Roberto Alonso *

@rialonso

El nuevo gobierno inicia con un rumbo claro pero forzado y sospechoso. Enrique Peña Nieto sorprendió a más de uno en sus primeras 48 horas al frente de la Presidencia de la República con su discurso en Palacio Nacional -donde enumeró los cinco ejes de su gobierno y anunció 13 decisiones presidenciales- y al día siguiente con la firma del Pacto por México al lado de los presidentes de los tres principales partidos políticos.

Destaca, particularmente, el compromiso público que reiteró con los derechos y las libertades, así como la propuesta de reformas en materia educativa, de telecomunicaciones y de seguridad social. Por lo pronto, no obstante, sólo se trata de un discurso; sería ingenuo creer que la transformación del país ya comenzó.

Como ejes para lograr una democracia de resultados, Peña Nieto resaltó la paz, la inclusión, la educación de calidad, la prosperidad y la responsabilidad global. Con estas claves señaló que su gobierno trabajará “en una estrategia nacional para reducir la violencia”; “combatiendo la pobreza y cerrando la brecha de desigualdad social”; a favor de la formación en las escuelas de “individuos libres, responsables y activos”; en el aprovechamiento de “los recursos naturales de manera sustentable” y acelerando el crecimiento económico desde el fomento de la competencia; e impulsando “un país solidario y comprometido con las mejores causas de la humanidad” en el concierto global.

En correspondencia, en su primer día de gobierno dio a conocer las siguientes 13 decisiones presidenciales: 1) crear un programa nacional de prevención del delito; 2) desistirse de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas; 3) contar con un solo código penal; 4) poner en marcha una cruzada nacional contra el hambre; 5) crear un programa de seguro de vida para jefas de familia; 6) modificar y ampliar el programa de apoyo a los adultos mayores a través de una pensión que podría convertirse en el primer paso de la creación de un sistema de seguridad social universal; y 7) sacar adelante una reforma educativa que establezca las bases para el servicio profesional de carrera docente con reglas claras, precisas y meritocráticas, además de realizar un censo de escuelas, maestros y alumnos.

Asimismo: 8) dar un impulso decisivo a la infraestructura carretera, ferroviaria y de puertos, sobre todo en el sur del país; 9) promover la construcción de trenes de pasajeros; 10) generar competencia económica en el sector de las telecomunicaciones, reconociéndose en la Constitución el derecho de acceso a la banda ancha y licitándose dos nuevas cadenas de televisión abierta; 11) enviar al Congreso de la Unión un proyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para revertir el endeudamiento de estados y municipios; 12) poner a consideración del Congreso de la Unión un paquete económico con cero déficit presupuestal para 2013; y 13) racionar el gasto corriente, destinando más recursos para la inversión en obras, programas y acciones de beneficio directo a la población.

Por otra parte, con el Pacto por México, el nuevo gobierno asumió una agenda de cinco acuerdos: a) transformar a México en una sociedad de derechos; b) fomentar el crecimiento económico, el empleo y la productividad; c) lograr la seguridad y la justicia; d) incrementar y comprometer transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y e) perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática.

El Pacto por México, firmado por Peña Nieto, Jesús Zambrano, Cristina Díaz y Gustavo Madero, incluye 95 propuestas de reforma y política pública en materia de seguridad social universal, combate a la pobreza, educación de calidad con equidad, cultura, defensa de los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, mercados competidos, acceso equitativo a telecomunicaciones, ciencia y tecnología, desarrollo sustentable, reforma energética, minería, banca y crédito, transformación del campo, desarrollo del sur-sureste, deudas en los estados, y reforma hacendaria eficiente y equitativa.

De igual manera en materia de prevención y participación comunitaria, reforma a los cuerpos policiacos, nuevo sistema de justicia penal, códigos penales y de procedimientos penales únicos, ley de amparo, sistema penitenciario, rendición de cuentas contables, ampliación de facultades del IFAI, sistema nacional contra la corrupción, gobiernos de coalición, toma de protesta del presidente, partidos políticos y elecciones, reforma del Distrito Federal, revisión global de los fueros, leyes reglamentarias de la reforma política, reelección de legisladores y medios de comunicación.

Difícil no simpatizar con buena parte de las propuestas del pacto, de las decisiones presidenciales y de los ejes de gobierno. Sin embargo, con la simulación y el pragmatismo que han caracterizado al PRI, como gobierno y como oposición, toda esta batería de criterios, orientaciones y metas puede ser cascarón hueco.

Lo que sin duda llamó la atención fue el reconocimiento de la “creciente influencia” de los poderes fácticos en la vida institucional del país, mismos que constituyen “un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano”. “En ocasiones -leyó Miguel Ángel Osorio Chong en el Castillo de Chapultepec- esos poderes obstruyen en le práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad”. Sólo siguiendo esta ruta podría hablarse, con razón, de un nuevo gobierno.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.

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