caseta vieja de San Martín Texmelucan, Puebla, sobre la carretera hacia el Distrito Federal este lunes, con la muerte de José Luis Alberto se canceló. La Coordinación Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos informó de la modificación de planes y cita a todas las personas solidarias este lunes a las diez de la mañana en Chalchihuapan, para acompañar a Elia Tamayo.