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Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En febrero de 2005 el entonces gobernador Mario Marín aseguraba a reporteros de La Jornada de Oriente que no solaparía “excesos a la prensa” y, para ejemplificar, unas semana después uno de sus funcionarios denunciaba por difamación al reportero Julio Martínez por una nota publicada en el diario Síntesis. Seis años después, en agosto de 2011, Sergio Ramírez, director de Comunicación Social del gobierno de Rafael Moreno Valle, anunciaba en las páginas del periódico Cambio que no dudaría en utilizar la demanda por daño moral contra “comunicadores o columnistas que de manera sistemática difamen al gobierno o al mandatario”. Las demandas tardaron 14 meses en llegar a los juzgados, pero ya están ahí.

Desde la madrugada del martes el columnista Mario Alberto Mejía anunció el inicio de “la lluvia de demandas contra periodistas poblanos”, por la mañana el columnista Arturo Rueda publicaba la lista que incluye a 19 reporteros y articulistas locales.

• Adrián Ruiz (El Heraldo de Puebla)
• Selene Ríos Andraca (Central)
• Salvador Ríos (El Sol de Puebla)
• Fabián Gómez (Contraparte Informativa)
• Enrique Núñez Quiroz (Intolerancia Diario)
• Arturo Luna (Puebla Online)
• Iván Tirzo (El Sol de Puebla)
• Alejandro Mondragón Quintero (Status)
• Valentín Varillas (Status)
• Rodolfo Ruiz Rodríguez (e-consulta)
• Fernando Pérez Corona (e-consulta)
• Ricardo Morales (Intolerancia Diario)
• Jorge Castillo (Intolerancia Diario)
• Cirilo Calderón (El Sol de Puebla)
• Carlos Macías Palma (El Popular)
• Eduardo Rivera Santamarina (UnoMásUno)
• Fermín Alejandro García (La Jornada de Oriente)
• Fernando Maldonado (Periódico Digital)
• Arturo Rueda (CAMBIO)

Horas después el vocero estatal anunciaba desde su cuenta de Twitter el inicio formal del proceso legal contra dos articulistas: Fabián Gómez y Adrián Ruiz, este último columnista del diario propiedad de Ricardo Henaine, empresario con quien el gobierno morenovallista mantiene varias confrontaciones legales para recuperar empresas y propiedades que le fueron otorgadas en el sexenio pasado.

La segunda demanda es contra Adrian Ruiz lockerz.com/s/255529079

— SergioRamírezRobles (@SRamirezRobles) octubre 23, 2012

Desde ese mismo espacio, Ramírez Robles adelantó que se analizarán “todos los excesos”, pero no aclaró de qué casos se trata, ni confirmó la lista publicada.

Se analizarán todos los excesos de la libertad de expresión que dañen la reputacion y el honor de los funcionarios del GobPuebla

— SergioRamírezRobles (@SRamirezRobles) octubre 23, 2012

Horas más tarde, el funcionario puntualizó que las demandas que llegaron a los juzgados no son de tipo penal, sino civil y que la petición de la parte agraviada es que se les condene por daño moral y que se publique en los medios respectivos la sentencia que dicte el juez a cargo, pero que no se está pidiendo una indemnización económica.

La prensa incómoda

Dentro de la lista filtrada desde las páginas del diario Cambio hay de todo, se encuentran lo mismo directores-columnistas de medios que durante el actual sexenio se han ubicado como la “prensa incómoda”, pero no siempre fue así.

Ejemplo de ello es el caso del diario Intolerancia, que dirige Enrique Núñez, impreso que durante el sexenio marinista se consideró como un medio cómodo al poder. En 2006, durante el momento más álgido del caso Cacho-Marín, Denisse Maerker invitó al estudio a Núñez y a José Luis Pandal, entonces colaborador de La Jornada de Oriente, para confrontar dos posturas periodísticas ubicadas en los polos. La periodista presentó a Nuñez como un diario “amable” con el gobernador Marín.

Aunque también se ubican directores y reporteros que han mantenido una actitud crítica lo mismo en el sexenio pasado que en el actual, como sucede con el portal de noticias e-consulta. Su director, Rodolfo Ruiz denunció desde el año pasado la existencia de un “boicot económico” contra su medio para tratar de ahorcarlo económicamente.

Ruiz declaró al portal Lado B lo siguiente: “El conflicto con el gobierno del estado no es por su publicidad, si no nos quieren dar están en todo su derecho, pero presionar para hacer un cerco, un boicot publicitario, a eso no tienen derecho”.

Mecanismos para amedrentar

Por su parte la integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en transparencia y libertad de expresión, Issa Luna Pla recordó que de acuerdo con organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las demandas por parte de los gobiernos contra los periodistas son mecanismos para amedrentar y silenciar a la prensa, “son mecanismos de censura”.

Entrevistada por el reportero Álvaro Ramírez la investigadora reconoció que existe una falta de profesionalismo en la prensa local, “tenemos casos documentados en donde se utilizan términos que tienen que ver con la vida privada del gobernador cuando aún este no era gobernador”, aunque, puntualizó: “Hay un conflicto de fondo que tiene que ver con la relación entre el gobierno y la prensa”.