A ver si al rato no se inventan que las áreas verdes también paguen impuesto, o el derecho al aire puro»: Germán Molina.

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El pasado 5 de septiembre el Congreso del estado recibió la iniciativa de reforma a la Ley del Agua. Los diputados no necesitaron más de una semana para analizar, discutir y aprobar la propuesta del gobernador del estado que le abre la puerta a la privatización del servicio, el 12 del mismo mes la mayoría de los legisladores presentes alzó la mano para darle el sí a la iniciativa que de acuerdo con especialistas en derecho se trata de una propuesta inconstitucional y fue presentada sin un análisis detallado de la situación en los sistemas operadores que justifique la medida.

La iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle se suma a la ola de privatización de los sistemas operadores que se ha registrado en el país. En octubre del año pasado activistas de 17 países advirtieron que “en México hay una privatización del agua en curso”, pues además de algunas experiencias de privatizaciones totales y parciales a nivel local, afirmaron que hay una iniciativa en el Senado de la República con la intención de privatizar a nivel nacional el líquido.

Reunidos en el foro internacional “El derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones: Avances y retos en América Latina”, los participantes señalaron que para ese momento entidades como Coahuila, el Estado de México y el Distrito Federal ya habían puesto en marcha procesos de privatización.

El 4 de julio de este año, La Jornada reportó la denuncia de investigadores que señalan que la Cámara de Diputados estudia una reforma “que busca dejar la puerta abierta a la participación privada y convierte el líquido en un objeto de lucro”.

Un mes antes, en junio, una propuesta similar a la poblana llegó al Congreso de Chiapas, aunque a diferencia de los sucedido en el Legislativo poblano, allá la iniciativa aún no se ha aprobado pues produjo movilizaciones sociales en rechazo en varias ciudades chiapanecas, entre ellas Tuxtla Gutiérrez.

Y aunque en Puebla la gente aún no ha salido a las calles, integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya pidieron al gobernador detenga la reforma con el argumento de que se trata de una iniciativa que no ha sido discutida por los ciudadanos, y que privatiza un derecho humano.

René Sánchez Galindo, consejero nacional de esta agrupación cuestionó además a los diputados priístas porque ya no llevaron adelante su propuesta de iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para detener la privatización del servicio, como anunció el dirigente estatal del partido tricolor, Pablo Fernández del Campo.

Con el reloj encima: abogado

Foto tomada de elpopular.mx

Para el constitucionalista Lucio Ramírez Luna, responsable del amparo que tiene detenidas las obras del teleférico, la iniciativa gubernamental es ilegal de origen pues se contrapone con la fracción 3 del artículo 115, que deja en manos de los ayuntamientos el servicio de agua, drenaje, alcantarillado, y el tratamiento y disposición de las aguas residuales.

Y aunque en ese mismo artículo se reconoce que el ayuntamiento puede dejar en manos del estado, de manera temporal, el servicio o prestarlo de manera conjunta, no se reconoce posibilidad alguna de que el estado pueda a su vez ceder la prestación del servicio a particulares.

Aunque eso no ha impedido que en otras ciudades del país se hayan creado entidades paraestatales mixtas conformadas por gobierno e iniciativa privada, como sucedió en Saltillo Coahuila, donde desde principios de siglo se concesionó parcialmente el servicio a la empresa Aguas de Barcelona a través de su filial Aguas de Saltillo (Agsal).

Una decisión que a decir de usuarios del servicio no los ha dejado satisfechos. En 2007 la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo aseguró que la empresa, creada en conjunto con la compañía catalana, es la que mayor número de quejas registró en ese año ante la Profeco.

Por ello, sostiene Ramírez Luna, es necesario que los ciudadanos y usuarios del servicio utilicen las herramientas jurídicas a su alcance, pues la defensa tendrá que ser ciudadana, y se inicien los juicios de amparo respectivo.

La ley de la materia, señala el abogado, contempla el plazo de 30 días hábiles tras la promulgación de la ley para iniciar el proceso, de no aprovechar ese plazo se cierra la posibilidad.

El abogado señala también que la Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es posible, pues se requeriría que esta fuese promovida por el procurador de la República o por el 33 por ciento de los diputados que conforman el Congreso local.

