Roberto Alonso*

Cuando los gobernantes y la sociedad confunden la tarea de gobierno con la promoción de ésta, con la capacidad de aparecer en espectaculares, prensa impresa, spots en radio y televisión, y anuncios en Internet se generan abusos graves. Con un alto nivel de discrecionalidad, que en ocasiones toma la forma de actos de arbitrariedad que lesionan la libertad de expresión, los gobiernos ejercen recursos públicos millonarios de forma opaca y con beneficios particulares.

Esta es la conclusión del informe El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas, elaborado por Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. En su título el documento revela la distorsión que existe entre publicidad oficial y legitimidad. Si la segunda se obtiene con fuertes cantidades de dinero se produce y reproduce un modelo perverso.

La publicidad oficial es una herramienta al alcance de los gobiernos para comunicarse con la sociedad, lo que supone, más allá de difundir el quehacer gubernamental, propiciar el debate público sobre asuntos colectivos. La publicidad oficial se funda en el derecho a saber de la sociedad y en la obligación que tienen los gobiernos de informar, explicar y justificar sus acciones. Se ha convertido, no obstante, en propaganda, en promoción personalizada a costa del erario público -la sociedad financia proyectos personales- e incluso en un mecanismo de censura.

De acuerdo con la segunda edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas contenido en el informe referido, 27 entidades gastaron 4 mil 518 millones de pesos en este rubro durante 2011, equivalentes casi al doble del monto destinado a la producción y distribución de todos los libros de texto del país. Más aún. En 2010 y 2011 casi las dos terceras partes de los estados erogaron más de lo que sus respectivos congresos aprobaron para el gasto en publicidad oficial. En 2010 fueron 19 estados, 13 de los cuales registraron sobreejercicios superiores a los 10 millones de pesos. De los 18 estados que gastaron más de lo presupuestado en 2011, fueron 15 los que superaron los 10 millones de pesos.

Con base en el mismo índice, construido a partir de solicitudes de información a los 31 estados y al Distrito Federal, únicamente dos entidades -Colima y el Estado de México- proporcionaron la información requerida con el desglose de los recursos ejercidos en publicidad oficial, mientras que el Distrito Federal y siete estados -Puebla entre ellos- no entregaron información alguna, salvo la que se pudo obtener en ciertos casos después de interponer recursos de revisión ante los órganos locales de transparencia. El resto de estados entregaron información incompleta, con lo que 30 de las 32 entidades federativas ocultaron el detalle del gasto en publicidad oficial en mayor o menor medida. La opacidad como regla.

En comparación con la primera edición del índice, dado a conocer en 2011, hubo una ligera mejoría disminuyendo el número de entidades que no entregaron información y aumentando la cifra de estados que respondieron con más detalle sobre los presupuestos aprobados y asignados para publicidad oficial, y el desglose por proveedor, medio y campaña o concepto. Sin embargo, las prácticas para limitar el acceso a esta información siguen vigentes, entre ellas: declarar la inexistencia de la información, reservar la información y condicionar su acceso a la modalidad de consulta directa en las oficinas de la dependencia.

Por lo que toca a la discrecionalidad el índice revela que casi ninguna entidad cuenta con documentos que definan los criterios para la asignación de la publicidad oficial. Sólo cuatro estados -Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz- tienen una norma específica, aunque su naturaleza jurídica debilita su implementación. La distribución de la publicidad oficial, en consecuencia, es inequitativa, siendo la televisión y la prensa escrita los medios más beneficiados con casos extremos como el de Puebla, donde 63% del gasto llegó a las arcas de las televisoras.

Puebla no sale bien evaluada en el índice 2012. Junto con Coahuila, el Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz forma parte de las ocho entidades que no entregaron información alguna acerca del gasto en publicidad oficial. En el índice anterior tampoco entregó la información solicitada, razón por la que se encuentra en condiciones críticas de opacidad al lado de Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Tabasco y Tamaulipas. Tras los recursos de revisión interpuestos se logró obtener cierta información, no obstante limitada. Si bien el monto erogado en publicidad oficial ha disminuido, la opacidad, la discrecionalidad y el uso arbitrario de los recursos siguen.

Una radiografía local acompaña al índice: con la alternancia en el gobierno del estado hubo un reacomodo en el paisaje mediático. La administración del gobernador Rafael Moreno Valle ha favorecido con grandes sumas de recursos a los medios cuyas líneas editoriales son afines a su comunicación social, en tanto que ha recortado y desaparecido los presupuestos que recibían los medios que le son incómodos. La dramática y nociva realidad es que del total de ingresos que reciben los medios poblanos, entre 80 y 90 por ciento proviene de recursos públicos.

El informe de Artículo 19 y Fundar pone en relieve la necesidad de regular un problema estructural como lo es el gasto millonario, opaco y sin control que ejercen los gobiernos con la publicidad oficial. A nivel federal tanto el PAN como el PRD han presentado iniciativas para tal efecto. Previo a su llegada a Los Pinos, Enrique Peña Nieto prometió entregar una iniciativa y no lo ha hecho. El compromiso 95 del Pacto por México es el de crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en los medios. A nivel local, el diputado con licencia Juan Carlos Espina presentó en noviembre una iniciativa para regular la publicidad oficial en Puebla. Es hora.

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

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