Alonso Pérez Fragua

@fraguando | #LaEternaIncomprendida

Una de las grandes demandas de la incipiente industria fílmica mexicana a las autoridades competentes es la falta de políticas públicas que garanticen la exhibición de los materiales que produce. Si bien el número de películas realizadas anualmente -ya sea con capital público, inversión privada o mixta- arroja cifras que sus propios actores reconocen como adecuadas, el porcentaje de las películas que llega a las pantallas es mínimo.

Además del número de cintas que se quedan sin estrenar o “enlatadas”, otra crítica del sector se ha dirigido en las últimas décadas al desequilibrio que existe entre la exhibición de películas de Hollywood con respecto a las películas de manufactura nacional. Por ejemplo, Pedro Matute Villaseñor, con base en datos del INEGI, señala que “la asistencia a ver películas mexicanas se derrumbó estrepitosamente del 54.01% que tenía en 1980 […]  al 3.9% en 1998”, mientras que el informe de 2011 de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine) indicaba que “el estreno de cintas nacionales se había reducido al 7 por ciento” en ese año.

Mientras el domingo 1 de junio de 2014 había 49 salas en la zona metropolitana de Puebla que exhibían X-Men Días del Futuro Pasado (2014), las únicas cintas nacionales eran la comedia romántica Cambio de ruta (2014) disponible en ocho salas y la laureada en Cannes y máxima ganadora del Ariel de este año, La jaula de oro en tan solo cinco.

De acuerdo al artículo 19 de la Ley Nacional de Cinematografía[1]:

…los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas […].

Toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente […].

En la presente década se han presentado distintas propuestas para aumentar este porcentaje y los términos específicos del artículo, cambiando por ejemplo “tiempo total de exhibición” por “número de pantallas disponibles al momento en todos los Estados (sic) y en toda la República Mexicana” y estableciendo la obligatoriedad a los exhibidores de mantener toda cinta nacional:

…que en su semana de estreno y subsiguientes tenga una ocupación del 25% de boletos vendidos de las butacas disponibles por sala, en todos los horarios de exhibición disponibles en el día. Si la película que se exhibe en dicha sala no alcanza el porcentaje estipulado del 25% de ocupación, podrá salir de dicha sala, sin detrimento de las otras salas en las que se esté exhibiendo y sí alcance el porcentaje fijado arriba – Comisión Federal de Competencia, 2012.

La más reciente iniciativa de reforma al citado artículo fue presentada en octubre de 2013 por la diputada del PRD, Dolores Padierna, la cual proponía ampliar la semana obligada de exhibición a tres, “plazo en el que no solo se cumpliría el mandato legal […] sino que además permitiría que cada película mexicana que se estrene cuente con la promoción de boca en boca que hace el propio público y que es fundamental para su permanencia en pantalla”.

Presentando reforma al artículo 19 de la ley Federal de Cinematografía. Video tomado del canal de You Tube de la senadora Padierna

Con estos antecedentes es necesario hacer explícito que la política pública dirigida a garantizar la exhibición del cine nacional es casi inexistente, si bien hay una política pública relativa al cine mexicano de forma general. Atendiendo a la definición de Meny y Thoerig, “una política pública se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico” (en Nivón Bolán, 2014: 2).

En este sentido, el Estado mexicano tiene como órgano principal para instrumentar su política pública en materia de cine al Instituto mexicano de cinematografía (Imcine), el cual utiliza una sola vez la palabra “exhibición” dentro de la segunda de sus cinco líneas de acción. En ésta, cuyo objetivo enunciado es “ampliar la promoción, difusión y distribución de películas mexicanas”, refiere que uno de sus instrumentos previstos para alcanzar sus metas es la Red Nacional de Exhibición Cultural Cinematográfica, además de “salas de cine comerciales; los festivales y mercados; ciclos, muestras y retrospectivas; exposiciones; publicaciones; ferias del libro; ceremonia de entrega del Ariel; y premieres”.

Más allá de que la mayor parte de estos instrumentos, como las salas de cine comercial, quedan fuera del control directo del Imcine -o el hecho de que una feria del libro no es un lugar propicio para la exhibición de películas-, destaca que la mencionada red tiene como única sede fija y visible a la Cineteca Nacional, ubicada en el Distrito Federal. El resto de los puntos de exhibición son “universidades, institutos de cultura, y otras instancias públicas y privadas interesadas en la promoción de la cultura”, según apunta la propia red en un texto inserto en la página de la Cineteca, sin fecha ni título. Asimismo, cualquier búsqueda de su página de internet o redes sociales resultará infructuosa.

