Mely Arellano

@melyarel

 “Cuando nos detienen, nos patean en el estómago, en los senos y en la cara, luego nos dan de vueltas por toda la ciudad hasta desubicarnos, cuando llegamos al juez calificador, nos obligan a desnudarnos y hacer lagartijas con los senos descubiertos mientras los policías se mofan de nosotras. Otra cosa que sucede es que ahora las mujeres policías son quienes más nos golpean y nos quitan el truco, son unas salvajes”.

El testimonio es de una de las 55 mujeres trans que participaron en un diagnóstico comunitario realizado por Vida Plena No Dejarse es Incluirse AC, y que fue presentado durante el foro “Puebla enfrenta la discriminación por homofobia” realizado el pasado 15 de mayo, en el Congreso del estado.

El resultado del diagnóstico pone en evidencia la “terrible separación y las distancias abismales que hay entre las leyes, los tratados y todos los instrumentos de protección y defensa de los derechos humanos con las poblaciones clave”, dijo Onán Vásquez, de Vida Plena.

La elaboración del diagnóstico responde a la necesidad de saber qué pasa con una de las poblaciones de la diversidad sexual más vulnerable, por el número de crímenes de odio y las violaciones a derechos humanos que se han cometido en su contra. Y ante la nula existencia de investigaciones al respecto.

Los objetivos del diagnóstico, en el que participaron dos grupos focales de los municipios de Tehuacán y Puebla, 20 y 35 mujeres trans respectivamente, fueron “aumentar la visibilidad de las poblaciones en mayor riesgo, prestación de servicios de salud y de procuración de seguridad y justicia, promover la armonización de normas y leyes locales con la legislación general vigente en materia de derechos”.

El instrumento permitió comprobar que se trata de una población “silenciada por el estigma y el miedo a represalias” y que, incluso, ya se ha acostumbrado a ser tratada con desprecio. También puso de manifiesto que la falta de seguridad jurídica –el no tener un documento acorde a su identidad sexogenérica- las limita al trabajo sexual y, con ello, a la calle, donde son víctimas de violencia, discriminación y rechazo por parte de la sociedad, la policía, los jueces calificados y los ministerios públicos.

Pero no sólo en la calle se discrimina a las mujeres trans, también reciben ese trato de su familia –lo que las lleva a migrar: la mayoría es originaria de otros estados o municipios del país-, sus amistades y de los hombres homosexuales.

Particularmente en el municipio de Tehuacán, revela el diagnóstico, la comunidad trans se percibe a sí misa de una manera negativa: padecen transfobia internalizada, y están en continuo enfrentamiento entre grupos y colectivos; no obstante que viven cuidándose de la policía, que las persigue y detiene ilegalmente.

“En realidad –explica Onán Vásquez- ya sabíamos que pasaba, pero no estaba documentado, ninguna dependencia ha hecho investigación sobre discriminación y violencia contra las mujeres trans en Puebla y Tehuacán”.

El representante de Vida Plena consideró urgente la necesidad de que en el estado de Puebla y en todo el país, se apliquen adecuadamente “las leyes, los códigos y reglamentos que protegen los derechos humanos”, pues en estas comunidades “no hay campañas de prevención del delito, ni contra la discriminación, no hay política pública para atender la problemática y las necesidades de las personas trans, y persiste el círculo vicioso de la discriminación”, pese a la “cantidad impresionante de compromisos que México ha firmado referentes al tema de diversidad sexual, prevención y combate a la discriminación, y prevención del VIH Sida ”.