Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El pasado 10 de octubre la Secretaría de Salud del estado informaba a este reportero que para poder conocer el número de unidades médico dentales, el costo, la fecha de compra y el nombre de la empresa proveedora era necesario presentarse en las oficinas de las dependencia para que la documentación fuese mostrada, pues “debido al gran volumen” de la misma era imposible enviarla en formato electrónico. El 5 de marzo de 2013, cinco meses después la dependencia envió vía correo electrónico la información solicitada concentrada en un pequeño cuadro que no ocupa ni una hoja tamaño carta.

La situación, expuso Blanca Lilia Ibarra Cadena, integrante de la Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP), el pasado miércoles muestra como la dependencia encabezada Jorge Aguilar Chedraui utilizó un falso argumento para obligar al solicitante a presentarse en la dependencia para tener acceso a la documentación.

Durante la sesión del pleno de la CAIP, en donde se resolvió el caso desechando (sobreseiendo) el recurso pues al final la información fue entregada, Ibarra Cadena incluso puso sobre la mesa la posibilidad de que el organismo notificara a la Contraloría que se actúo con “negligencia, dolo y mala fe” –como se establece en el artículo 97 de la ley de transparencia— en la entrega de la información. Aunque la propuesta fue ignorada por el resto de los integrantes de la comisión, Javier Fregoso Sánchez y Federico González Magaña.

Cuestionado al concluir la sesión, Fregoso Sánchez, presidente del organismo, sostuvo que antes de llegar a presentar la queja en la contraloría la CAIP deberá “exhortar” a los sujetos obligados para que entreguen la información en tiempo y forma “y que no haya ese tipo de argumentos de que hay limitantes para la entrega”.

“Tenemos que analizar el número de casos, que tan recurrentes son, y también hacer, yo diría de alguna manera, un exhorto a las autoridades respectivas que tengan un grado de incidencia”.

Entregan la información en límite

Durante la sesión también se hizo evidente que los sujetos obligados retrasan hasta el último minuto la entrega de la información.

Ibarra Cadena expuso que para la sesión del pasado miércoles estaban enlistados al menos dos casos más que se iban a resolver y que tuvieron que posponerse pues los Sujetos Obligados entregaron información seis meses después de solicitada, lo que obliga a la comisión a analizarla antes de pronunciarse al respecto.

Al respecto, Fregosos Sánchez sostuvo que se tendrá que analizar la situación y buscar la manera de regular esa entrega extemporánea y de última hora “pero ver el equilibrio entre los sujetos obligados y ciudadanos”.

Por último recordó que la comisión no puede sancionar directamente a los sujetos obligados pues los diputados no les concedieron esa facultad cuando se redactó y aprobó la nueva ley, a pesar de que la propia CAIP lo planteó en un escrito que entregó al Congreso del estado.