Despenalización de los delitos de prensa sigue a medias

Despenalización de los delitos de prensa sigue a medias

La falta de una ley de los derechos de la personalidad que además incluya la figura de la malicia efectiva deja indefensos a los posibles demandados por daño moral

Foto: Es Imagen
Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El 22 de febrero de 2011, a unos días de iniciado el actual sexenio, el Congreso del estado aprobaba una reforma, propuesta por el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, al Código Penal para eliminar de ese documento y trasladar al Código Civil los llamados delitos de la prensa: la calumnia, la difamación. Tras un largo debate que se generó no sólo en el pleno sino también desde las páginas y espacios noticiosos, los legisladores acordaron discutir una ley complementaria para limitar la posibilidad de utilizar la reforma como una mordaza de prensa. En el decreto se estableció un plazo de 180 días para cumplir con esa promesa. 570 días después la promesa sigue sin cumplirse.

Ese mismo día, el 22 de febrero, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla, recordaba la necesidad de legislar sobre una ley de los derechos de la personalidad “en el entendido de que con ella se podría regular, exclusivamente, el daño moral causado por el abuso de la libertad de expresión y el derecho a la información, amén de establecer, como se ha señalado, la figura de la malicia efectiva y juicios especiales para estos casos”.

Pero la ley complementaria no llegó. Lo que sí llegó en cambio, fueron sendas demandas contra un par de columnistas, –Adrián Ruiz (El Heraldo) y Fabián Gómez (Contraparte)— por presunto daño moral  en contra de funcionarios de gobierno.

Demandas que a decir del propio gobernador del estado, buscan que los señalados “hablen con la verdad y si se dijo una mentira, que haya una disculpa pública”.

“Esa es la postura de mi gobierno, insisto, no estamos yendo con una sanción económica -en esta ocasión- pero, sí queremos que se aclare y que tengan públicamente que pedir disculpas quienes han venido difamando de manera recurrente”.

Una reforma a medias

Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó en un artículo publicado en la revista Proceso, cómo las deficiencias de la despenalización promovida por Moreno Valle dejaba indefensos a los periodistas pero también a cualquier otro ciudadano que pudiera llegar a ser acusado de daño moral.

Villanueva citaba entonces una jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para señalar primero que en los funcionarios públicos la posibilidad de ser señalados es mayor que a otros ciudadanos: “tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública y de político (…), se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas”.

Y señalaba además una ruta jurídica a seguir para tener un contrapeso a la posibilidad de demandas por daño moral. En esa ruta hacía hincapié en la necesidad de considerar definiciones de los conceptos “de vida privada, honor, propia imagen, interés público” y que se estableciera en esa ley complementaria “la figura de la malicia real o efectiva la cual dispone que el demandante, una persona o funcionario público, debe probar que el demandado tuvo un claro propósito de ofenderlo o difundió una información sin considerar si era verdad o no”.

Pero nada de eso ocurrió. 19 meses después de aprobada la reforma, y 13 de que se venció el plazo para legislar sobre una ley de los derechos de la personalidad en el Congreso no hay ni borradores al respecto y ni siquiera está considerada dentro de la agenda legislativa de este periodo, el último del año.

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