En septiembre de 2011 cuando las Secretarías de Infraestructura (SI) y de Administración (SA), a cargo de Antonio Gali Fayad y José Cabalan Macari respectivamente, asignaron a un conjunto de empresas encabezadas por Grupo Técnico Constructor (GTC) –propiedad de Salvador Padilla González— el contrato para la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) lo hicieron bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), es decir que corría a cargo y costo de la empresa el financiamiento total de la obra y el gobierno comenzaría a pagar de manera mensual por 23 años, una vez que fuesen ocupados los inmuebles, hasta completar 3 mil 799 millones de pesos.
Sin embargo, en marzo de 2012 la dependencia entregó sin licitación de por medio y en modalidad de obra pública un contrato dentro del mismo proyecto para la construcción de los cimientos a una empresa del mismo grupo al que se le adjudicó el PPS, representada por Salvador Padilla Kroeninger, hijo del dueño de GTC, por 299.9 millones de pesos, violando con ello el artículo 59 de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios.
La información fue reconocida por la dependencia a una solicitud de información que presentó este reportero y que fue atendida hace unos de días, a pesar de que se promovió desde marzo de este año.
La dependencia, a cargo del actual candidato oficial a la Presidencia Municipal de la capital poblana, clasificó como reservado el contrato para la construcción del CIS. Unos meses después, y ya teniendo al frente a Cabalán Macari, la dependencia explicó que la reserva se debe a que se está en medio de un proceso de “terminación adelantada”, aunque no explicó ni las razones del proceso legal ni el monto total a pagar.
En junio de 2012 el Congreso del estado aprobó el pago multianual a razón de 138.9 millones de pesos más IVA por el periodo pactado, con el acuerdo de comenzar a pagar a partir de enero de 2013, fecha en que entraron en funciones los tres edificios que conforman el CIS.
Y aunque se pidió entrevista con la SI para conocer los detalles relacionados con la terminación adelantada, esta remitió a la Secretaría General de Gobierno, a su vez la dependencia señalada sólo tomó nota de la petición de información sin que hasta el cierre de edición haya ofrecido dato alguno.
El 8 de mayo de 2011, tres meses después del arranque de su administración, el gobernador Rafael Moreno Valle colocaba la primera piedra para la construcción del Centro Integral de Servicios, un complejo de tres edificios con lago y espejos de agua incluidos, diseñados por el arquitecto Federico Bautista, quien fuera secretario de Desarrollo Urbano en el gobierno de Melquiades Morales.
Y aunque inicialmente la licitación, lanzada en abril de ese año, contemplaba que sería en ese mismo mayo cuando se tendría ya definida a la empresa ganadora, el resultado se retrasó. En julio la licitación fue lanzada nuevamente estableciendo como fechas para el fallo el 16 de agosto, y del arranque de los trabajos el 19 del mismo mes.
Finalmente, el fallo se dio a conocer el 25 de octubre y el contrato fue firmado hasta el 23 de noviembre, asignando a Grupo Técnico Constructor SA de CV –representada por Luis Miguel León Huerta– y sus empresas copartícipes Construcción de Proyectos de Alto Nivel SA de CV, Grupo Constructor de Primer Nivel SA de CV, –representadas ambas por Salvador Padilla Kroeninger– MAGGSA Constructora SA de CV –representada por Miguel Ángel Guinto Garay— y MGB Constructora SA de CV –representada por Benjamín Guinto Garay–.
El 9 de marzo de 2012, la SI adjudicó por vía directa, es decir sin pasar por proceso de licitación alguno y en modalidad de obra pública, el contrato OP/ADE/SI-20120020 a la empresa Grupo Constructor de Primer Nivel SA de CV, por un monto de 299 millones 995 mil pesos (IVA incluido), teniendo como objeto la “construcción del Centro Integral de Servicios y Atención Ciudadana, segunda etapa, ubicado en el municipio de puebla”.
Cuestionada a través de una solicitud de información sobre las razones técnicas que justificaron la obra, la dependencia respondió: “el espíritu del Gobierno del Estado de Puebla de proporcionar servicios de calidad, teniendo como principio el interés público, para lograr mayor eficiencia, eficacia y calidad en los servicios que proporciona”.
La obra adjudicada forma parte del proyecto incluido en el contrato PPS, que tendría que ser financiado en su totalidad por la empresa contratista.
