Roberto Alonso*

Interrumpida por las iniciativas de carácter preferente que envió el Ejecutivo federal y se abordaron en ambas cámaras federales, la reforma constitucional en materia de transparencia sigue en discusión. A la iniciativa suscrita por el PRI y el Partido Verde, planteada por Enrique Peña Nieto, se han sumado dos iniciativas más, una del PAN y otra del PRD, que también proponen modificaciones al texto fundamental.

Tras su anuncio por el presidente electo, la iniciativa del PRI y del Partido Verde fue presentada el 13 de septiembre en el Senado de la República por la priista Arely Gómez. Le antecedió la iniciativa del senador perredista Alejandro Encinas, quien hizo lo propio el 6 de septiembre. En nombre de cuatro senadores panistas, Laura Rojas entregó la iniciativa del PAN el 4 de octubre.

De acuerdo con la senadora Laura Rojas, las cuatro fuerzas políticas convergen en darle autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y a los órganos garantes locales, aumentar el número de comisionados de cinco a siete, facultar al IFAI y a los órganos garantes en las entidades para promover acciones de inconstitucionalidad, excluir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la competencia del IFAI, facultar al IFAI para revisar resoluciones de órganos garantes locales, establecer que los comisionados pueden ser sujetos de juicio político, y facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general de acceso a la información pública.

Estos consensos son importantes, pues la autonomía constitucional le daría autoridad al IFAI sobre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y otros organismos con autonomía constitucional, así como sobre partidos políticos y sindicatos, de prosperar su incorporación como sujetos obligados. Adicionalmente, se le otorgaría al IFAI un mecanismo de control constitucional para impugnar leyes contrarias a los principios y las bases que regulan el derecho de acceso a la información, y este instituto podría analizar y resolver sobre resoluciones locales adversas al principio de máxima publicidad.

Que el IFAI se convierta en segunda instancia y pueda revisar resoluciones de órganos garantes locales no es, quizás, el escenario ideal, pero es resultado de un diagnóstico que coincide en la falta de independencia de los órganos de transparencia en los estados.

Las divergencias se encuentran en la forma de elección de los comisionados, el grado de especificidad a la hora de definir y enumerar a los sujetos obligados, un régimen especial para recurrir ante la SCJN resoluciones del IFAI, la publicación de una ley general de archivos, la clarificación de los casos en los que el IFAI se convierte en segunda instancia y las sanciones. Naturalmente, también son de primer orden, tanto que las salidas que se encuentren para cada uno evidenciarán si la voluntad de transparencia es real o sólo apariencia.

Aunque, como se ha enfatizado, esta reforma constitucional pretende desencadenar una tercera generación en las leyes de acceso a la información, la postura del PRI y del Partido Verde es mantener intacto el proceso de nombramiento de los comisionados que prevé desde 2002 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, y que sea el Ejecutivo federal quien los designe con una participación ínfima del Senado, que es la no objeción. La Cámara Alta podría objetar hasta dos ocasiones, a la tercera el nombramiento sería definitivo, lo que en nada abona a la autonomía del IFAI. PAN y PRD, en cambio, están a favor de que sea el Senado el que por mayoría calificada elija a los comisionados del instituto.

En cuanto a los sujetos obligados, el PAN y el PRD están de acuerdo en incluir explícitamente a partidos políticos y fideicomisos públicos en esta categoría; el PAN, de hecho, busca incorporar de la misma manera a sindicatos; tribunales administrativos, agrarios y laborales; instituciones de educación superior, y organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, el PRI propone una redacción genérica que no comprometa, por ejemplo, a los sindicatos.

Respecto a la posibilidad de que el consejero jurídico del Ejecutivo federal, los presidentes de las cámaras federales y los presidentes de los organismos constitucionalmente autónomos interpongan ante la SCJN un recurso extraordinario contra resoluciones del IFAI que -a su juicio- pongan en riesgo la seguridad nacional, se trata de una vía defendida por el PRI y el Partido Verde que contradice una tesis reciente de la SCJN, la cual reitera el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del IFAI.

¿Hasta dónde llegará el compromiso del PRI con la transparencia y el fortalecimiento de las garantías para el ejercicio del derecho de acceso a la información? ¿Lo limitará, otra vez, su simulación?

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.

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