Foto: EsImagen

Mely Arellano

@melyarel

Los primeros tres años de gobierno -la mitad del sexenio- de Rafael Moreno Valle Rosas en materia de derechos humanos reflejan en cierto modo lo que planteó siendo candidato. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, elaborado en junio del 2010, el panista “se refiere a la protección de grupos vulnerables y grupos en desventaja, pero no tiene una propuesta relativa a los Derechos Humanos”.

Y ante la situación de exacerbada violencia e inseguridad que padece el país, principalmente en el norte, que hace al estado lucir como un remanso de paz, los defensores de derechos humanos advierten: “Puebla es menos violenta pero no significa menos violatoria de los derechos humanos”.

La apuesta morenovallista en infraestructura e inversión con el discurso de mejorar la calidad de vida y generar empleos pasa por encima de los derechos económicos, sociales y culturales, dejando de lado una ideal armonización de respeto a los derechos humanos.

En Puebla, coinciden investigadores y activistas, no hay una discusión real sobre derechos humanos.

En contraparte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH), Adolfo López Badillo, considera que sí ha habido un avance en el tema a lo largo de la primera mitad de la administración de Moreno Valle, que sólo ha recibido 13 recomendaciones cumplidas en tiempo y forma. Aunque “nos falta mucho por aprender especialmente en poblaciones marginadas”.

Derechos de las mujeres

La directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, Ileana Galilea Cariño Cepeda, considera que las mujeres poblanas de cualquier edad y condición social están expuestas a una violencia en todos los ámbitos de su vida.

Foto tomada de www.api.ning.org

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2011) proyectó a Puebla en el 8º lugar en materia de violencia a nivel nacional.

–Por un lado escuchamos un trabajo de las instituciones, como el DIF, el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) –explica Cariño Cepeda- que intentan hacer un trabajo con teléfonos de ayuda, asesoría, pero algo sigue faltando para proteger el derecho de las mujeres que sufren mayor violencia y esta violencia no se queda sólo en las parejas, sino que se reproduce en las instituciones. Sigue habiendo esta falta de perspectiva de género en atención, una doble victimización, aunque hay protocolos especializados no hay ni el debido proceso ni la debida diligencia.

Esta situación se reporta tanto en las ciudades como en las comunidades indígenas, en donde además las mujeres temen acudir a los juzgados o con el juez de paz o el agente subalterno, porque en ocasiones resulta ser compadre de la persona que va a acusar.

–A veces (estas mujeres) son detectadas por las caravanas médicas, pero esa información de las personas que han sufrido violencia familiar o violencia sexual se queda ahí, no se reporta, no hay un trabajo estratégico efectivo y que se comparta con las autoridades. Por lo que hay mucho más impunidad en estas comunidades.

En Puebla 3 millones 500 mil mujeres han sido víctimas de violencia, ya sea física, psicológica o sexual.

El grado máximo de violencia hacia una mujer es el feminicidio, en Puebla se tipificó como delito en noviembre del 2012 aunque con ello el Congreso causó una “doble legislación”, según señaló en su momento el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

Durante 2013 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) reconoció oficialmente sólo 4 feminicidios, Odesyr, 44.

–La impunidad y la falta de investigación seria de no considerarlos como feminicidios, (hace que) no haya una lectura de violencia en la que se implique la participación de las instituciones.

Foco rojo

Para la directora del Idhie, sin duda  los derechos de las mujeres es el tema más preocupante.

–A pesar de que hay una agencia especializada, de que tenemos modelos de género en las instituciones, los reportes que seguimos recibiendo es este trato de exclusión, de discriminación, las mujeres se acercan con mucho temor a las instituciones.

En los acercamientos que desde el Instituto han tenido con mujeres privadas de la libertad, estas refieren que si alguien les hubiera ayudado a entender por qué vivían en violencia y tendido la mano, creen que no habrían cometido el delito.

Tomada de periodismohumano.com

–En las entrevistas que se han realizado a través del programa de género, cuando les preguntas a las autoridades si conocen la Ley de Acceso (de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), ¡te dicen que no la conocen! Eso preocupa.

Misraim Hernández Fernández, vocero del Contingente Puebla, coincidió en señalar que la violación de los derechos de las mujeres es un foco rojo en el estado, y recordó que Puebla es uno de los estados así calificados también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el delito de trata de personas.