Y ya se vio, puntualiza el doctor en Derecho, Germán Molina, que el Congreso del estado renunció a su facultad de intervenir en la materia, pues al aprobar la iniciativa morenovallista dejó en manos de particulares todo lo relacionado con el servicio del agua, entre ello la decisión de los montos de las tarifas que se deben cobrar, hasta la posibilidad de que las deudas de los usuarios se transformen en créditos fiscales y con ello el deudor “pudiera ser acusado de evasión por el no pago y ser sujeto de un proceso penal y terminar en la cárcel”.

Y apunta: “La tendencia de este gobierno ha sido la de tratar de privatizar los servicios, de bursatilizarlos, servicios tan importantes como el del agua, pero también el de otras dependencias como el Registro Público de la Propiedad. Mercantilizar todo esto significa que el estado está delegando en otras manos esos servicios y transformándolos en negocio. Ahora el gobierno pretende desentenderse de los servicios, por los que se pagan impuestos, para darle a particulares esa obligación pero convertida en negocio”.

Golpe al bolsillo

De acuerdo con la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AC, encabezada por la investigadora Gloria Tobón, la llegada de la empresa catalana le implicó un repunte en el costo del servicio en las tarifas del agua, drenaje y conexión de hasta el 300 por ciento.

El periódico Vanguardia, por su parte, publicó en junio pasado información sobre un estudio realizado en la ciudad coahuilense de Ramos Arizpe tras la creación de una empresa conformada por el municipio, y la filial local de Aguas de Barcelona. El estudio señala el incremento del 300 por ciento en las tarifas del agua, también registra el cobro de adeudos inexistentes.

Foto: Joel Merino

El problema, apunta Germán Molina, es que la propuesta de reforma que aprobó el Congreso sin chistar, no incluye análisis alguno sobre la situación del SOAPAP (Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla).

–El Congreso fue muy irresponsable, porque antes de tomar esta decisión tendría que haber cuantificado el problema. No vimos un dato en el Congreso en el que se reconociera el monto de la deuda, y toda esta cartera vencida se le va a pasar a la nueva entidad. Ellos van a fijar las tarifas a partir del próximo año. El ayuntamiento ya renunció a una facultad constitucional, el Congreso está renunciando a otra. No hay datos de cómo se va a proceder con el adeudo anterior, y que va a pasar con los nuevos adeudos. La propia reforma no aclara eso. El asunto es grave, porque el Congreso está dejando de lado esa obligación que tiene de velar por los intereses de los ciudadanos”.

Y apunta: “A mí me parece una decisión como la que se pensó en impulsar en administraciones anteriores con los parquímetros, ya cuando estamos a punto de bajar la cortina salen este tipo de cosas. Y que el gobernador no tendría problemas en sacar en la siguiente legislatura, hasta le resultaría más fácil”.

El director del Instituto de Ciencias Jurídicas señala también que hasta antes de la reforma “autoridades como la CDH de Puebla tenían la facultad de atender las quejas de los usuarios por problemas de cobro excesivo o falta de servicio, hasta antes de esta privatización, van a quedar a una lado porque ahora se va a tratar de un contrato de entre particulares y ya no como un asunto público. Habrá que ver cómo la Profeco maneja esos aspectos”.

–¿Se están privatizando los recursos naturales? -se le pregunta.

–Lo que se está privatizando es el servicio, y a ver si al rato no se inventan que las áreas verdes también paguen un impuesto, o el derecho al aire puro, o el derecho al saneamiento. Me parece que estamos entrando en una avalancha de ver en dónde se le puede cobrar más al ciudadano, de ver de dónde se pueden sacar más recursos, pero el agua es un servicio que afecta a todos por igual.

“Hay mucha desinformación, la gente aún no está viendo la realidad de lo que ya se aprobó. Lo que queda es ver las medidas de defensa para iniciar alguna acción, o trámite que permita echar abajo lo que se aprobó, porque los ciudadanos están quedando a la deriva con este tipo de acuerdo”.

 Administrar no proveer

A contracorriente, el director de la escuela de Ingeniería Civil del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, Alejandro Pérez Villaseñor consideró viable la inversión privada en los sistemas operadores de agua.

