Roberto Alonso*

@rialonso

[dropcap]L[/dropcap]a Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP) fue creada, como todo órgano garante de la transparencia, para defender el derecho a saber y cerrarle el paso a la opacidad. Hoy en día, por desgracia, se encuentra bajo la lupa por un caso ejemplar: las facturas de los helicópteros que adquirió el gobierno del estado de Puebla.

Si bien la propia administración estatal reveló en 2012, con un poco de ambigüedad, el precio de las dos aeronaves que compró -un Agusta Grand y un Agusta Koala con costos máximos de 7.5 y 3.65 millones de dólares, respectivamente-, la Secretaría de Finanzas y Administración se negó este año a entregar copia simple de sus facturas, tal y como fue requerido vía una solicitud de información.

La dependencia respondió al periodista interesado en los montos que la información relativa a los helicópteros que se emplean para los traslados del gobernador fue reservada por incluir datos de identificación a partir de los cuales es posible inferir patrones de vuelo, quedando en riesgo los tripulantes y la seguridad del estado.

¿Contienen las facturas que registran el proceso de compra-venta de las aeronaves y la erogación de recursos públicos datos con base en los cuales puedan deducirse sus patrones de vuelo?

De acuerdo con el principio de máxima publicidad, lo que debido haber procedido en todo caso, considerando la eventual aparición de datos personales o información reservada en las facturas, era una versión pública de las mismas, tal y como lo planteó la comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien en su razonamiento puso como ejemplo la orden del IFAI a la SCT para entregar copia de las facturas de tres helicópteros de la Policía Federal en noviembre de 2012. Penosamente, el proyecto de resolución elaborado por el comisionado Federico González Magaña y respaldado por el comisionado presidente de la CAIP, Javier Fregoso, confirmó la respuesta de la dependencia del gobierno estatal sin que González Magaña consultara siquiera las facturas.

González Magaña fue designado comisionado por la actual legislatura en un proceso cuestionado por organizaciones de la sociedad civil en diciembre de 2012, fecha en la que aseguró que sus resoluciones hablarían por él. De enero a septiembre de 2013 tuvo a su cargo 24 recursos de revisión en contra de dependencias del gobierno del estado, fallando una sola vez en contra de la administración estatal.

Entrevistado respecto a su negativa a revisar las facturas en el marco de la Semana de la Transparencia de la CAIP el pasado 24 de octubre, el comisionado declaró: “no hacía falta.” En el mismo marco dijo estar dispuesto a comparecer en el Congreso local si fuera citado.

Y es que ante la resolución de la CAIP, el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla solicitó el 16 de octubre al Congreso del estado impulsar una comparecencia de González Magaña a fin de explicar y justificar el sentido de su ponencia y su voto. La petición fue dirigida al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Mario Riestra, a la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la diputada Josefina Buxadé, y a la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, la diputada María Fernanda Huerta.

Una semana después, el 24 de octubre, la diputada Huerta subió a tribuna con un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del comisionado con fundamento en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Congreso. Pidió la dispensa del trámite del punto de acuerdo pero ésta fue rechazada por 35 diputados, incluidos Riestra y Buxadé. En favor de la dispensa del trámite votaron las diputadas Huerta y Ana María Jiménez, y los diputados Rafael von Raesfeld, Gerardo Mejía y Edgar Salomón. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para su estudio.

Como consta en la carta del Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla, la rendición de cuentas carece de sentido si no se expresa con argumentos y razones públicas que justifican acciones y omisiones de los servidores públicos. El Congreso de Puebla eligió a González Magaña como comisionado y tiene atribuciones para citarlo a comparecer. El comisionado está dispuesto a comparecer. Organizaciones de la sociedad civil piden que comparezca…

Por casos como este es que adquiere importancia la reforma constitucional en materia de transparencia atorada en el Senado de la República. La premisa de la falta de independencia de los órganos garantes en los estados y del control que tienen los gobernadores sobre estos aplica en Puebla y obliga a tomar decisiones que fortalezcan el marco jurídico del derecho de acceso a la información.

#DóndeQuedaronLasFacturas

#TransparenciaYA

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.