Roberto Alonso*

Tras una intensa negociación de siete horas, a puerta cerrada y rodeada por representantes del Pacto por México y por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones con 414 votos a favor, 50 en contra y ocho abstenciones.

Aunque su núcleo se mantuvo, la reforma no pasó en los términos que fue presentada el 11 de marzo, firmada en automático por más de 300 diputados y dictaminada el 14 del mismo mes en la Comisión de Puntos Constitucionales. Los coordinadores de las principales fuerzas políticas en San Lázaro pactaron algunos cambios que fueron anexados al dictamen con el aval de diputados de la comisión dictaminadora. Este procedimiento y la presencia de actores políticos ajenos al Congreso durante su negociación y aprobación motivaron legítimas críticas sobre el papel de la Cámara de Diputados. Todo tema que no se acordó en el grupo de negociación que se instaló fue rechazado con una aplanadora legislativa que rechazó su discusión. Mal síntoma.

Con todo, la reforma ha quedado exhibida con tal cenit de iluminación que es posible identificar sus luces y sus sombras. Las primeras merecen ser confirmadas, mientras que las segundas deben ser corregidas cuando se analicen en el Senado. El escenario que debe evitarse es el de la reforma entrampada, lo que supone exigir a senadores y diputados que hagan su trabajo antes de que concluya el actual periodo legislativo. Si no es así, la reforma podría quedar estrangulada.

Son luces de la reforma:

• Incorporar derechos fundamentales como el libre acceso a información plural y oportuna; el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluida la banda ancha y el internet; y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Estos derechos, no obstante, requieren de mayor precisión y contenido.
• Definir a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicio público de interés general. Implica la responsabilidad del Estado de garantizar estos servicios en condiciones de competencia, calidad, pluralidad y cobertura universal.
• Prohibir la publicidad y la propaganda que se presentan como información periodística o noticiosa. Esta restricción a la publicidad encubierta atiende un efecto negativo de la reforma electoral de 2007 y prácticas indebidas que Televisa ha negado sistemáticamente.
• Crear un organismo público encargado de proveer radio y televisión sin fines de lucro. Con esta institución se asentarían las bases para la creación de un medio público con autonomía e independencia del gobierno, asesorado por un consejo ciudadano.
• Dotar de autonomía constitucional a los órganos reguladores propuestos: el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Ambos órganos estarían facultados para combatir las prácticas monopólicas con límites a la concentración y mediante la desincorporación de activos a partir de la identificación de agentes económicos dominantes.
• Traspasar al Instituto Federal de Telecomunicaciones la atribución de otorgar y revocar las concesiones en sus cuatro tipos: comercial, público, social y privado. Bajo un régimen único de concesiones, aquellas para uso comercial y privado se otorgarían por medio de licitación pública, en tanto que las de uso público y social se entregarían por asignación directa.
• Ordenar la constitución de tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Lo deseable es que con estos tribunales se agilicen procesos y juicios en un sector con altos índices de litigios.
• Comprometer la elaboración de una ley convergente en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, así como la regulación del derecho de réplica. Sobre la ley convergente resulta contradictorio que la reforma no está concebida de esta manera, distinguiendo una y otra vez la radiodifusión de las telecomunicaciones.
• Ordenar la devolución de las frecuencias que los concesionarios recibieron con motivo de la transición a la televisión digital terrestre, a fin de liberar la banda 700 MHz. Se subraya, asimismo, que dicha transición culminaría el 31 de diciembre de 2015.
• Introducir la regla de gratuidad para la retransmisión de las señales de televisión abierta en la televisión restringida. Si bien quedarían excluidos de esta regla los agentes económicos dominantes o con poder sustancial, se establece que el must carry debe operar sin costo adicional para los suscriptores.
• Comprometer la licitación de las frecuencias necesarias para que se desplieguen dos nuevas cadenas de televisión. En esta licitación no podrían participar Televisa y TV Azteca.

Sus sombras, en cambio:

• Permitir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda emitir una opinión técnica no vinculante a la hora de otorgar y revocar concesiones. Esta opinión no elimina la doble ventanilla que entorpece actualmente la entrega de concesiones y pondría en entredicho la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
• Ubicar en su extenso y preocupante régimen transitorio diversos compromisos y acciones de primera importancia. La experiencia confirma que no hay responsabilidad por omisión legislativa, con lo que muchas luces de la reforma podrían quedar incorporadas al texto constitucional sin necesariamente ser una realidad.
• Permitir el acceso a la multiprogramación y la prestación de servicios adicionales a los que actualmente ofrecen los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones sin una contraprestación económica obligatoria. Esta modificación se pactó de última hora y es similar a uno de los artículos de la Ley Televisa que fueron declarados inconstitucionales en 2007.
• Omitir métricas para determinar la existencia de agentes económicos dominantes en radiodifusión, tal es el caso de los criterios de publicidad, zona geográfica de cobertura y distribución y producción de contenidos. Salvo la métrica de “audiencia” incorporada de último momento, los criterios para declarar a los agentes económicos dominantes aplican para operadores de telecomunicaciones.
• Dejar fuera de los derechos fundamentales que introduce la reforma los derechos de las audiencias. Esta demanda social estuvo incluida en los borradores del documento trabajado al interior del Pacto por México, pero fue rasurada por presiones de las televisoras.
• Sustituir el compromiso original del Ejecutivo federal de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un “programa de trabajo para disminuir la separación entre estaciones de radio y televisión conforme a la práctica internacional”, por un “programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico”. Este cambio retrasaría la migración de estaciones de radio de AM a FM.

Como lo manifestó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI): “Tenemos motivos de sobra para congratularnos con la decisión que tomaron los diputados. Los tenemos, también, para estar preocupados ante la posibilidad de que la reforma sea desfigurada en caso de recibir un tratamiento irresponsable en el Senado. Celebramos este paso adelante. Pero estamos alertas.”

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

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