Erróneo, decirle a la población que para proteger sus derechos será necesario violar otras de sus garantías individuales: investigadores del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana

Tomada de provincia.com.mx

Prensa Ibero DF

Reformas como la de la Ley de Telecomunicaciones obligan a la sociedad a tener que iniciar mecanismos contra aquello que pone en riesgo sus derechos humanos, señalaron investigadores del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

Para la maestra Sandra Salcedo, es preocupante la “falta de seriedad” del Poder Legislativo en el análisis de la Ley de Telecomunicaciones, lo que según ella, es visible en la poca profundidad que dedicaron al estudio de los temas que incluye y su relación con los derechos humanos, así como en los tiempos elegidos para su discusión en el pleno.

Con respecto a temas como la geolocalización, la retención de datos o el bloqueo de contenidos, incluidos en la reforma de legislación, la especialista subrayó que es erróneo decirle a la población que para proteger sus derechos será necesario violar otras de sus garantías individuales.

“Los mecanismos que ya se tienen para vigilancia deberían ser los suficientes”, de modo que las autoridades encargadas de investigar “no necesitarían de más privilegios arbitrarios para ofrecer seguridad”, dijo. Por ello deben activarse y ya se han comenzado a activar mecanismos de protección legales para intentar contrarrestar las normas que atentan contra los derechos humanos, añadió.

De acuerdo con el doctor José Antonio Ibáñez, coordinador del Programa de Derechos Humanos, el sistema jurídico mexicano se encuentra muy “colonizado” por el proyecto de nación del actual gobierno, por lo que se puede prever que la reforma será avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin mayor contratiempo.

El doctor Ibáñez subrayó que en la discusión de esta reforma no se tocó el tema de la presencia de monopolios, duopolios y oligopolios, mientras que figuras como la del defensor de las audiencias quedaron plasmadas de forma “muy decorativa”.

En vez de impulsar la pluralidad de los medios de comunicación, las radios comunitarias e indígenas, la reforma de ley las limita, apuntó la maestra Salcedo, quien señaló que si bien se han incorporado elementos que impulsan la accesibilidad para las personas con discapacidad, como el lenguaje de señas obligatorio en noticiarios, este punto positivo de la ley no es sino un “parche” que muestra que no se está legislando en beneficio de las personas.

Añadió que los anuncios televisivos y radiales que presumen los beneficios de la reforma se limitan a mencionar los cambios en el servicio de telefonía, como la eliminación del cobro por larga distancia, aspectos “que en primer lugar no debieron existir”.

Sin embargo, gracias a la oposición existente a nivel de los partidos en torno al tema, el debate sobre telecomunicaciones ha quedado abierto, aseguró el doctor Ibáñez, quien lamentó que los organismos públicos defensores de derechos humanos no se han expresado de manera suficiente sobre el tema.