Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

La Unión de Industriales del Parque Puebla 2000 AC aseguró que la empresa que fue boletinada por Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte de una red delictiva dedicada al tráfico de precursores químicos y lavado de capitales no forma parte de su asociación.

En tanto que la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico prefirió guardar silencio ante el señalamiento del gobierno estadunidense sobre la infiltración del crimen organizado en las áreas creadas para el desarrollo industrial. Lado B pidió una entrevista con la dirección de Parques Industriales para conocer la información que la administración estatal tiene sobre la empresa la petición no fue atendida.

Ayer Lado B dio a conocer que la empresa Dispositivos Industriales Dinámicos SA de CV –que nació fiscalmente el 27 de septiembre de 2010 y se ubica físicamente en el número 7 del bulevar Gasoducto dentro del parque industrial Puebla 2000— fue señalada como parte de un conglomerado empresarial con presencia en cinco estados, el Distrito Federal y Panamá que crearon Ezio Benjamín Figueroa Vázquez y su hijo Hassein Eduardo Figueroa Gómez.

Imagen tomada del sitio electrónico del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

En abril pasado John Arvanitis, jefe de Operaciones Financieras de la DEA, explicaba que la organización de los Figueroa “sirvió, durante años, como un importante facilitador de alguno de los grupos más violentos y brutales de tráfico de drogas” y, adelantaba, utilizarían “todas las herramientas a nuestra disposición para desmantelar a la organización”.

Al respecto la representante de la asociación que ocupa en su mayoría los terrenos del parque industrial, Pilar Pizarro, sostuvo que ellos no tenían información al respecto pero que las naves industriales marcadas con el número 7 de la avenida Gasoducto no estaban registradas dentro de su asociación.

La mujer explicó que ellos agrupan a la mayoría de los empresarios ahí instalados y que cada uno está obligado a pagar una cuota que les permite pagar seguridad privada y atender sus necesidades pero que existen dueños de predios que no se han integrado aún al organismo.