Foto tomada de newsoaxaca.com
Ernesto Aroche Aguilar
La tarde del 3 de marzo de 2012 un vecino llamó a la comandancia de Tehuitzingo pidiendo que mandaran una patrulla a la calle Centenario para detener una riña. Cuando los agentes de seguridad llegaron al sitio detuvieron a Jesús N., uno de los participantes en la gresca, con exceso de violencia. Silvia N., pareja del detenido intentó intervenir para detener el maltrato. Los policías municipales sin importar que la mujer estaba embarazada también la golpearon y la detuvieron.
–Las machorras no se embarazan –fue la única respuesta que obtuvo el hombre detenido por los policías municipales
Al llegar a la comandancia los policías presentaron al juez calificador a la pareja quién ordenó que fueran encarcelados por 12 horas, acusados de presentar un “segundo grado de intoxicación etílica”. Aunque la acusación sería desechada por la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) al revisar el caso, pues el dictamen toxicológico “no contaba con los elementos básicos que requiere un dictamen, por ende lo señalado en este se consideró sólo una opinión”.
Ignorando el daño físico producto de los golpes que la mujer recibió al ser detenida, ésta y su pareja fueron recluidos en la prisión municipal, pasarían más de 17 horas antes de que fuera llevados nuevamente ante el juez para ser analizado su caso, en ese lapso la mujer pidió atención médica, sufría dolores en el vientre y luego comenzaría a sangrar. Jesús, su pareja, le pasó su playera y las calcetas, para tratar detener el sangrado. El aborto era inminente.
En la queja que presentaron ante la CDH Silvia y Jesús aseguraron que en algún momento de la madrugada uno de los policías entró a la celda a callar a patadas a la mujer. Aunque la acusación no pudo probarse. De lo que no queda duda es de que nadie en la comandancia de Tehuitzingo movió un dedo para evitar el aborto.
Cuando finalmente, 17 horas después y no 12 como se había ordenado inicialmente, luego de ser presentados por segunda ocasión ante el juez a cargo, la mujer fue llevada al Hospital General de Acatlán de Osorio, ya nada había que hacer más allá del legrado para retirar el tejido muerto.
De acuerdo con la investigación realizada por la CDH se trató de una detención con lujo de violencia en los que los derechos humanos básicos de la pareja fueron violentados.
En consecuencia se emitió una recomendación al presidente municipal de Tehuitzingo, Jesús Alcaide Bermejo, para que, en primera instancia reparen económicamente el daño causado por los policías municipales y el juez calificador. Después que se inicie un procedimiento administrativo desde la contraloría municipal, y se coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la Averiguación Previa que se inició en contra de los funcionarios municipales.
La CDH Puebla también pide a la PGJE continúe con la investigación contra los policías municipales y determine “a la brevedad lo que conforme a derecho proceda”.
La recomendación –folio 15-2013—fue emitida el pasado 30 de junio, un mes después el documento aún está en tramite, como se observa en la página del organismo.
Acá la recomendación 15-2013 de la CDH Puebla.
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