De enero del 2011 a junio del 2012, en el estado se conocieron 6 mil 237 casos de violencia contra mujeres y a ninguna se le concedió orden de protección; a nivel país, sólo al 7 por ciento de 58 mil mujeres

Eric David Montero

@ericdmontero

En Puebla más de 500 mil mujeres de 15 años han sufrido algún tipo de violencia en su última relación de pareja de tipo física, sexual, económica y emocional, según datos de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares (Endireh), mientras que en el 2012 la Organización de las Naciones Unidas colocó a la entidad por encima de la media nacional con 48 defunciones femeninas y una tasa de 1.6 por ciento.

Los datos fueron proporcionados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) al presentar su informe anual “Órdenes de protección en México. Mujeres víctimas de violencia y falta de acceso a la justicia”, realizado en coordinación con la asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir, que demuestra la ineficacia de los mecanismos que pretenden salvaguardar la vida e integridad de las mexicanas.

Dicho informe revela que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla conoció 6 mil 237 casos de violencia contra mujeres, de enero del 2011 a junio del 2012, en los cuales no emitió algún tipo de protección con el argumento de que “las agraviadas son las que no optan por estas prerrogativas”.

Rodolfo Domínguez Márquez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), consideró “inverosímil que todas las mujeres víctimas de violencia hayan optado por esta medida. La información proporcionada por las autoridades no permite conocer el proceso por el cual el 100% de las mujeres no solicitó medidas de protección”.

Agregó que en Puebla no se brinda información en este tema y consideró que existe una falta de coordinación entre autoridades, así como la carencia de un marco normativo para brindar protección a las mujeres víctimas de violencia en el estado.

El informe refiere que el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) declaró que las autoridades competentes no están emitiendo las órdenes de protección, toda vez que se han presentado casos en los cuales se ha hecho la denuncia y las mujeres regresan a sus domicilios donde son agredidas nuevamente, al grado de que pueden ser víctimas de feminicidio.

Órdenes de protección, vacío normativo

El OCNF, a través de Infomex, solicitó información a 27 estados, aunque sólo 21 contestaron, así mismo se llevaron a cabo reuniones con autoridades de nueve estados para profundizar sobre la implementación de mecanismos de protección a mujeres. Los estados que no respondieron a la solicitud de información fueron Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí y Tabasco.

De enero del 2011 a junio de 2012 el Observatorio registró que 58 mil mujeres en México fueron víctimas de alguna agresión y sólo el 7 por ciento (4 mil 60) recibió una orden de protección.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, recordó que se ha avanzado en la construcción de un marco normativo y legal en materia de violencia de género, ya que a nivel nacional y en todos los estados que integran el informe hay una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece que las órdenes de protección son contempladas como un mecanismo de protección de carácter individual.

En la Ley General estas medidas son definidas en los artículos 27 al 32 como “actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, las cuales son fundamentalmente precautorias y cautelares”.

Casi en su totalidad las órdenes de protección que fueron otorgadas son de carácter urgente, es decir, se brinda vigilancia de seguridad pública en el domicilio de la víctima, se prohíbe al posible agresor acercarse al domicilio, lugar de trabajo, o de estudio de la mujer agredida, a lo que se debe agregar que sólo son otorgadas por 72 horas.

La también coordinadora del área de Violencia de Género de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir consideró que si los mecanismos de protección fueran eficientes y se hubieran emitido las órdenes en el momento indicado, “muchos de los casos de feminicidio se pudieron haber evitado”.

De acuerdo con datos del OCNF, el 30 por ciento de los casos de asesinatos de mujeres fueron cometidos por familiares o personas cercanas a la víctima.

Rodolfo Domínguez Márquez destacó que en muchas ocasiones para la expedición de las órdenes las autoridades obligan a las mujeres a emprender una acción judicial contra el agresor, aunque esto no está determinado en la norma.

Recordó que hasta ahora las medidas emprendidas sólo limitan algunas acciones de los agresores (como alejarse del domicilio de la víctima), y no garantizan plenamente la seguridad e integridad de las mujeres, como por ejemplo el traslado a un refugio.

Domínguez llamó a una reforma legal para que las órdenes de protección sean de carácter de autónomo (enfocadas a la atención de las mujeres), para que se implementen de manera coordinada por las autoridades que conocen y atienden los hechos de violencia

Agregó que también es necesario armonizar las leyes en cada estado de la República, a fin de que se establezca claramente el proceso mediante el cual se otorgan las medidas de protección.

El análisis realizado al marco normativo de los estados encontró que en casi la totalidad de las entidades no hay una determinación específica de quiénes son las autoridades competentes para emitir una orden de protección.

En el caso de Puebla, según un análisis hecho en el 2011 por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Ibero, las autoridades competentes son los jueces civiles y de lo familiar, por lo que la respuesta de la PGJ a la solicitud de información del OCNF pone de manifiesto la ignorancia de la propia dependencia sobre la Ley.

(Con información de  Anaiz Zamora | Cimac)