Al cuestionarle mediante la Ley de Transparencia, la dependencia, aún teniendo al frente al hoy candidato morenovallista, Antonio Gali, primero negó la información sobre las etapas en que se dividió el proyecto y meses más tarde explicó que:
“El Centro Integral de Servicios (CIS) está contemplado como un proyecto integral tal como lo establece el artículo 2 fracción XXIII de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado Libre y Soberano de Puebla, que a la letra dice:
“ARTÍCULO 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá por:
“XXIII.- Proyecto para Prestación de Servicios: Proyecto en que un inversionista proveedor se obliga a prestar, a largo plazo, con financiamiento privado, uno o varios servicios consistentes de manera enunciativa en el diseño, disponibilidad de espacio, operación, mantenimiento o administración, sobre bienes propios o de un tercero, incluyendo el sector público, o provea dichos activos por sí o a través de un tercero, incluyendo el sector público, a cambio de una Contraprestación pagadera por la Contratante por los servicios proporcionados. Para efectos de esta ley, se entenderá como largo plazo, aquellos que involucran diversos ejercicios fiscales…”
“De lo anterior se desprende que la misma Ley no señala etapa alguna, que si bien es cierto, señala uno o varios servicios como diseño, disponibilidad, mantenimiento, etc., esto no indica que se den por separado, sino dentro de un mismo proyecto; entendiendo como tal un conjunto de pasos que tienen como finalidad un todo, por tanto es indivisible”.
Pero de hecho sí hubo una primera etapa, pues mientras se adecuaba el marco normativo y se aprobaban la ley y el reglamento correspondiente para poder lanzar la licitación en forma, se licitó la construcción de un estacionamiento de mil plazas, bajo el esquema de obra pública y un costo de 192 millones de pesos, y quedó a cargo de la empresa española Acciona.
A diferencia de la obra OP/ADE/SI-20120020, el trabajo de Acciona se hizo al margen del contrato PPS pues se licitó, adjudicó y construyó antes de que iniciaran los trabajos que corrieron a cargo de Grupo Técnico Constructor y las empresas copartícipes.
En julio de 2012 la dependencia aseguraba a este reportero que hasta ese momento el avance en la construcción del CIS, que se esperaba estuviera concluido en enero de 2013, era del 14.7 por ciento y que no se había entregado un solo peso a empresa alguna.
“Le informó que con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado Libre y Soberano de Puebla (PPS), se menciona que la Contratante no pagará ninguna Contraprestación al Inversionista Proveedor, en tanto los activos no se construyan y se disponga de los mismos; por lo que para este tipo de modalidad por el que fue contratada la obra no se ha realizado ningún pago”.
Lo que la Secretaría omitió fue que para ese momento ya se le había adjudicado de manera directa un contrato por 299.9 millones de pesos por la vía de la obra pública para financiar la construcción del conglomerado de edificios a una de las empresas copartícipes.
Por último, resalta el hecho que si bien el contrato para la construcción del CIS fue firmado con Grupo Constructor de Primer Nivel teniendo a Salvador Padilla Kroeninger como representante legal, en el Listado de Contratistas Calificados y Laboratorio de Pruebas de Calidad del gobierno del estado, fechado en octubre de 2012, la empresa tenga registrado como representante legal a Juan Manuel Medina Bruzaferri.
También llama la atención que en el listado de contratos firmados en el 2012 que la Secretaría de Infraestructura tiene para consulta en la página de internet no aparezca el contrato aquí citado.
Pero, a pesar del contrato multicitado por 300 millones de pesos –prácticamente el 25 por ciento del total estimado para la obra— fue necesario que la empresa Alfa Proveedores y Contratistas de Puebla (Apycsa), propiedad de Julian Abed Rouanett se incorporara a los trabajos del CIS.
De acuerdo con el entonces secretario de Infraestructura, Gali Fayad, la incorporación fue en calidad de coadyuvante de la obra. Como se esperaba, la obra se entregó justo a tiempo para que el gobernador Rafael Moreno Valle rindiera su Segundo Informe de Labores en ese sitio, ceremonia a la que por cierto acudió como invitada de honor la entonces dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo.
Grupo Técnico Constructor SA de CV
Grupo Constructor de Primer Nivel SA de CV
Construcción y Proyectos de Alto Nivel SA de CV
MGB Constructora SA de CV
MAGGSA Constructora SA de CV
Solicitudes de información presentada a la Secretaría de Infraestructura
Folio/Fecha en que fue presentada