La señora Amada Barranco pide justicia
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Mely Arellano

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A 18 días del asesinato de Araceli Vázquez Barranco, de 23 años, aún no hay orden de aprehensión contra Javier Mauricio Díaz, señalado por la familia de la víctima como responsable del crimen. La señora Amada Barranco, madre de Araceli, ni siquiera ha podido ver el expediente.

Cuando Amada fue al Ministerio Público (MP) de Tepeaca para preguntar por el caso, un par de sujetos que la escucharon se presentaron como licenciados y le pidieron 2 mil pesos para “ayudarle” a que saliera la orden de aprehensión: “hay que darle al juez y a la secretaria para su café”. Ella se negó.

La escasa información sobre el proceso llegó apenas el pasado viernes 29 de noviembre, gracias a la intervención del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), a través del abogado Rodolfo Domínguez, quien se presentó en Tepeaca para solicitar el expediente, aunque se lo negaron y tampoco pudo hablar con el MP encargado, Ernesto Gutiérrez.

–Lo que nos informaron es que ya se había consignado el expediente, que ya no lo tenían en el MP, y que no tenían mayor información, no nos quisieron abundar sobre cómo se estaban realizando las investigaciones y qué elementos probatorios tenían para solicitar la consignación. Es fundamental este derecho de las víctimas de acceder a los expedientes, para tener toda la información respecto a sus casos, y a partir de ahí plantear líneas de coadyuvancia con el MP, y líneas estratégicas que permitan garantizar el acceso a la justicia.

Tras la poca información obtenida en Tepeaca, el abogado y la señora Amada Barranco se trasladaron a la ciudad de Puebla, donde pudieron entrevistarse con José Delfino Cortés Rodríguez, director de Agencias de MP, quien les facilitó una copia de la solicitud de consignación.

La preocupación del abogado de la ONG nacional reside en la lógica de que a una mala averiguación previa, le sigue una mala consignación y, por lo tanto, el riesgo de impunidad o de no obtener la sanción adecuada.

–Nos preocupa sobre todo que no tenemos al agresor. No sabemos dónde está, no se sabe realmente qué acciones contundentes están realizando para localizarlo. (…) Por lo que dice la familia, la policía judicial no actuó oportunamente para detener al sujeto a pesar de que se le había señalado, que se encontraba en la comunidad y aun así no fue buscado, ni localizado.

La versión del agente del MP subalterno de Acajete, Pablo Jiménez Martínez, sobre la inacción de la policía es diferente:

–En cuanto la policía municipal fue notificada en ese momento se empezó  actuar, pero cuando se notificó ya había pasado una hora u hora y media de los hechos. Tenemos entendido, que desde el momento en que señalaron a esta persona, desde ese momento se inició la búsqueda por parte de la (policía) ministerial, a nivel nacional.

Sin embargo sobre la búsqueda de Javier Mauricio Díaz, el propio director de la Policía Ministerial de Puebla, Juan Luis Galán Ruiz, dijo que se haría a partir de la orden de aprehensión:

–A partir de que contemos con la orden de aprehensión se va a solicitar la colaboración a todas las entidades federativas del país, para que todas las instituciones policiales nos apoyen a la búsqueda y localización de este sujeto. Así también si contamos con algún elemento, indicio, que se encuentre en otro país, particularmente en EU, nos coordinaremos con las instituciones de gobierno de aquel país para solicitar también la búsqueda de la persona.

Ahora, para la familia no queda más que esperar que la orden de aprehensión sea liberada por el juez del distrito de Tepeaca en el transcurso de la próxima semana.

De acuerdo con el registro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), hasta noviembre de este año van 47 casos de feminicidios, en promedio 4 al mes, una situación que califican de “lamentable e indignante”.

–Es un tema que no le interesa ni al gobernador ni al procurador, no hay acceso a la  justicia, no hay prevención, no hay protocolos específicos de atención a las víctimas –dijo Vianeth Rojas, integrante de Odesyr.

–Este es un caso terrible –denunció Rodolfo Domínguez del OCNF-, evidencia justamente la problemática de feminicidio que hay en Puebla, la situación real en que están actuando las autoridades, en particular los MP y ahora los jueces (…). Puebla no cuenta con protocolos de investigación de feminicidios, a pesar de tener el tipo penal, y es preocupante porque no garantiza una debida diligencia de las investigaciones, y menos una diligencia con perspectiva de género. Tiene también un problema grave en materia de otorgamiento de órdenes de protección (…), no se han otorgado órdenes de protección, argumenta la autoridad que son las mujeres quienes no quieren mecanismos de protección, lo cual nos llama mucho la atención pues vemos la violencia tan terrible que se está ejerciendo en contra de las mujeres, la forma tan brutal en que se les está robando de la vida, lo cual debe alertar a las autoridades para que efectivamente puedan investigar y sancionar a los responsables de acuerdo a derecho.