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Lado B

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 “No soy delincuente”, aseveró una de las integrantes de #Yosoy132-Puebla la mañana del 17 de septiembre de 2012. El motivo de dicha frase, la detención que habían sufrido la madrugada del 15 de septiembre 63 de los 68 integrantes de #Yosoy132-Puebla por parte de policías municipales. Al parecer el único delito que cometieron fue “manifestarse pacíficamente” en el Zócalo de Puebla.

“Llegaron agazapados por las sombras. En medio de la oscuridad de la madrugada se distribuyeron en grupo pequeños de dos o tres policías vestidos de civiles cubriendo las salidas del zócalo capitalino mientras una columna de municipales incursionaba, tolete en mano, para levantar por la fuerza a los 68 integrantes del movimiento #yosoy132Puebla que desde el jueves 13 habían montado un campamento en la plancha de la plaza central para protestar la noche del sábado contra lo que llaman ‘la imposición del priísta Enrique Peña Nieto’”, escribió Ernesto Aroche.

Este lunes se dio a conocer que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) concluyó, luego de la queja que interpusieron miembros de este movimiento social, que: “elementos de la policía municipal cometieron violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad y al trato digno”.

Luego de seis meses de la detención de integrantes de #Yosoy132-Puebla, la CDH recomendó a la Procuraduría General de Justicia  del estado que proceda en contra de los agentes de la policía municipal responsables del desalojo “al emitir un dictamen sobre los expedientes 10443/2012–I, 10445– 2012–I, 10147/2012–C y 10449/2012–I, abiertos por quejas presentadas por los detenidos, la CDHP concluyó “que elementos de la Policía Municipal cometieron violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad y al trato digno”, dio a conocer la CDH.

De acuerdo con el informe, las fuerzas de seguridad del municipio poblano incurrieron en abuso de la fuerza, en retención de los detenidos y en irregularidades en el momento de presentar a los detenidos ante el juez calificador.

Destaca que en la recomendación que emite la CDH, pide que la Contraloría municipal emprenda procesos administrativos contra quien resulte responsable por la omisión de no entregar los videos de las cámaras de vigilancia instaladas en el zócalo, los cuales eran importantes para  la investigación de los hechos.

Proceso dio a conocer que ”la propia Comisión refiere que pidió esos videos en cuatro ocasiones, pero la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal le informó que fueron borrados después de 30 días de los hechos, por lo que ya no existen”.

Tras conocerse la decisión de la CDH, Armando Pliego, uno de los 63 jóvenes que fueron desalojados del zócalo envió a medios el siguiente comentario:

En la madrugada del 15 de septiembre del año pasado, 63 personas fuimos detenidas mientras llevábamos a cabo un campamento de protesta pacífica en el zócalo de la ciudad de Puebla. El motivo de nuestra protesta, que iniciamos dos días antes, era mostrar el repudio a todo el proceso electoral que se vivió el año pasado, dadas las condiciones poco democráticas en que los comicios se llevaron a cabo; así como para informar a la ciudadanía en general sobre todas las irregularidades en dicho proceso.

Después de la violenta detención, en la que algunos terminaron hospitalizados, fuimos trasladados a instalaciones de la policía municipal en Rancho Colorado, donde nos hicieron la prueba del alcoholímetro y se nos tomaron datos. Horas después, fuimos divididos en grupos y llevados a juzgados calificadores, donde de igual forma se nos dio un trato irregular, indigno y violatorio a nuestros derechos humanos. Fuimos puestos en libertad tras firmar declaraciones falsas (esto en el juzgado al que a mí me llevaron), con una falta administrativa por “alterar el orden público”. El pago de dicha multa fue condonado por Eduardo Rivera, el presidente municipal.

La siguiente semana asistimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a presentar una denuncia por la violación a nuestros derechos, al mismo tiempo que Amadeo Lara y Eduardo Rivera señalaban que no temían represalias, puesto que de acuerdo a sus palabras “se actuó conforme a derecho”. Cabe mencionar que Eduardo Rivera le comentó a Fernando Manzanilla que durante la detención había un notario presente, hecho que los 63 detenidos podemos señalar como falso. De igual manera, Amadeo Lara dijo que se nos hizo un parte médico, señalando que no fuimos golpeados, también una mentira.

Luego de seis meses, la CEDH emitió una recomendación a la PGJ para proceder contra los agentes municipales que resulten responsables por la violación a nuestros derechos, así como a la contraloría municipal para emprender procesos administrativos por la omisión frente a la solicitud de los videos de las cámaras de seguridad del zócalo para ser presentados como evidencia.

El respeto a la libertad de expresión y a nuestro legítimo derecho a manifestarnos pacíficamente es un paso más hacia una verdadera democracia. La censura y la represión hacia los grupos de ciudadanos organizados que demandamos el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos son inexcusables. Escribo como un detenido más, y no en representación del movimiento o de los 63 detenidos, y como detenido cuyos derechos humanos fueron violentados, exijo a Eduardo Rivera y a Amadeo Lara, reconozcan la ilegalidad en la detención, los daños cometidos por parte de las autoridades durante  esta, así como también una disculpa pública por parte de ambos por todos los daños ocasionados.

Armando Pliego Ishikawa.