Roberto Alonso*

A la evaluación que hizo el año pasado la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), al análisis sobre el Reglamento de la nueva Ley de Transparencia, a la valoración sobre el papel que ha desempeñado la CAIP en los últimos meses y al reciente estudio sobre publicidad oficial elaborado por Artículo 19 y Fundar hay agregar la radiografía hecha por el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla sobre el estado de la transparencia a nivel local.

Con el objetivo de conocer cuántos acuerdos de reserva de información pública ha suscrito el gobierno de Rafael Moreno Valle, este grupo de trabajo de Actívate por Puebla solicitó a 34 dependencias y entidades esta información en dos periodos, del 1 de febrero de 2011 al 2 de agosto de 2012 y del 1 de agosto de 2012 al 6 de febrero de 2013, requiriendo copia digital de cada uno de los acuerdos.

Al día de hoy es posible saber que el gobierno estatal tenía 46 acuerdos de reserva hasta el 6 de febrero de 2013, cifra que equivale a un promedio de dos acuerdos por cada mes de la administración morenovallista.

Asimismo, a partir de este ejercicio de solicitudes de información pública se tiene registro de que si bien son 16 las dependencias y entidades que han suscrito dichos acuerdos de reserva, son cuatro secretarías -la de Infraestructura, la de Seguridad Pública, la de Finanzas y la de Transportes- las que concentran 63 por ciento del total de acuerdos, siendo la Secretaría de Infraestructura la que más acuerdos de reserva tiene con 11.

Otros datos interesantes que arrojó el ejercicio son los siguientes: el tiempo promedio de respuesta del gobierno del estado a las solicitudes de información pública es de 10.15 días hábiles, ligeramente por arriba del límite del plazo que establece la Ley de Transparencia para contestar sin hacer uso de la prórroga; por otra parte, la tasa de uso de la prórroga o ampliación del plazo de respuesta es variable, ya que mientras en el primer periodo medido recurrieron a la prórroga 10 de 34 sujetos obligados, en el segundo periodo lo hicieron sólo cuatro de 33. El número de sujetos obligados pasó de 34 a 33 debido a que el Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla desapareció como sujeto obligado.

En el primer periodo de solicitudes llamó la atención la ampliación del plazo a la que recurrieron la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, y el Instituto Poblano de las Mujeres, toda vez que ninguna de estas instituciones contaba con acuerdos de reserva, transgrediendo la Ley de Transparencia.

Lo que las malas prácticas que existen en las dependencias y entidades de la administración morenovallista impidieron conocer de forma ágil, expedita y utilizando en toda su potencialidad los avances tecnológicos -como debe ser el régimen del acceso a la información pública- fue la totalidad de los temas que abarca la información pública reservada. A diferencia del primer periodo de solicitudes, en el que se pudieron obtener en su versión digital 14 de los 28 acuerdos de reserva que el gobierno estatal había suscrito para ese entonces, en el segundo periodo únicamente se consiguió de forma electrónica uno de los 18 acuerdos firmados con posterioridad.

La disminución del porcentaje de éxito en la obtención de la versión digital de los acuerdos de reserva entre uno y otro periodo, de 50 a 5.5 por ciento, está asociada con la identificación de una práctica que se ha vuelto común entre las dependencias y entidades del gobierno estatal con el fin de obstaculizar el acceso a la información pública: poner a disposición del solicitante la información bajo la modalidad de consulta directa, en las oficinas respectivas, argumentando que carecen de la información digitalizada.

Como lo sostiene el Nodo de Transparencia, esta práctica es violatoria del derecho que otorga la Ley de Transparencia de elegir la modalidad de entrega de la información pública, además de que contraviene principios constitucionales que regulan el acceso a la información pública y los alcances de un derecho que supuso, con su llegada a la Constitución, el aprovechamiento de las capacidades tecnológicas en beneficio de las personas.

El llamado del Nodo de Transparencia es triple: a las dependencias y entidades del gobierno poblano se les exige dejar de hacer uso de estrategias que dificultan el acceso a la información pública y favorecer, en todo momento, a quienes la solicitan; a la CAIP se le pide, como órgano garante, atender con urgencia el asunto; en tanto que al Congreso del estado se le exhorta a eliminar de la Ley de Transparencia la ratificación del recurso de revisión, mecanismo innecesario que ha entorpecido, igualmente, el acceso a la información pública. Desde la publicación de la nueva Ley de Transparencia de Puebla se ha desechado alrededor de 25 por ciento de los recursos porque no se han ratificado.

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

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