Bárbara y Agnes, crímenes de odio

Bárbara y Agnes, crímenes de odio

Josué Cantorán | Mely Arellano

@josuedcv | @melyarel

En los últimos dos años, se han contabilizado en el estado de Puebla 13 crímenes de odio contra personas homosexuales, lesbianas o transexuales, casos en los que, de acuerdo a las características del asesinato, se presume que su principal motivación fue la aversión del victimario contra las personas sexodiversas.

De esta infame lista, los nombres de Bárbara Lezama y Agnes Torres son los que han recibido mayor atención mediática, lo cual las ha colocado como estandartes de la lucha local y nacional por lograr mejores legislaciones que protejan y resguarden los derechos de la diversidad sexual. Aun así, en Puebla aún no se aprueba la Ley contra la Discriminación.

Bárbara y Agnes, ambas mujeres transexuales originarias de Tehuacán, murieron en condiciones un tanto similares; la primera en abril de 2011 y la segunda en mayo de 2012. El impacto que generaron ambos casos ha sido definitorio para los movimientos locales de defensa de los derechos sexuales.

Bárbara Lezama

El cuerpo sin vida de Bárbara Lezama fue encontrado en un departamento de la calzada Zavaleta el 30 de abril de 2011. Según documentaron en su momento diversos medios locales, los peritajes indicaban que su asesino había intentado estrangularla con el cable de una plancha y, ante la falta de éxito, la golpeó en reiteradas ocasiones en la cabeza con un ladrillo.

La brutalidad de este crimen despertó la indignación de la comunidad LGBTTTI en Tehuacán –de donde era originaria– y de Puebla, que reclamó al gobierno estatal y, en particular, a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la resolución inmediata del caso y la presentación de quien o quienes le arrebataron la vida a Lezama.

Bárbara Lezama

La respuesta de la Procuraduría, sin embargo, dejó mucho que desear a las organizaciones civiles, pues el titular de la dependencia, Víctor Carrancá Bourget, de inmediato descartó el odio o la discriminación como móviles del crimen, y adjudicó su ocurrencia a los riesgos que implica el trabajo sexual, ocupación a la que presuntamente Bárbara se dedicaba.

Fue en ese contexto que la entonces diputada federal Enoé Uranga Muñoz dirigió una carta pública al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en la que le solicitó instruir “a las autoridades ministeriales y policiacas de la entidad para que con la debida diligencia lleven a cabo una investigación profesional, exhaustiva, objetiva, veraz y puntual del homicidio”.

La petición de la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja no tuvo respuesta, pues hoy, un año y medio después de los hechos que despojaron de su vida a la también estilista y artista de performance travesti, el caso continúa abierto y no se ha presentado a los autores del crimen.

Entrevistado al respecto por ReversibleMx, el activista Víctor Manuel Rodríguez Lezama comentó que la ineficiencia de las autoridades impartidoras de justicia en Puebla para resolver el caso de Bárbara se debe, más que cualquier otra cosa, “a la transfobia”.

“Hay una verdadera falta de interés por parte de las autoridades de impartición de justicia para resolver los crímenes cometidos contra personas transexuales”, lamentó.

El vocero del Foro Diverso Sexual de Tehuacán consideró igualmente que las personas trans son las más vulnerables dentro de la amplia gama que comprende la llamada “diversidad sexual”, pues “no tienen siquiera el derecho a la identidad”.

Añadió que las autoridades ministeriales suelen hacer uso de “clichés para lavarse las manos” de este tipo de casos, como el conocido término “crimen pasional” o considerar que la violencia forma parte de la vida cotidiana de las personas trans: “era natural que lo mataran, era transexual. Como si formara parte de, como si todos tuvieran que morir de forma violenta”.

Las acusaciones de homofobia a las autoridades, empero, no son nuevas. Ya Enoé Uranga había escrito, en su carta citada anteriormente, que la comunidad poblana se encontraba indignada “respecto de la actitud discriminatoria del Procurador de su estado, mismo que antes de tener elementos periciales declaró públicamente que el móvil (del crimen) no es la homofobia”.

Bárbara Lezama

Uranga había adjuntado en su documento una lista de diez casos más de crímenes de odio, ocurridos entre 2005 y 2010, con la que se ponía de manifiesto la necesidad de que las autoridades estatales tomasen cartas en el asunto, para “mostrar con hechos concretos que el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas tiene algún valor para el gobierno que usted representa”.

Los crímenes de odio, entonces, ni son nuevos ni se han terminado. Apenas esta semana Lado B documentó el que sería el décimo tercer asesinato por razones de discriminación sexual en Puebla en los últimos dos años; el de Hugo Alfredo Pérez Toscano, dentista de 39 años de edad que fue torturado y lacerado con un arma punzocortante. Hugo Alfredo, igual que Bárbara, era de Tehuacán.

“La comunidad se ha hecho visible y ha hecho un gran trabajo en materia de derechos sexuales, y es lógico que eso trae su contraparte”, responde Rodríguez Lezama al ser cuestionado sobre las razones por las que el nombre de Tehuacán se repite constantemente cuando se habla de crímenes de odio.

A decir del activista, Tehuacán “es una ciudad que se ha caracterizado por una larga tradición de lucha por los derechos sexuales”, por lo que la documentación de los casos se ha hecho con mayor prontitud, lo que no necesariamente significaría que en otras localidades poblanas haya menos homofobia, o menos casos similares.