Y si faltaran más pruebas de la existencia únicamente teórica de la red, estas líneas contenidas en el Programa Institucional del Imcine 2014-2018 son más que contundentes:

Si bien en la actualidad es posible realizar estrenos en circuitos como Cineteca Nacional, aún no se ha construido[2] una red de exhibición nacional que garantice que la mayoría de las películas mexicanas pueda presentarse en al menos una de las ciudades importantes en cada estado de la República”.

Sólo en México: una red de un solo punto… Foto de ProtoplasmaKid, Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 3.0

El otro instrumento en materia de cine es la ya mencionada Ley Federal de Cinematografía cuyo artículo primero en su segundo párrafo establece que su objetivo es “promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas […] procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional”. Sin embargo, de sus 48 artículos solo dedica cuatro de forma concreta al tema de la exhibición de películas mexicanas.

Además del artículo 19 ya discutido en párrafos anteriores, el 31 y el 32 otorgan, respectivamente, estímulos o incentivos fiscales a las empresas que exhiban “películas nacionales o cortometrajes realizados por estudiantes de cinematografía” y que “inviertan en la construcción de nuevas salas […] o en la rehabilitación de locales que hubiesen dejado de operar como tales, y sean destinadas a la exhibición de cine nacional  […]”.

Asimismo, a través del artículo 35, la ley habla de que los recursos del Fondo de inversión y estímulos al cine (Fidecine), “se destinarán preferentemente al otorgamiento de capital de riesgo, capital de trabajo, crédito o estímulos económicos a las actividades de realización, producción, distribución, comercialización y exhibición de cine nacional […]”.

Y no más…

Recapitulemos entonces. El Estado Mexicano cuenta con dos instrumentos principales para poner en práctica su política pública en materia de cine: el Imcine y la Ley Federal de Cinematografía. A través de ambos instrumentos tiene como objetivos apoyar la producción, distribución, comercialización y exhibición de cintas mexicanas de distintos géneros y formatos.

Sin embargo, si bien para la realización existen acciones concretas como estímulos, programas de producción, co-inversión, acuerdos de co-producción, etcétera, en lo tocante a la exhibición de cintas nacionales prácticamente no existen, esto a pesar de los reclamos constantes de la industria que ve en el cine nacional “un bien cultural que se debe promover por la preservación de la identidad, y que debe ser protegido por el Estado”, como lo expresó en 2011 Guillermo Vega, periodista y miembro de la Organización de Consumidores de Cine y Televisión.

¿Cuáles serían las acciones concretas para impulsar la exhibición del cine mexicano? Las opciones son muchas, aunque los propios actores del sector piden de forma reiterada el establecimiento de salas especializadas para películas mexicanas –en lugar de la mera firma de convenios con espacios que no forzosamente se dedican a la difusión audiovisual-, así como la creación de cinetecas en la República mexicana, “lo que permitirá que el público se acerque y conozca su historia cinematográfica”; de nuevo Vega al habla.

Finalmente, cualquier modificación a las actuales políticas cinematográficas en materia de exhibición de cine mexicano deberán contemplar la descentralización de esfuerzos para evitar repetir escenarios como el de 2013 en donde de 101 estrenos apoyados por el Estado, cien sucedieron en la capital del país mientras que en el estado de Puebla y Jalisco, las dos entidades que más se le acercaron, solo exhibieron 58 de estas cintas.

Inframundo, de la poblana Ana Mary Ramos, compitió en semanas pasadas por el premio Ariel a mejor cortometraje. En Puebla, la entidad donde se realizó, el Imcine solo la ha exhibido en el marco del Tour de cine francés como parte de la serie de cortos que antecedían las proyecciones galas. En contraste, promotores privados han organizado el doble de presentaciones de este material en la ciudad de Puebla.

Referencias bibliográficas

Nivón Bolán, E. (2014) Tema 2. Análisis de las políticas. Documento del Posgrado Virtual en Políticas Culturales y Gestión Cultural. México: UAM-Unidad Iztapalapa.

[1]Aunque esta ley es de 1992, su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación data del 28 de abril de 2010.

[2]Las negritas y el subrayado son pa’ que resalte, cortesía de La Eterna Incomprendida.

Alonso Pérez Fragua es gestor y periodista cultural. Desde 2012 coordina Capilla del Arte, espacio cultural de la UDLAP. Actualmente estudia el Posgrado Virtual en Política y Cultura en América Latina de la UAM-Unidad Iztapalapa. Presidente y único miembro del club de fans del autor estadounidense A.J. Jacobs en Puebla.

Imagen: La Changaplana Punketa, de Ángel Vázquez. Aerosol. 2012.

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