Roberto Alonso*

Si algo quedó claro con la difusión de las declaraciones patrimoniales de Enrique Agüera y Tony Gali fue que la disputa electoral por la capital es una contienda entre millonarios. El ex secretario de Infraestructura fue el primero en hacer público un patrimonio que asciende a 77.4 millones de pesos. Acto seguido el ex rector de la BUAP dio a conocer un patrimonio valuado en 19.5 millones de pesos. A manera de contexto, el actual presidente municipal declaró en 2011 un patrimonio de 4.3 millones de pesos, mientras que el gobernador reportó 23.4 millones de pesos en 2012.

Por sí solas las cifras son escandalosas y han derivado en comentarios y análisis diversos, pero llaman la atención aquellas opiniones que minimizan las fortunas de los candidatos a la alcaldía a partir de la creencia de que contar con tales patrimonios exentaría a ambos personajes de un escenario de enriquecimiento ilícito.

El razonamiento detrás de estos cándidos análisis es que frente a riquezas como las de Agüera y Gali existen menos probabilidades -si no es que son nulas- para que uno u otro busquen la presidencia de Puebla con la finalidad de acrecentar, todavía más, sus bienes. Lo que no dimensionan dichas apreciaciones es que los candidatos de las coaliciones 5 de Mayo y Puebla Unida tienen un pasado común: haber optado por el servicio público como actividad profesional principal, una labor que no genera los dividendos difundidos si se realiza dentro de los márgenes de la ley.

Es cierto que Agüera y Gali están involucrados en actividades empresariales que han impactado favorablemente en su patrimonio con el paso de los años. Sin embargo, la escasez de información de sus declaraciones patrimoniales levanta sospechas sobre el origen de su fortuna.

En el caso del candidato de la alianza entre el PRI y el Partido Verde sobresale que 84 por ciento de sus ingresos anuales netos haya correspondido en el último año al concepto “remuneraciones vitalicias empresariales”, en tanto que sólo 16 por ciento haya obedecido a la remuneración por su cargo de rector. En el caso del candidato abanderado por el PAN, el PRD, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla resalta que no especifica el número ni el tipo de los bienes muebles e inmuebles que posee.

Un elemento comparativo a considerar es que el patrimonio de 77.4 millones de pesos declarado por Gali incluye el de su esposa y sus hijos, mientras que la suma de 19.5 millones de pesos documentada por Agüera no contiene los bienes de su familia. No obstante y en estricto sentido, al tener diferentes criterios para hacer pública la información patrimonial las declaraciones de los candidatos no son comparables entre sí.

Las declaraciones patrimoniales no son una graciosa concesión de los funcionarios. Tanto la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como -en el plano local- la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla obligan su presentación “con oportunidad y veracidad” dentro de los sesenta días siguientes a la toma de posesión de un cargo y dentro de los treinta días posteriores a su conclusión, así como un reporte anual de su situación vigente. A discreción e interés del servidor público queda hacer pública la declaración, posibilidad que puede adquirir formas tan variadas como la presidencial, con la que Enrique Peña Nieto hizo público pero el ocultamiento de sus bienes, simulando transparencia.

Resulta positivo que los dos candidatos punteros a la alcaldía de Puebla hayan revelado información sobre su patrimonio toda vez que el pasado de cada uno de ellos con la transparencia no les ayuda como carta de presentación.

Si bien la BUAP ha obtenido diferentes reconocimientos por el manejo transparente de sus finanzas, no ocurre lo mismo con las solicitudes de información que recibe ni con la propia información patrimonial de quien fuera su rector, que desapareció de la página de la universidad en días pasados. Por lo que toca al ex funcionario del gobierno estatal no puede soslayarse que en poco más de dos años de gestión al frente de la Secretaría de Infraestructura suscribió 11 acuerdos de reserva, siendo su dependencia la que más acuerdos de esta naturaleza firmó en los primeros dos años de la administración morenovallista.

Las declaraciones patrimoniales son una medida de control orientada a evitar la corrupción -entendida como apropiación privada de lo público- y favorecer la rendición de cuentas. De lo anterior se sigue que no sólo importa conocer el detalle de los bienes sino eventuales conflictos de interés que podrían presentarse al ejercer los recursos públicos, incluida la autoridad como rasgo del poder. Los compromisos con la publicidad y la transparencia deben ser serios y no volverse letra muerta. De ellos depende que un gobierno sea democrático o simplemente aparente serlo.

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

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