Y ejemplificó recordando que la capital del estado cuenta con un servicio público concesionado que es el de recolección de basura, otorgado a las empresas particulares Promotora Ambiental SA (PASA) y Servicios Urbanos (SUP), las cuales diseñan y ejecutan la recolección de basura en la capital poblana con buenos resultados.

Entrevistado por El Sol de Puebla, el especialista sostuvo que el Gobierno del estado es una entidad que debe administrar los servicios, no proveerlos, y señaló además que mucha de la problemática que vive el SOAPAP es responsabilidad de los usuarios, unos por morosidad en el pago, y otros por la irresponsabilidad en el manejo de los desechos, lo mismo sólidos que líquidos.

Aunque pareciera que si bien el SOAPAP arrastra un cartera vencida multimillonaria, de acuerdo con la consultora Fitch Rating la deuda era de 2 mil 87 millones de pesos, las finanzas han mejorado mucho en los últimos años.

En su reporte de mayo pasado Fith Rating apuntó: “entre las debilidades de Puebla, se encuentra la contingencia del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), no obstante durante el 2012 el organismo registró un superávit que le permitió servir sus obligaciones e incluso repagar una parte de los préstamos recibidos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Estado”.

 “Al cierre de 2012, motivado por los esfuerzos de fiscalización y por el adelgazamiento en su estructura, el organismo registró por primera vez un superávit de 10.7% en sus resultados financieros”.

¿Cuánto cuesta el agua en México?

Ángeles Mariscal | Chiapas Paralelo

¿Cuánto cuesta el agua?

En México, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el metro cúbico de agua potable tiene un costo promedio de 6.3 pesos. Sin embargo, en ciudades donde se ha concesionado a empresas privadas el servicio de distribución, el costo se ha elevado hasta tres veces más

En el estudio ‘Making Water Reform Happen in Mexico 2013’, el organismo presenta los costo de distribución de agua potable en diversas ciudades del país.

De acuerdo al análisis, en las 16 delegaciones del Distrito Federal –donde las empresas privadas Gutsa y Suez, las que con el membrete de Sistema de Aguas de la Ciudad de México cobran por consumo de agua- el costo ahí por metro cúbico de agua es de 16.7 pesos.

En Aguascalientes -municipio que concesionó por 30 años (vence en 2023) a una empresa subsidiaria de Vivendi la cobranza, administración, trabajos de rehabilitación y operación de las tuberías de agua potable. Ésta fue la primera experiencia a escala nacional de privatización integral del servicio de agua potable- el agua ahí cuesta 18.5 pesos metro cúbico.

En Saltillo -donde el manejo del servicio de agua potable lo hace una empresa mixta, en la que actualmente el municipio tiene 54 por ciento de las acciones y el resto Aguas de Barcelona, que pasó a ser parte del consorcio de la francesa Suez- el costo es de 19.3 pesos el metro cúbico.

OCDE refiere que en general, en México se paga 0.49 dólares por metro cúbico de agua (6.3 pesos), lo que es hasta tres veces menor de lo que pagan en ciudades donde el servicio de agua ya se concesionó.

En ‘Making Water Reform Happen in Mexico 2013’, el organismo señala que  “en general el agua es suministrada por abajo del costo, y no hay una concordancia para que las tarifas reflejen los costos de operación y entrega.

El documento revela que a pesar de que varias ciudades del país han incrementado sus tarifas de agua, estas no compensan el costo de operación y mantenimiento.

Privatización no es una solución

Sin embargo, analiza que las empresas privadas tampoco han logrado establecer un servicio de distribución optimo, cuando se les concesiona el mismo.

La OCDE sugiere que en aquellos casos, como el del Municipio de Aguascalientes, donde un operador privado suministra el agua potable, los contratos deben establecer indicadores de desempeño, fijar tarifas y obligaciones financieras por parte del concesionario y de la autoridad contratante, monitorear el cumplimiento del contrato.

También sugiere especificar mecanismos para resolver conflictos y hacer obligatorio el cumplimiento del contrato; contemplar riesgos y determinar el manejo del personal.

Más textos del especial: El agua de Chiapas, en la mira de la iniciativa privada [Chiapas Paralelo]