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Amnistía Internacional

Más de tres años después del devastador terremoto de Haití, que se cobró la vida de más de 200 mil personas y dejó a sin hogar a unos 2,3 millones, decenas de miles de familias viven todavía en refugios. La mayoría de estas personas son mujeres y niños. La vida de quienes perdieron su hogar ha sido sumamente difícil. A duras penas han conseguido buscarse el sustento y mantener a sus familias, sin apenas acceso a agua potable, saneamiento, atención de la salud, educación y otros servicios básicos.

El número de personas desplazadas internamente y el número de campamentos provisionales ha ido descendiendo desde julio de 2010 (de un máximo de 1,5 millones de personas residentes en 1.555 campos a 320 mil 51 personas residentes en 385 campos al final de marzo de 2013, según la OIM).

Miles de familias han abandonado los campamentos y aceptado otras formas de alojamiento proporcionado por distintos proyectos y programas. No obstante, los desalojos forzosos parecen haberse convertido en un importante factor determinante de la reducción del número de personas residentes en campamentos.

El informe «‘Nowhere to go’: Forced evictions in Haiti’s camps for displaced people» está basado en tres visitas de investigación realizadas por delegados de Amnistía Internacional a Haití en 2011 y 2012 y centradas en los desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del desplazamiento ocurrido tras el terremoto en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

El informe es parte de Exige Dignidad, campaña de Amnistía Internacional centrada en las violaciones de derechos humanos que generan y agravan la pobreza. La organización está prestando especial atención a las violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas que viven en asentamientos informales y precarios y pide a los gobiernos que pongan fin a los desalojos forzosos.

Las normas internacionales de derechos humanos disponen que sólo deben llevarse a cabo desalojos como último recurso y tras haber establecido una lista completa de garantías de procedimiento, entre ellas: consulta genuina con las personas afectadas para buscar alternativas factibles al desalojo, aviso previo adecuado e indemnización y vivienda alternativa adecuada a quienes no puedan conseguirla por sus propios medios. En Haití no se está aplicando ninguna de estas garantías.

Sin embargo, los desalojos forzosos están empeorando en Haití la ya desesperada situación de los millares de personas que siguen viviendo en campamentos para desplazados más de tres años después del devastador terremoto de enero de 2010, ha explicado Amnistía Internacional con motivo de la presentación del informe ‘Nowhere to go’: Forced evictions in Haiti’s camps for displaced people.

 “Los llamamientos que han hecho Amnistía Internacional y otras ONG para que se detengan los desalojos forzosos no se han atendido: el gobierno haitiano no sólo no ha puesto fin a los desalojos, sino que incluso ha permitido que aumenten desde comienzos de este año”, ha manifestado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

Casa un millar de familias han sido desalojadas a la fuerza de su hogares entre enero y marzo de este año, lo que supone un giro radical con respecto a 2012, cuando descendió el número de desalojos forzosos, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Estas 977 nuevas familias se suman a las al menos 60.978 personas que fueron desalojadas a la fuerza entre julio de 2010 y el final de 2012. Muchos de estos desalojos forzosos han sido llevados a cabo o aprobados por las autoridades.

 “Los desalojos forzosos amenazan a casi la cuarta parte de las más de 320.000 personas que siguen viviendo en campamentos más de tres años después del terremoto”, ha señalado Zúñiga.

 “Estamos ante una situación de violaciones continuas de derechos humanos, que causan gran sufrimiento. Quienes más han padecido los efectos del terremoto han sido las personas que vivían en condiciones de extrema pobreza. Residen en campamentos, donde soportan terribles condiciones de vida y, por si esto fuera poco, corren el riesgo de sufrir desalojos forzosos y, a la larga, de quedarse una vez más de sin hogar. Cada vez les cuesta más encontrar un lugar nuevo donde rehacer su vida y medios para ello.”

Es la situación en que viven personas como Cléane Etienne, a quien la policía desalojó a la fuerza en enero del campamento de Fanm Koperatif, en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Perdió no sólo su refugio, sino también todas sus pertenencias, incluido el material que necesitaba para llevar un pequeño negocio.

Suze Mondesir, quien residía también en el campamento de Fanm Koperatif, cuenta así la terrible experiencia que vivió su familia: “Alrededor de las diez de la mañana llegaron al campamento un grupo de agentes de policía acompañados de hombres armados con machetes y cuchillos. Nos insultaron y comenzaron a derribar nuestras tiendas. Los hombres nos zarandearon, y la policía nos intimidó con sus armas para que no hiciéramos nada.»

Este tipo de testimonios recogidos en el informe muestran que los desalojos forzosos van a menudo acompañados de intimidación, hostigamiento y violencia sistemáticos. En la mayoría de los casos, los refugios provisionales y las pertenencias de las personas desalojadas quedan totalmente destruidos.

No obstante, los desalojos forzosos son sólo uno de los aspectos del problema existente en Haití en relación con el derecho a una vivienda adecuada.

Las condiciones de vida en los campamentos de desplazados se han ido degradando constantemente. Debido a la falta de acceso a servicios como agua, saneamiento y recogida de basuras, los residentes están expuestos contraer enfermedades infecciosas. La ausencia de seguridad hace que teman constantemente por su vida, especialmente en el caso de las mujeres y las niñas, muchas de las cuales han sido víctimas de violencia sexual.

La vivienda era un problema crónico en Haití incluso antes del terremoto, cuando las organizaciones internacionales calculaban que había un déficit de 700.000 casas, siendo la población de Haití de poco más de 10 millones de habitantes.

Consciente de que es preciso abordar de manera exhaustiva esta situación, el gobierno haitiano está elaborando en la actualidad la primera política del país en materia de vivienda.

 “Acogemos con satisfacción que el gobierno vaya a proponer por primera vez una estrategia nacional de desarrollo del sector de la vivienda y esperamos que en la nueva versión de la propuesta se rectifiquen algunos aspectos de la anterior a fin de garantizar que esta política permite hacer efectivo en Haití el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas”, ha afirmado Zúñiga.

 “La enorme labor de recuperación del terremoto que se está realizando en Haití es una oportunidad de abordar el problema de la vivienda. Sin embargo, para ello las autoridades deben situar los derechos humanos en la base de sus planes de reconstrucción.”