Comentó que la organización en la que trabaja, el Frente Diverso Sexual de Tehuacán, no ha logrado tener acercamientos directos con las autoridades de procuración de justicia, debido a que los protocolos establecen que sólo pueden tener acceso a los avances de las investigaciones los familiares directos de la víctima.

Por ello, lamentó que la “única familiar” de Bárbara sea su madre, quien por diversos motivos, ha preferido mantenerse al margen del proceso judicial, e incluso perdió una audiencia que los activistas habían logrado agendar con personal de la PGJ.

Agnes Torres

Después de la muerte de Bárbara, Agnes tuvo miedo. El cruel asesinato de otra que, como ella, era oriunda de Tehuacán y famosa por su belleza, la obligó a ponerle palabras a lo que presentía.

–Las personas como yo no viven mucho tiempo -le dijo a su mamá y a su hermana sabiendo, además, que ya era una sobreviviente y el peligro que ahora representaba ser ella misma.

Años antes, cuando aún era muy joven, escapó a una persecución, querían golpearla. La agresión no la acobardó y presentó una denuncia que prosperó a su favor. Se hizo justicia aunque hubo poco que celebrar. Dos mensajes anónimos amenazándola de muerte la hicieron dejar Tehuacán. Nunca volvió a vivir ahí.

Agnes Torres
Foto: Raúl Bravo

La vida de Agnes fue una vida de lucha. La primera de ellas, quizás, fue la que quiso emprender contra sí misma, contra su naturaleza, cuando siendo adolescente entró a un gimnasio y le pidió al entrenador que le pusiera una rutina de ejercicios para hacer músculo. Luchaba por pertenecer a una sociedad que no respeta a quien es diferente. Fue una lucha que trató de ganar incluso muriendo, pero un fallido intento de suicidio terminó por convencerla de que no tenía sentido.

–Ese fue un momento muy duro para mi hermana, en el proceso de “ok, me acepto, pero como le digo a mi familia y luego cómo voy a interactuar en la sociedad, si ya no voy a ser varón cómo me van a nombrar” –recuerda Gisela Torres Hernández, en entrevista con ReversibleMx, desde Alemania.

A partir de entonces sus luchas fueron de vida, por la inclusión, el respeto y los derechos de las personas transexuales y transgénero. Concentró su fuerza y su inteligencia en ello, investigó, escribió y cabildeó buscando legalizar el cambio de identidad sexogenérica. Aun teniendo la posibilidad de salir del país, decidió quedarse. Buscaba un bien común y, contra todo pronóstico, creía que era posible.

–Ella siempre fue muy comprometida con la sociedad, en la prepa se reunió con sus compañeros, organizó unas piñatas y una colecta de juguetes para niños que no tenían la posibilidad de tener uno en Día de Reyes o en Navidad –dice su hermana, a quien Agnes, cariñosamente, llamaba Susi.

Cuando Gisela habla de Agnes la niña, la risa entrecorta su voz; cuando habla de Agnes la mujer, la entrecorta el llanto.

Sabe que el camino de su hermana estuvo siempre lleno de obstáculos y por eso no duda en reconocer su valentía, la admiración que siente por ella, incluso ausente.

Agnes Torres
Foto: Raúl Bravo

Recuerda la infancia y los juegos, los actos de escapismo, las imitaciones de Michael Jackson, los cuentos de terror que le contaba y le ponían los pelos de punta. Recuerda la mirada infantil con la que a los cuatro años descubrió a Agnes, un año menor, con las zapatillas y el camisón de su mamá, pintándose los labios. Y sus palabras, años después, confesándole que era una mujer y pidiéndole que la reconocieran como tal.

–Creo que en el momento no entendí, pero fue por el amor, a veces uno no entiende de términos, pero ella era mi hermana, no era una persona diferente, se veía diferente pero seguía siendo Agnes.

***

Ocho días después del asesinato de Agnes Torres, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) presentó a Luis Fernando Bueno Mazzocco, Agustín Flores Zechinelli, Marco Antonio Berra Espezzia y a un menor de edad, cuya identidad se desconoce, como los presuntos homicidas y reveló que otro de los culpables, Jorge Flores Zechinelli, con quien Agnes sostenía una relación, estaba prófugo.

El 29 de marzo consignaron a los detenidos y giraron la orden de aprehensión contra Jorge Flores, quien sigue prófugo y será buscado por las autoridades durante los próximos 40 años, que es el tiempo máximo que podría recibir de condena, aunque ésta podría reducirse a 18 años por diversos factores.

Luis Fernando Bueno Mazzocco, Agustín Flores Zechinelli y Marco Antonio Berra Espezzia todavía se encuentran esperando sentencia. Sólo al menor de edad ya le dictaron una condena de ocho años que comenzará a cumplir en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes del Estado de Puebla (CIEPA), hasta la mayoría de edad, cuando será trasladado al Cereso.

La familia de Agnes seguirá buscando que se legisle para que las personas transexuales y transgénero obtengan el reconocimiento social y jurídico que necesitan para integrarse a la sociedad como cualquier persona con derechos legales. También continuarán pidiendo que la Universidad Veracruzana les otorgue el título universitario, principalmente porque ello beneficiaría a otras personas, se crearía un precedente.

–Lo más importante es recordar que ella no luchó por un bien personal, sino por un bien común –dice Gisela con el llanto a punto-, por eso espero que la gente siga levantando la voz para que el Congreso acepte la propuesta de ley para las personas transgénero y transexuales. Agnes nunca fue egoísta, sabía de la soledad por la que pasan otras personas como ella que tienen que luchar solas.

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