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Emilio Godoy | IPSNoticias

La última vez que el mexicano Enrique Rangel oyó a su hermano Héctor fue la noche del 10 de noviembre de 2009, cuando lo llamó para contarle que no había llegado el cliente que le debía dinero y que unos policías municipales lo habían detenido.

“Ya no supimos más de él”, contó Enrique Rangel, en uno de los 13 testimonios que nueve jurados escucharon en esta capital el martes 28 y este miércoles 29, en la pre-audiencia “Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México: una política permanente del Estado”.

Los testimonios se enmarcan en los trabajos del capítulo mexicano del Tribunal Popular de los Pueblos (TPP),  lanzado en 2011. Los jurados de cada pre-audiencia temática entrega sus conclusiones para una gran audiencia general, que se realizará en 2014 y emitirá un veredicto sobre la actuación del Estado mexicano.

Héctor Rangel desapareció en la ciudad de Monclova, en el norteño estado de Coahuila. “Cuando fuimos allí los policías nos dijeron que unos compañeros suyos lo habían detenido, que ya había pagado la multa y que se lo habían llevado para una revisión”, explicó Enrique Rangel a IPS

“¿Pero pagar una infracción a medianoche? Luego nos dijeron que mejor nos fuéramos”,  explicó este hermano, residente en la central ciudad de Querétaro.

Desde 2007, conforme se intensificó la campaña militar en contra del narcotráfico en México, recrudecieron las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, hasta convertirse en una tragedia humanitaria.

Tradicionalmente, en este país latinoamericano las desapariciones forzadas se achacaban a los organismos de seguridad y a denunciados grupos paramilitares.

Ahora esa práctica adquiere otro ropaje por el influjo de las bandas delictivas que, alegan activistas de derechos humanos, actúan en ocasiones en contubernio con cuerpos policiales o militares.

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