Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El gobierno de Rafael Moreno Valle no se ha salvado de las irregularidades que rodean la compra estatal de métodos anticonceptivos. En su primer año de gobierno se destinó al pago de condones, inyecciones, pastillas y dispositivos anticonceptivos 11.7 millones de pesos, pero sólo se tienen facturas que sustentan el gasto de 3.9 millones de pesos.

Los datos fueron proporcionados por la propia Secretaría de Salud a dos solicitudes de información que presentó Lado B al amparo de la Ley de Transparencia.

El 20 de marzo de 2012 el entonces jefe del departamento Eduardo Sánchez Carrillo respondía la solicitud 78212, en el documento se especifica que “el presupuesto asignado al Programa de Planificación Familiar anual, destinado a la compra de anticonceptivos” fue de 11 millones 777 mil 874 pesos.

Sin embargo, 15 días después, el 4 de abril, la dependencia envió a este portal una relación de gastos facturados destinados a la compra de “métodos anticonceptivos (adquiridos con recursos públicos)” en donde se reconoce una erogación de tan sólo 3 millones 919 mil 577 pesos, y se ofreció la consulta directa de las facturas respectivas.

El documento, a diferencia del primero, está firmado por Alfonso E. Letayf Acar, director de operación e infraestructura de la Secretaría de Salud.

Es el mismo documento en donde también se informó que no se hallaron en los archivos las facturas respectivas al gasto de 77 millones de pesos en 2009, como lo dio a conocer hace un par de días Lado B.

Y aunque se solicitó entrevista con funcionarios de la dependencia, y con su titular, Jorge Aguilar Chedraui, para aclarar la situación hasta el momento las peticiones no han sido atendidas.

Las irregularidades detectadas se suman al disparado gasto de 77 millones de pesos que se registró en 2009, cuando la entidad era gobernada por el priísta Mario Marín Torres y la Secretaría de Salud dirigida primero por Antonio Marín y López y más tarde por Alfredo Arango García, y la desaparición de facturas y recibos de ingresos de los métodos anticonceptivos en las bodegas de las secretaría.

La situación ya fue cuestionada por activistas y defensores de los derechos humanos y reproductivos, como Brahim Zamora, Onán Vásquez y Natalí Hernández, quienes acusaron a los gobiernos estatales de utilizar la salud sexual como “caja chica”, y pidieron se investigue .