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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

A mediados del 2012 el gobierno del estado de Puebla hacía públicos los gastos en publicidad oficial del primer año de la administración de Rafael Moreno Valle y de la segunda mitad del sexenio de Mario Marín Torres, después se olvidó de la transparencia y comenzó a firmar contratos “confidenciales” con empresas mediáticas.

Y como ejemplo un botón: el 3 de enero de 2012 el entonces director de Comunicación Social del gobierno del estado, Sergio Ramírez Robles, firmaba un contrato con la empresa Grupo Líder Editorial que incluía una cláusula de confidencialidad para impedir que durante siete años se hiciera pública la documentación.

El uso de este tipo de “candados” para limitar el acceso a contratos y facturas no es nuevo ni se limita al gobierno morevallista, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también intentó bloquear el acceso a sus contratos de publicidad tras serles solicitada dicha documentación en julio de ese mismo año, aunque meses después, y luego de que se interpusiera un recurso de revisión en la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), aceptó hacerlos públicos.

“Es una mala práctica –reconoce Josefina Buxadé, presidenta de la comisión de Transparencia en el Congreso del estado y responsable de la redacción de la ley de transparencia estatal— y no habla bien de quién la aplica, pero no hay impedimento legal para que se utilicen esas cláusulas de confidencialidad”.

“Es un tema complicado, me tocó como comisionada de la CAIP enfrentarme a una cláusula de estas en un contrato firmado con la secretaría de Finanzas y Administración. Es un tema complicado porque al hacerlo público estarías obligando al sujeto obligado a violar las cláusulas del contrato, pero me parece que en un afán de respetar el espíritu del derecho de Acceso a la Información (los sujetos obligados) deberían negociar que no se incluyan esas cláusulas, pero está claro que no hay ninguna obligación legal y si quieren ponerlas nada se los impide”.

Y así fue, el acuerdo comercial que firmó Ramírez Robles con Omar Alemán Chang, director general de la revista Líder en su cláusula décimo segunda establece como “reserva y confidencial”, “toda la información transmitida verbalmente, por escrito, en un mensaje de datos, que se genere y/o se cruce entre ellas, así como lo que se derive de la prestación de servicios materia de este contrato, el contrato mismo será considerado como estrictamente confidencial o reservado, por lo que las partes se obligan a no proporcionarlo a terceros inclusive después de la terminación”.

El contrato, sin embargo, sí fue proporcionado tras una solicitud de información por “Puebla Comunicaciones”, el organismo que fue creado a finales del año pasado tras la salida de Ramírez Robles del gobierno estatal, y que engloba las funciones de la Dirección de Comunicación Social y la Dirección General del Televisión, Radio y Tecnologías Digitales, y que quedó a cargo de Marcelo García Almaguer.