Roberto Alonso*

Todo depende, sí, del lugar desde el que se mira. No es lo mismo observar la entrada en vigor de una norma desde el mirador de quien está a su cargo que desde el balcón de quien se ve afectado por ella. A quien la pone en marcha le cobija el marco legal que le da fundamento, mientras que su implementación resulta perjudicial para quien prefiere conservar el estado de cosas.

Tiene razón Irene Levy, presidenta de Observatel, al escribir que el nombre del juego que se ha desatado con el aplazamiento del apagón analógico en Tijuana –primera ciudad en México y en América Latina en llevarlo a cabo- es “mantener el statu quo”. De otra forma no es creíble que las televisoras y actores satélite hayan aprovechado este momento del proceso para magnificar en sus coberturas noticiosas las molestias de un segmento reducido de la población y emprender una cruzada en contra del presidente de la institución a la que se le designó conducir el tránsito a la televisión digital terrestre.

¿O cómo entender que frente a un resultado que superó la meta prevista se pida la renuncia de su responsable? La meta de 90 por ciento de penetración digital que se había fijado la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fue superada, y así lo reconoció en su discurso el propio presidente, Enrique Peña Nieto, al destacar que la señal digital alcanzó a 93 por ciento de la población de Tijuana. Llama la atención, por tanto, la crítica del diputado del Partido Verde, Javier Orozco Gómez, hacia el titular de la Cofetel, Mony de Swaan, a quien le dedicó la siguiente línea: “lo único que le queda, si tiene dignidad, es renunciar.”

Por cierto, Orozco Gómez, quien ha asumido como bandera la defensa del derecho a la información de los habitantes de la ciudad fronteriza que se vieron afectados con el apagón dictaminó en 2005 la Ley Televisa. En su hoja de vida figura, además, haberse desempeñado como colaborador de Javier Tejado Dondé, funcionario de Televisa que reconoció públicamente la decisión que tomaron las televisoras de remitir a la presidencia municipal de Tijuana a los televidentes que se quedaron sin programación, lo que dio pie al conflicto engrandecido toda vez que dicha autoridad carece de atribuciones para responder los reclamos.

¿O cómo entender al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), Alejandro Puente, quien dos días después del apagón expresó que éste había sido un “desastre por la falta de organización de la Cofetel”, proponiendo, de igual modo, la renuncia de su presidente?

A estos actores se les puede identificar claramente como representantes de aquellos grupos de poder de facto que han buscado por una y otra vía impedir la competencia en el mercado de la televisión. Preocupa que una institución como el Instituto Federal Electoral (IFE) y que un partido político que ha criticado en reiteradas ocasiones a los actores dominantes de este sector como lo es el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hayan caído en el juego con el que el poder mediático dobló a las instituciones una vez más.

De manera sorpresiva, el Comité de Radio y Televisión del IFE colaboró con la jugada solicitando el restablecimiento de la transmisión analógica de las señales de televisión hasta la conclusión de la jornada electoral del 7 de julio luego de recibir del órgano electoral de Baja California un requerimiento en tal sentido, sustentado en la crisis mediática creada. Enseguida, sin consultar a la Cofetel, el Comité de Radio y Televisión del IFE -el mismo que exentó a las televisoras del bloqueo de sus señales para la difusión de spots locales dirigidos específicamente a los votantes de los 14 estados donde habrá elecciones este año- cedió a las presiones y atendió de inmediato la queja de un grupo poblacional minúsculo, comparado al de las 14 entidades en disputa electoral.

Por su parte, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, celebró el aplazamiento del apagón analógico y manifestó que había sido “un error” que se haya realizado “sin tener la certeza de que se haya tenido la totalidad del universo de los televidentes”. El dirigente del sol azteca soslaya que en los diferentes países donde se ha bajado el switch de la señal analógica no se ha logrado una cobertura total. Más aún y como se ha subrayado, ni siquiera la señal analógica de televisión abierta llega al 100 por ciento de los hogares mexicanos. Esto no justifica que un porcentaje de la población, aun pequeño, quede excluido de un servicio gratuito, sin embargo, ayuda a comprender que su atención debió haberse focalizado, sin detener la transición.

El apagón analógico supone la devolución de espectro radioeléctrico al Estado para ofrecer servicios de banda ancha de cuarta generación y el establecimiento de condiciones para impulsar la competencia en la televisión abierta con la licitación de dos nuevas cadenas de televisión a ser transmitidas digitalmente. Ambos procesos están comprometidos con la reforma en materia de telecomunicaciones y ambos son adversos a la lógica comercial de empresas como Televisa.

Cumplir con la ley, con una política pública que marca como fecha definitiva para el apagón analógico en todo el país el último día de 2015 y que ha requerido de un calendario de apagones regionales -Tijuana el primero- no es un error. Error es torcer la ley a modo, impedir su cumplimiento y doblarse ante las presiones. Error fue meter reversa luego de haber planteado una solución proporcional al tamaño del problema.

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

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