Foto: Archivo | Lado B

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En 2011, el primer año de gobierno de Rafael Moreno Valle, la televisión, especialmente la empresa Televisa, fue la gran beneficiada en la compra de espacios publicitarios al concentrar el 63 por ciento del gasto destinado a “publicidad oficial”, una cifra que ubica al estado como la entidad que destinó el mayor porcentaje a ese medio de comunicación en ese año, según revela el informe que hoy dan a conocer las organizaciones Fundar y Artículo 19.

Y aunque el gobierno del mandatario poblano hizo público –tras la presión mediática que se registró en los primeros meses del 2012— el gasto en los últimos años de su predecesor, y que hubo alertas sobre la posibilidad de que se hubiera entregado recursos a posibles empresas fantasmas, no hubo sanción o investigación alguna.

Millones y millones

El estudio comparativo, realizado a través de solicitudes de información que se presentaron a los 32 estados y el Distrito Federal, revela que a nivel país hay no sólo un gasto desmedido en el rubro, pues documentaron más de 4 mil 518 millones de pesos, gasto que equivale casi al doble del monto de la producción (y distribución) de todos los libros de texto gratuitos del país; sino además muchas resistencias para hacer pública la información.

De hecho, Puebla junto con Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Tabasco y Tamaulipas fueron catalogados como los estados “campeones de la opacidad”, pues en los dos años que Fundar y Artículo 19 han realizado el “Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial” han obtenido una calificación constante de cero, al no entregar la información respectiva.

El estudio revela también que “las prácticas para limitar el acceso a la información siguen vigentes: se declara la reserva de la información, la inexistencia o piden que la misma se vaya a recoger directamente en las oficinas de las dependencias”.

Esta última práctica ha sido severamente cuestionada en el estado por Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada de Transparencia en Puebla.

También se da a conocer que el recurso de revisión, es decir la herramienta que tienen los ciudadanos para impugnar las respuestas que entregan los gobiernos y sujetos obligados cuando estas no son satisfactorias, “no es expedito ni garantiza el derecho de acceso a la información”.

Retrocesos

En su informe, Fundar y Artículo 19 dan a conocer que, si bien en términos general se registró una mejoría con respecto a los resultados obtenidos en su primer estudio, se detectaron retrocesos en cinco entidades federativas: Distrito Federal, Morelos, Veracruz, Sonora y Tlaxcala.

“Esta situación requiere particular atención pues estas prácticas podrían significar retrocesos en términos generales en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información en esas entidades, o pérdida de capacidad institucional para atender el acceso a la información”.

“Otros estados simplemente no han sido capaces de generar mejores condiciones de acceso a la información y se quedaron igual que en el índice 2011. Existe particular preocupación por las condiciones críticas de opacidad en Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Tamaulipas, que han mantenido un constante 0”

El problema, advierten las organizaciones, es que “el uso indebido, arbitrario de la publicidad oficial impacta en la libertad de expresión y el derecho a saber. Condiciones que fomentan la censura sutil”.

También señalan que se genera “una dependencia financiera de los medios al presupuesto público”, y que al destinarse, sin criterios claros de distribución, “contratos millonarios destinados a pocos medios que afecta el pluralismo”.

En Puebla, sin sanción

El estudio retoma información que fue dada a conocer por el gobierno de Rafael Moreno Valle en junio del 2012, cuando se hizo público un listado del gasto en comunicación social de la segunda mitad del sexenio de Mario Marín y el primer año del gobierno de Rafael Moreno Valle.

Las organizaciones señalan que a pesar de que tras la revelación de la información, que por años se mantuvo bajo resguardo, se habló de empresas fantasmas y prestanombres que recibieron recursos públicos “no existe ningún tipo de investigación o sanciones que se derivan de estas evidencias”.

Por ello, Fundar y Artículo 19 sostienen: “para que el ejercicio transparente del poder se transforme en un ejercicio de calidad de los recursos públicos es imprescindible que los abusos no solamente se detecten, sino también que se sancionen. La impunidad y una rendición de cuentas débil en los estados favorecen el desarrollo del uso irracional, incongruente y hasta ilegal de los recursos”.

Y cuestionan: “Después de analizar estos resultados, es legítimo preguntarse ¿qué hacen los congresos estatales para monitorear el ejercicio del presupuesto en materia de publicidad oficial? o ¿Cómo las contralorías estatales fiscalizan estos gastos?”.