• En el primer año de gobierno de Rafael Moreno Valle se destinó casi el 50% de su presupuesto a Televisa

• La iniciativa propuesta por el diputado Juan Carlos Espina reduce a un máximo de 20% del presupuesto total la asignación a un solo medio

Foto: morenovalleblog.com

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El diputado panista Juan Carlos Espina Von Roerich propondrá mañana jueves una iniciativa de ley que de aprobarse acotará la discrecionalidad de los gobernantes en la contratación de medios de comunicación, eliminando la posibilidad de utilizar la publicidad gubernamental como premio o castigo.

La propuesta del legislador albiceleste pugna por que evitar, al menos en el papel, que se destine la mitad del presupuesto estatal a Televisa, como sucedió en el primer año de gobierno de Rafael Moreno Valle, cuando se le pagaron casi 90 millones de pesos por sus servicios publicitarios.

Para el panista será necesario la creación de un consejo consultivo conformado por especialistas y académicos que revise las políticas de comunicación gubernamental y presente denuncias en caso de violación al ordenamiento; también pone candados al uso de publicidad encubierta a través de notas y entrevistas pagadas y a los infomerciales insertados dentro de programas y producciones no noticiosas, como cuando el gobernador Rafael Moreno Valle se presentó en el programa “Al Sabor del Chef” que conduce el Chef Oropeza.

Pues como se reconoce en la exposición de motivos de la iniciativa, “La falta de una regulación clara y concreta en el Estado de Puebla atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad en materia de publicidad oficial o gubernamental.”

Campañas equitativas

El 10 de octubre del año pasado Rodolfo Ruiz, director del portal e-consulta, denunciaba que desde la administración estatal se había orquestado un boicot comercial en contra del sitio de noticias del que es socio fundador al presionar “a presidentes municipales y otras instituciones públicas y empresas para que no se anuncien en este medio digital”.

En esa ocasión el periodista aseguraba a Lado B que “al gobierno del estado le molestan algunos de nuestros contenidos, no está de acuerdo con las opiniones de quienes colaboran como articulistas y columnista de e-consulta y así nos lo han hecho saber, primero nos suspendieron un convenio publicitario y después se han negado a recibir las facturas que con orden de inserción ellos contrataron”.

De aprobarse la ley que este jueves llegará al Congreso del estado podría evitarse que se repita una situación como la descrita, pues la iniciativa se establece como principios la transparencia en el proceso de contratación y la equidad en la distribución de la publicidad oficial, pues “su asignación no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas o partidarias”.

Lo que se busca, según se expone en el documento es “evitar la censura y presiones por medio de la asignación de la publicidad gubernamental. Es decir, no asignar o retirar pautas publicitarias para beneficiar a medios y periodistas afines o castigar a los críticos, condicionando de este modo el contenido de sus expresiones”.

Y, en caso de que se generé una exclusión en la distribución de la pauta publicitaria “sin existir justificación fundada y pese a reunir análogas características a las de otros medios que accedan a la pauta oficial, podrá hacerlo del conocimiento del Consejo Consultivo para que emita las observaciones que considere adecuadas”.

Los candados

La iniciativa llega en un momento en la “democratización de los medios” a nivel federal ha sido retomada por el movimiento Yo Soy 132, y en el que a nivel local un par de columnistas enfrentan demandas por daño moral –en uno de los casos se llegó a acuerdo entre demandado y gobierno— lo que ha generado críticas a la administración morenovallista.

Y aunque no atiende la segunda problemática –ahí está pendiente por parte del Congreso local una ley que regule los derechos de la personalidad, el honor y la propia imagen–, si podría ayudar a la primera, pues contiene una serie de candados que evitan la monopolización de la publicidad gubernamental, como el reducir al 20 por ciento del presupuesto total el monto máximo de facturación por un solo medio, o limitar al 40 por ciento el pago máximo a un solo anunciante en cada campaña.

Pero también, como ya se señaló, evitar el uso de publicidad encubierta, pues no se podrá contratar las “gacetillas, reportaje, nota periodística u otros que no indique claramente que se trata de comunicación gubernamental pagada” y todos los servicios publicitarios que se contraten “deberán contener la identidad (el logotipo y nombre de la institución) de quien emite el mensaje”.

Además la ley retoma los principios del artículo 134 constitucional para señalar que el único periodo permitido para publicitar los informes de labores “de los servidores públicos de elección popular en los medios de comunicación, se limitarán a ser difundidos una vez al año en medios con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no excediendo de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, de promoción personal del funcionario, ni realizarse dentro del periodo de una campaña electoral.”

De aprobarse la iniciativa, promociones como la que hizo el gobernador Moreno Valle en su primer año de trabajo que inundó el país en medios nacionales  y utilizó hasta salas de cine para promocionarse ya no se repetirían.

Acá la iniciativa completa

Iniciativa de Ley Que Regula La Comunicacion Gubernamental 4.0