Giovanni Velázquez | Desinformémonos

Vícam, Sonora. Autoridades tradicionales y el pueblo yaqui se mantienen firmes y anuncian acciones más contundente a más de una semana del inicio del bloqueo de la carretera internacional número 15 (México-Nogales) a la altura del pueblo de Vícam. Esta acción es una respuesta a la negativa del gobierno estatal a detener la operación del Acueducto Independencia, cuya ejecución extrajo ilegalmente los primeros volúmenes de agua de la presa El Novillo.

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La extracción comenzó a principios de mayo, a pesar de que el gobierno estatal no cuenta con los permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el trasvase y de que tiene en contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ratificó el amparo a favor de la Tribu en contra del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), instrumento necesario para el funcionamiento legal de la obra.

El 8 de mayo, la SCJN resolvió en su primera sala otorgar la seguridad del Estado a las autoridades tradicionales del pueblo de Vícam, a través del expediente 631/2012 por la violación de su derecho a la consulta por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, ni el gobierno de Sonora ni las autoridades federales giraron las instrucciones para detener la construcción del Acueducto Independencia; por el contrario, hicieron caso omiso al mantener encendidas las bombas que la misma Conagua habilitó para perpetuar el robo del agua del Río Yaqui.

La tribu yaqui, desde que se anunció la construcción de la obra a través de los medios de comunicación –nunca directamente a ellos-, ha denunciado el despojo del agua necesaria para su existencia, la ilegalidad de la obra y, sobre todo, la pretensión de exterminar a su pueblo por parte de Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, respaldado en su momento por Felipe Calderón y ahora por Enrique Peña Nieto – quien no se ha pronunciado ni visitado la entidad para responder a las promesas de su campaña electoral.

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Como en septiembre de 2011 y noviembre de 2012, la Tribu ejerce su derecho a la protesta al realizar bloqueos intermitentes de la carretera, los cuales (a medida que pasa el tiempo y siguen sin tener respuesta de ninguna instancia responsable) se hicieron permanentes sobre la carretera, caminos vecinales y brechas que comunican el sur con el norte del estado. La carretera está en una parte del territorio reconocido como propiedad de los yaquis por decretos presidenciales en 1937 y 1940. La vía de comunicación es un préstamo de tierras, pero el territorio sigue siendo de la Tribu.