Roberto Alonso*

Varios legisladores han hecho de la remoción de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) un fetiche. Con miradas cortas u oportunistas se han topado con un árbol y han perdido de vista el bosque. Colocan lo circunstancial por encima de lo estructural. Ven con simpatía la salida fácil: borrón y cuenta nueva, que se vayan todos. Como si su salida fuera la pieza clave para robustecer el régimen del derecho a saber.

De prosperar la intentona, el escenario más factible que se asoma es el de la partidización del instituto por la vía de la negociación de cuotas, tal y como ha ocurrido con el Instituto Federal Electoral (IFE). De acuerdo con la iniciativa México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia, integrado por 14 organizaciones de la sociedad civil, dicha consecuencia “sería la verdadera crisis del IFAI”, razón por la que han hecho un llamado público por la independencia del instituto bajo el hashtag #IFAInosenegocia.

La finalidad de esta campaña es doble: que la Cámara de Diputados apruebe a la brevedad la reforma constitucional remitida por el Senado de la República, cuyo proceso de confección estuvo caracterizado por la pluralidad y la participación, y que no se destituya a los comisionados del IFAI, toda vez que esta acción podría dar pie a la designación de comisionados a modo. Se defiende la independencia de la institución, no a las personas que la integran.

La reforma constitucional fue aprobada por los senadores el 20 de diciembre del año pasado. A más de dos meses de distancia, el dictamen no sólo no ha sido avalado por los diputados, sino que su discusión se ha reducido a la permanencia o no de los actuales comisionados del IFAI a raíz de las acusaciones del comisionado Ángel Trinidad tras la designación del comisionado Gerardo Laveaga como presidente del instituto.

Es cierto que el IFAI pasa por un momento crítico y que mucho perdería si los aprendizajes de este capítulo no impactan favorablemente en el perfeccionamiento de su diseño institucional. Lo que resulta amenazante es minar su credibilidad con el reemplazo de sus cinco comisionados, sobredimensionado un conflicto que no ha repercutido en su tarea sustantiva y echando por la borda un proceso de maduración de diez años.

La comisionada Jacqueline Peschard lo ha resumido bien en el suplemento Enfoque del diario Reforma: “Eliminar a todos los comisionados de una vez, sin que medie una evaluación puntual del desempeño de cada uno, daña la credibilidad de la institución, porque alimenta la idea de que nada funciona, de que los nombramientos fueron equivocados y que, por tanto, era falso el prestigio que tenía la institución.”

Uno de los aspectos cardinales de la reforma constitucional bajo análisis en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción, y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, es el de la autonomía constitucional del IFAI, naturaleza jurídica que sería obligada también para los órganos de transparencia locales. Al respecto, el dictamen a discusión es claro en su sentido: “los organismos constitucionales autónomos son generalmente entidades técnicas de control que no se guían por intereses partidistas o coyunturales, (…) y para su buen funcionamiento, no sólo deben ser independientes de los poderes clásicos, sino de los partidos políticos o de otros grupos o factores reales de poder.”

En esta lógica y como lo sostienen México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia, el descabezamiento del IFAI “anularía los propósitos de la reforma constitucional en materia de transparencia que buscan dotar al IFAI de mayores facultades para garantizar el derecho de acceso a la información.”

Si hubiera una preocupación genuina por el fortalecimiento del IFAI y su autonomía, los diputados del PRI y del PRD que hoy cuestionan la continuidad de los comisionados estarían analizando cómo mejorar -aún más- el proceso de designación de los nuevos comisionados. En buena medida, el conflicto reciente entre los comisionados es resultado de procesos de designación cuestionados e ilegítimos.

La reforma constitucional representa un avance, aunque podría prever un mecanismo más acabado para asegurar la llegada de personas capaces en el ámbito profesional, independientes en el plano político y comprometidas en el terreno ético. Otra oportunidad se dará a la hora de elaborar la Ley General del artículo sexto constitucional.

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

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