Se le pidió su opinión también al presidente de la CDH, Adolfo López Badillo, y esto contestó:

–En la CDH el menor número de quejas es de mujeres, asisten más hombres a presentar quejas que mujeres, obviamente es una labor que no termina, tenemos que seguir trabajando todas las instituciones públicas y todos los niveles de gobierno, de seguir promoviendo los derechos de las mujeres, es un tema que tenemos que seguir abordando en las pláticas y las políticas públicas, pero es un reto cotidiano, que no pasa sólo con ese tema, sino prácticamente con todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos que seguir trabajando para poder abonar en un efectivo estado de derecho, democrático, donde se respeten todos los derechos de todas las personas.

Hay varios temas pendientes

Cariño Cepeda ve varios temas importantes que no han sido atendidos adecuadamente.

Uno de ellos es el de discapacidad, ya que en el 2031 el 60 por ciento de la población será adulta y la discapacidad también está relacionada con el envejecimiento y las enfermedades.

Imagen: entrevistadetrabajo.org

–No hay una línea prioritaria de atención y protección a las personas adultas mayores, una preocupación que hemos venido revisando. El 6 de noviembre realizamos un panel sobre la convención de discapacidad, para ver qué tanta armonización había, tanto en materia legislativa, en cuestión estructural, de programas y proyectos. Lo hicimos con el gobierno municipal (de Puebla) y la valoración que se hacía es que el gobierno estatal no ha entrado de lleno a atender el tema de la discapacidad.

En el estado, 287 mil 771 personas tienen alguna discapacidad –aproximadamente el 5 por ciento de la población-, y 25 mil 493 son jóvenes de entre 15 y 29 años, según cifras de Consejo Estatal de Población (Conapo) e Inegi. De ahí la importancia de que se armonicen las leyes del estado con las convenciones internacionales.

Otro tema importante para el IDHIE tiene que ver con el empleo y la juventud. Puebla es el quinto estado con mayor población en este rango al contar con 1 millón 557 mil 337 jóvenes. El 26 por ciento de la población joven que trabaja no recibe una remuneración, o si acaso 2 salarios mínimos.

–Principalmente se trata de mujeres jóvenes que atienden en el hogar, que ayudan en la casa y que tienen que dejar de lado algunos derechos como el de educación. De manera muy general, con datos a agosto de 2013, tenemos que el 81 por ciento de la población en Puebla se ocupa de manera informal.

Las y los jóvenes no sólo están expuestos a la violación de sus derechos laborales, quizás más grave que eso sea la violencia que inicia muchas veces en los hogares y reproducen en el noviazgo.

Galilea Cariño destaca que según la Encuesta Nacional de la Juventud, desde 2010 Puebla es uno de los estados con mayor índice de violencia en el noviazgo. El 49.9 por ciento de las parejas reportó haber sufrido episodios de violencia.

Un par de problemas más a los que se enfrentan las y los jóvenes es la discriminación y la exclusión.

–Hay discriminación laboral, te exigen cierta forma de vestir, cierta “presentación”, algunas condiciones como por ejemplo la limitación por el uso de tatuajes o la forma en que se visten.

La situación penitenciaria

En el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2013, Puebla obtuvo una calificación de 6.02, menor al 6.47 del 2012 y al 6.99 del 2011, de hecho se trata del promedio más bajo al menos desde el 2006, cuando se comenzaron a realizar las evaluaciones por iniciativa de la CNDH.

–Hay reportes muy claros de una falta de atención a la estructura, condiciones de poca higiene y consecuencias de salud –advierte Galilea Cariño-, tiene que ver también con esta falta de separación real entre hombres y mujeres procesados y sentenciados, que ya tendría que aplicarse por la reforma de justicia penal y penitenciaria del 2008.

Además, en los Centros de Reinserción Social no hay medicamentos ni siquiera para personas con padecimientos delicados como diabetes. Tampoco existe atención psicológica integral, por lo que la idea del suicidio o los intentos de este, es lo más común entre las personas privadas de la libertad.

Uno de los rubros peor calificados fue el relacionado con el personal de custodia. Las recomendaciones interamericanas de derechos humanos establecen un custodio por dos personas en prisión, en México el promedio es de 26 personas por custodio; lo que desemboca en mucha violencia y autogobierno. Puebla está en estas condiciones.

–No se han atendido los requerimientos de sobrepoblación y hacinamiento, los dos factores que inciden más en la posible violación a los derechos humanos –reconoce al respecto Adolfo López Badillo.

