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Xavier Rosas

@wachangel

Para detener a los opositores y la crítica a las obras estatales que se han construido en la capital poblana el gobierno morenovallista no ha dudado en recurrir incluso a las amenazas, esto fue dado a conocer por el abogado Lucio Ramírez Luna, presidente de la asociación de juristas de Puebla y quien tiene a cargo el acompañamiento legal del grupo de académicos e investigadores opositores al proyecto del teleférico.

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Pero además, y de acuerdo con Rosalva Loreto, integrante del Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla AC, en general las obras que el gobierno morenovallista ha impulsado dentro de la zona de monumentos de la capital poblana, entre ellas el Viaducto Zaragoza, comparten “características en común como la ilegalidad, la dilación de acuerdos internacionales para la conservación, como la intervención en zonas de monumentos y la carencia de licencias. Son las características de todas las obras faraónicas que está emprendiendo el gobierno del Estado”.

Entrevistados por Lado B, el abogado y la investigadora, coincidieron en que el proceso jurídico que ahora se sigue en el Juzgado Cuarto de Distrito es sólido, pues en la reunión que sostuvieron este martes con el recién nombrado director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Raúl Arroyo García, les ratificó que el organismo a su cargo no autorizó en ningún momento la obra y que incluso el INAH emitirá un nuevo documento reiterando ese hecho.

“Al director del INAH ya le preocupó, entonces vino a Puebla hoy –martes- a decirnos que no hay problema, que él no había dado permisos. Es la primera vez que efectivamente pasa con nosotros”, indicó el litigante.

Ramírez Luna externó a este portal sus dudas ante la posibilidad de que el gobierno morenovallista intente obtener una autorización posfechada.

“Lo que quieren ellos es tratar de componer sus errores como lo hicieron en el Viaducto -Ignacio Zaragoza-. A mí no me extrañaría que alguien pueda dar un permiso con fecha atrás. Ellos tienen sellos y todo para poder hacer documentos con fechas anteriores”.

Ramírez Luna tampoco descartó que, como sucedió ya en el pasado, el gobierno del estado intente amedrentar a sus clientes para detener el proceso jurídico: “estoy consciente como abogado que estoy peleando contra el gobierno del Estado y seguramente van a intentar un poco más adelante, como nos hicieron en el Viaducto Ignacio Zaragoza, empezar a amenazar a mis clientes y (por eso) tuvimos que desistir”.

Por lo pronto, fue finalmente este martes cuando el trabajo en la construcción del teleférico se detuvo, como lo ordenó la jueza Yolanda Velázquez Rebollo al otorgar el amparo al grupo de académicos opositores hasta que el gobierno del estado demuestre que cuenta con el permiso del Instituto Nacional de Antropología de Historia (INAH) para derrumbar la casona conocida como el “Rincón del Torno”.

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En caso de que se demuestre que no contó con los permisos necesarios para llevar adelante el proyecto, así como la violación de los acuerdos internacionales para la conservación de los monumentos y los delitos por la destrucción del Rincón del Torno, la sanciones podrían ser una multa de 150 días de salario mínimo o inclusive la destitución de los funcionarios involucrados en la obra.

Primera audiencia

En la mañana de este martes se llevó a cabo la audiencia incidental como parte del proceso que se sigue en el juzgado. Ahí cada una de las partes implicadas –gobierno del Estado, INAH, Ayuntamiento y el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla AC.-, entregaron “su expediente con el fin de mostrar la obediencia o desobediencia sobre el amparo”, dio a conocer en entrevista la investigadora Rosalva Loreto, integrante de este Comité.

El próximo 18 de enero se llevará a cabo una segunda audiencia en el Cuarto Juzgado de lo Civil, con el objeto de que cada una de las partes continúe aportando pruebas al caso. Sin embargo, para el abogado Lucio Ramírez Luna, “jurídicamente con las pruebas que ya tengo listas para el día de la audiencia del 18 de enero, tenemos muchos elementos para clausurar definitivamente la obra”.

Asimismo, consideró que “el papel del Ayuntamiento no fue tan trascendente”, ya que en el juicio de amparo promovido señala que el gobierno municipal “tuvo que hacer un permiso de cambio de uso de suelo y el permiso para construcción, eso es lo que debió haber hecho. Su responsabilidad es porque no clausuró la obra”.

Y agregó: “realmente los oficios del gobierno del Estado los debió de haber expedido el Secretario de Infraestructura, pero como no lo hicieron porque el gobernador le encargó la obra al secretario de Comunicaciones y Transportes y no a Gali, por eso él no está metido en el amparo, porque a él no le encomendaron la obra. Incluso el gobernador, en el Periódico Oficial del Estado, publicó un decreto en donde la obra no se la dejaba a Gali, sino al de la ST”.

–¿Contra quién es el amparo?

-El amparo va contra el secretario de Transportes, el gobernador y el INAH -señaló Ramírez Luna.

-¿Contra la Delegación del INAH?

-Yo me fui contra su jefe, a nivel nacional.