Samuel Oakford | IPS Noticias

Naciones Unidas. Mientras Uruguay se convierte en el primer país del mundo que legaliza la producción, venta y cultivo personal de marihuana, en la ONU se habla cada vez más de cambiar la estrategia contra las drogas.

Imagen: http://america.infobae.com

Un borrador interno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) filtrado a inicios de diciembre revela intensos desacuerdos entre los países miembros sobre la política del foro mundial en materia de drogas.

El documento, divulgado por el diario británico The Guardian y obtenido por IPS, contiene más de 100 recomendaciones específicas para los países, muchas de ellas contrarias al statu quo sobre prohibición y erradicación de drogas.

El texto confirma que crece el descontento entre los gobiernos y en los corredores de las sedes de la ONU en Nueva York y Viena, donde el documento fue filtrado desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Noruega, por ejemplo, llama a los Estados a hacerse “preguntas relacionadas con la despenalización” y a realizar “una evaluación crítica del enfoque representado por la guerra contra las drogas”.

“No es algo particularmente nuevo”, señaló Kasia Malinowska-Sempruch, directora del Programa Global de Política de Drogas de Open Society.

“Lo nuevo es que estemos hablando sobre eso. Creo que hay una suerte de fachada en la ONU que dice: ‘Somos una gran familia feliz’, pero esa no ha sido la realidad por años”, dijo a IPS.

En 1993, México sostuvo en una carta a la Asamblea General de la ONU que, debido a que “el consumo es la fuerza motriz de la producción y el tráfico de drogas, la reducción de la demanda se convierte en la solución radical –aunque a largo plazo— del problema”.

A pesar de iniciativas políticas de reducción de daños en América Latina y Europa, las reformas dentro la ONU se ven frenadas por dogmas de mediados del siglo XX y por el constante regateo entre sus miembros.

Los precios de las drogas caen y estas son más puras año a año, mientras los gobiernos siguen gastando 100.000 millones de dólares anuales en medidas de prevención y castigo.

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