Los municipios, ignorancia y abandono

El presidente de la CDH asegura que el número de recomendaciones y conciliaciones publicado en la página de la comisión “es una radiografía real de lo que sucede en Puebla en materia de derechos humanos, en menor medida son para autoridades estatales y en mayor medida hacia autoridades municipales”.

–El mayor número de quejas y sobre el que hemos emitido recomendaciones son los policías municipales, sobre todo al interior del estado, les hace falta mayor capacitación en el tema de derechos humanos, algunos municipios no cuentan con bando de policía y buen gobierno, entonces actúan por costumbre.

Galiela Cariño coincide en que hay un problema de falta de capacitación en los ayuntamientos, así que por muy buenas intenciones, si quien llegue a ocupar un puesto no tiene los conocimientos, no se salvará de cometer omisiones o arbitrariedades por mera ignorancia.

–Cuando les preguntamos qué tipo de capacitación reciben del gobierno del estado, dicen “bueno en algún momento vinieron a darnos una plática pero es todo”, entonces se desaparecen a lo largo de la administración, no hay evaluación ni acompañamiento en materia de derechos humanos, nos preocupa que en la siguiente administración municipal, que será de casi cinco años exista este abandono.

Derechos ambientales

Foto: Arturo Alfaro

Jorge Eduardo Morales Sierra, responsable del Programa Mesoamérica del Idhie, considera que si bien hay un proceso sistemático de violación a derechos particularmente derechos sociales, culturales y algunos derechos ambientales, lo sucedido en Puebla (hay alrededor de 40 mineras) no es diferente a lo que está pasando en el resto del país.

En México hay 480 conflictos socioambientales registrados, de los cuales 90 se encuentran en el estado, y aunque se trata de problemas cuya responsabilidad atañe sobre todo y directamente a la Federación, el estado también interviene.

–Las organizaciones (donde se ubican los conflictos) no ven en el gobierno de Puebla un proceso de solución de problemas, sino lo ven como un aliado de las empresas y corporaciones que van a generar un proceso de despojo o compra ilegal de sus terrenos, o que simplemente permiten el favorecimiento de los procesos a partir de facilitarles aspectos de tipo administrativo.

Criminalización de la protesta

El viernes 3 de mayo del 2013 tres jóvenes fueron detenidos bajo la acusación de que pretendían boicotear el desfile del 5 de Mayo, al que acudió el presidente Enrique Peña Nieto. Tras la detención fueron torturados y encarcelados. Aunque nunca pudieron probar el supuesto boicot, los acusaron de delitos menores y salieron libres después de pagar una fianza de más o menos 30 mil pesos.

La noche del pasado 15 de septiembre, policías estatales impidieron una protesta pacífica en el zócalo de la ciudad.

–Protesta, derecho a la manifestación, ha habido una criminalización por parte del gobierno. Hay mucha resistencia. Nos preocupa porque sabemos que en muchos estados se está armonizando la ley que se aprobó en el DF sobre las manifestaciones –alerta Galilea Cariño-,  y es preocupante porque sabemos que Puebla es de los estados en los que se aprueban las legislaciones que se vienen dando en cascada a nivel nacional, lo que pasó ahora con la reforma energética es un claro ejemplo.

Misraim Hernández va más allá, al advertir que la criminalización de la protesta lejos de desaparecer tenderá a endurecerse. La prueba, dice, es la omisión que ha habido sobre las amenazas a defensores de derechos humanos de parte del gobierno de Moreno Valle.

En mayo del 2012 secuestraron a José Enrique Morales Montaño, defensor de derechos humanos y miembro del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), y amenazaron de muerte a su directora Blanca Velázquez. La organización ya tenía antecedentes de agresiones en su contra desde agosto del 2011. Hoy, el CAT ya no existe. Y sus integrantes tuvieron que salir del estado.

En octubre y noviembre del 2011, Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez defensores de trabajadoras de la maquila –Obreras insumisas- en Tehuacán recibieron amenazas.

En abril del año pasado, los defensores de derechos humanos, Tamara San Miguel y Eduardo Almeida denunciaron públicamente haber sido víctimas de amedrentamiento y hostigamiento en su domicilio particular.

En octubre del 2012, los jóvenes periodistas Jesse Brena y Gerardo Rojas fueron golpeados y asaltados por policías estatales. Los responsables fueron detenidos días más tarde. Puebla es el sexto estado con más agresiones a periodistas.