Roberto Alonso*

A diez meses de entrar en vigor la nueva Ley de Transparencia de Puebla, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP) dio a conocer la primera evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de 108 sujetos obligados. Los resultados reflejan una triste realidad: en lugar de poner el ejemplo, las instituciones públicas en el estado no cumplen con la ley; la única que lo hace en su totalidad es la propia CAIP.

Las obligaciones de transparencia, también conocidas como información pública de oficio, consisten en aquellos elementos que las autoridades deben difundir sin una solicitud de por medio. Se trata de sustituir muros por vitrinas, cemento por cristal, y reconocer que -por principio- lo que hace el gobierno es público y pertenece a todos.

De acuerdo con la nueva Ley de Transparencia, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los tribunales administrativos, los ayuntamientos, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, las universidades y tecnológicos públicos, la CAIP y los partidos políticos deben transparentar en sus sitios web lo que marcan 24 fracciones comunes de su artículo 11, así como disposiciones específicas en función de su quehacer.

A fin de cumplir con este mandato, el legislador concedió un plazo máximo de seis meses a partir del 1 de enero de 2012, aplicando esta regla para aquellos municipios con más de 70 mil habitantes que es el caso de 15 ayuntamientos. Con apoyo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la medición de los portales de transparencia se llevó a cabo en diferentes momentos entre el 3 de septiembre al 10 de octubre, y arrojó resultados en una escala del 0 al 100.

Entre las dependencias del gobierno del estado, las mejor evaluadas son la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública (93.76) y la Secretaría de Desarrollo Social (93.36), mientras que las que obtuvieron menor puntuación son la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (88.82) y la Secretaría de Infraestructura (89.94). Las entidades de la administración estatal mejor calificadas son el Sistema Estatal DIF (97.84) y el Consejo Estatal de Población (97.14), en comparación con las bajas notas del Centro de Convenciones Puebla (65.56) y del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (68.88).

En cuanto a las instituciones públicas de educación superior destacan el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (96.2) y el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (95.72), a diferencia del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango (68.68) y del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez (69.75).

El Congreso de Puebla alcanzó una calificación de 77.57, que contrasta con el 94.8 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla registró una nota de 76.08, en tanto que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue calificada con 70.46.

Hasta aquí, entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los tribunales administrativos y los órganos autónomos, con todo y las calificaciones alrededor de 70, la nota más baja es 65.56. El promedio en el Poder Ejecutivo es de 85.95. Donde el compromiso con la transparencia se desdibuja por completo en algunos casos es entre los partidos políticos y los municipios.

En orden de mayor a menor, las calificaciones de los partidos políticos son las siguientes: PAN (98.16), PT (81.89), PRI (81.17), Nueva Alianza (6.32), Movimiento Ciudadano (2.2), PRD, (0) y Partido Verde (0). En el mismo orden, las notas de los 15 municipios evaluados son las siguientes: Puebla (97.6), Tehuacán (70.42), Atlixco (48.69), San Andrés Cholula (45.31), San Pedro Cholula (27.96), Tepeaca (26.69), Tecamachalco (23.79), Teziutlán (21.2), Cuautlancingo (15.28), Zacatlán (11.27), Xicotepec de Juárez (10.58), Amozoc (5.52), Huauchinango (0), Izúcar de Matamoros (0) y San Martín Texmelucan (0).

Salvo la CAIP, ninguna otra institución pública en Puebla cumple a cabalidad la Ley de Transparencia. 107 sujetos obligados la violan en una u otra medida. Pretextos ha de haber muchos.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.

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