«No sólo han detenido a los compañeros del Frente Campesino, sino también a los campesinos de Chignahuapan, de Francisco Z Mena y a Xihuacán en esta administración»: Roxana Luna

Tomada de La Jornada de Oriente

Samantha Páez

@samatras

El Frente Nacional los de Abajo (FNA) anunció que comenzará con la defensa legal de Abraham Cordero Calderón, detenido el martes por la tarde después de una reunión en San Francisco Tepeyecac, San Martín Texmelucan, por oponerse a la construcción del Libramiento Poniente. Por su parte la diputada federal Roxana Luna Porquillo, también integrante del FNA, denunció ante el pleno de la Cámara de Diputados que existen 250 órdenes de aprehensión contra campesinos que no quieren vender sus tierras al gobierno de Puebla.

En los últimos tres días tres activistas poblanos han sido detenidos por su manifestarse en contra de proyectos interestatales: Enedina Rosas Vélez, comisaria ejidal de San José Teruel, y Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua en Atlixco, representan a las comunidades de las faldas del volcán Popocatépetl que rechazan el gaseoducto Morelos, que llevará gas de Tlaxcala a Morelos pasando por Puebla; mientras que Abraham Cordero, dirigente del Frente Campesino del  Valle de  Texmelucan y Sierra Nevada, es de los principales opositores del Libramiento Poniente.

Hay inconsistencias en las acusaciones

El representante en Puebla del FNA, Hilario Alonso Flores, dijo durante una rueda de prensa que los cargos que se le imputan a Cordero Calderón son: amenazas, retención de funcionarios públicos y privación ilegal de la libertad, las acusaciones fueron hechas por trabajadores del Banco Estatal de Tierra.

Por ese motivo el pasado martes, alrededor de las 17:00 horas, Abraham fue interceptado cuando salía de una reunión previa al “Encuentro Regional de los Recursos Naturales y Derechos Sociales”, que se llevaría a cabo este 13 de abril en San Francisco Tepeyecac, por dos vehículos sin placas, de los cuales se bajaron varios hombres armados y sin una orden de aprehensión se lo llevaron.

De acuerdo con Hilario Alonso, el activista estuvo incomunicado por más de seis horas y fue gracias a la presión que ejerció Roxana Luna en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que les informaron que estaba recluido en el municipio de Atlixco.

La Procuraduría poblana informó este miércoles, vía un comunicado de prensa, que según el proceso penal 55/2014 «Cordero Calderón agredió a varias personas que se encontraban viviendo en un terreno de Tianguismanalco, Atlixco, además de que los privó de su libertad durante varias horas y los amenazó con hacerles daño».

Sin embargo, los abogados del FNA han encontrado varias inconsistencias en la acusación. Hilario alonso explicó que hay contradicciones en lo que declararon los empleados del banco de la tierra, pues uno dice que fueron obstaculizados cuando iban a medir unos terrenos el 16 de agosto de 2013 y otros que se impidió una reunión con los pobladores.

Además de que por los delitos que se le acusa su compañero podría lograr fianza, pero que el Ministerio Público, bajo órdenes del propio gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, sostuvo que no puede salir bajo caución porque al ser un líder social que mueve a muchas personas sería «una persona peligrosa».

Habrá más detenciones, advierte Roxana Luna

Desde su curul en el Congreso federal, la legisladora Roxana Luna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció que en Puebla se están prefabricando delitos por parte del gobierno estatal, como sería el caso Abraham Cordero.

«No sólo han detenido a los compañeros del Frente Campesino, sino también a los campesinos de Chignahuapan, de Francisco Z Mena y a Xihuacán en esta administración», comentó la legisladora, para quien la detención de Cordero Calderón tiene la finalidad de intimidar a los campesinos que no quieren vender sus tierras para la construcción del Libramiento Poniente.

Roxana advirtió que habrá más arrestos, pues un supuesto periodista habló a los representantes de los pueblos para decirles «Abraham Cordero está en la cárcel y que hay, hoy, 250 órdenes de aprehensión, principalmente contra los quiere vender sus tierras».

Las detenciones, desde la perspectiva de Luna Porquillo, obedecen a un intento del gobernador por frenar el descontento social que existe en Puebla por las concesiones mineras en la Sierra Norte, la privatización del agua, contra las expropiaciones contra mototaxistas y los despidos del hospital del Niño Poblano y el aumento a las tarifas de los servicios públicos.

Seguirá la lucha contra el libramiento

A pesar del arresto de Abraham Cordero, el movimiento contra el Libramiento Poniente continuará y, por el contrario, sólo servirá para incrementar el hartazgo social, señaló Hilario Alonso.

Foto: Maya Guarneros

Además el FNA trabaja en un amparo contra otras posibles detenciones, porque les queda claro que «hay órdenes del gobierno estatal para incriminar a los luchadores sociales» y que «el gobierno tiene un casi odio a los ciudadanos poblanos que disienten con su forma de pensar».

El Libramiento Poniente es un proyecto que existe desde la administración del exgobernador Mario Marín Torres para conectar al estado de Puebla con su vecino Morelos, la vialidad pasaría por  San Felipe Teotlalcingo, Atlixco, San Lorenzo Chiautzingo, Huejotzingo, San Buenaventura Nealtican, San Jerónimo Tecuanipan, San Martín Texmelucan de Labastida y Tianguismanalco.

La actual administración morenovallista ha anunciado que el avance de la obra es superior al 68%, incluso, el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, dijo en días pasados que el proyecto tendría un avance de 85%.

Sin embargo, los representantes del  Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios de la Sierra Nevada, como Simón González, refieren que el proyecto tiene un avance nulo porque los pueblos no van a permitir que se atente contra sus costumbres y contra sus tierras.

A pesar de ello la insistencia del gobierno seguiría, el FNA sostuvo en la rueda de prensa que a los campesinos el gobierno les ha ofrecido de 90 a 140 pesos por metro cuadrado de propiedad y de 2 mil a 3 mil pesos por cada ejidatario, de las 13 comunidades involucradas en el proyecto, que convenzan de vender. Aunque no habría hasta el momento ningún contrato de compra-venta.

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